Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado

Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes

En pocas palabras

Si una autoridad competente limita el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o exige requisitos para desarrollarla, debe motivar su necesidad en alguna razón imperiosa de interés general de las del artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. El límite o requisito debe guardar relación con esa razón y ser proporcionado: que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador. En las profesiones reguladas, necesidad y proporcionalidad se evalúan conforme al Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, que incorpora la Directiva (UE) 2018/958.

Explicación sencilla

Fija el doble filtro que debe superar cualquier límite o requisito a una actividad económica. El primero es la necesidad, motivada en una razón imperiosa de interés general del artículo 3.11 de la Ley 17/2009. El segundo es la proporcionalidad: relación con esa razón y ausencia de un medio menos restrictivo. Para las profesiones reguladas, remite al test del Real Decreto 472/2021.

Regla mnemotécnica

NE-PRO-PRO: NEcesidad (motivada en razón imperiosa del art. 3.11 Ley 17/2009), PROporcionalidad (relación con la razón y ningún medio menos restrictivo) y PROfesiones reguladas (RD 472/2021, test de proporcionalidad).

Trampa típica de examen

Creer que basta con alegar cualquier interés general. El texto exige una razón imperiosa de interés general «de entre las comprendidas» en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y no en otra norma.

Texto del artículo 5 de la Ley 20/2013 (LGUM)

1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio, o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá guardar relación con la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser proporcionado de modo tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica. 3. La necesidad y proporcionalidad de los límites o requisitos relacionados con el acceso y el ejercicio de las profesiones reguladas se evaluará de conformidad con el Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.

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