Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado
Artículo 4. Principio de cooperación y confianza mutua
En pocas palabras
Las autoridades competentes deben cooperar a través de los instrumentos del capítulo III para aplicar de forma uniforme los principios del capítulo y supervisar a los operadores. En sus relaciones rige la confianza mutua: respetan las competencias legítimas de otras autoridades, reconocen sus actuaciones y ponderan todos los intereses públicos y la libre circulación y establecimiento. Si las normas de distintos lugares fijan un estándar de protección equivalente, aunque tengan diferencias técnicas o metodológicas, el operador legalmente establecido en cualquier parte puede ejercer en todo el territorio nacional.
Explicación sencilla
Recoge dos principios del capítulo II: la cooperación, que se canaliza por los instrumentos del capítulo III, y la confianza mutua entre autoridades. Su consecuencia práctica es la del último párrafo: basta un estándar de protección equivalente, no idéntico, para que el operador establecido en un lugar pueda actuar en todo el territorio nacional.
Regla mnemotécnica
Cooperar con las herramientas del capítulo III y confiar en las demás autoridades: respetar sus competencias, reconocer sus actuaciones y ponderar los intereses. Con estándar equivalente, no idéntico, el operador trabaja en todo el territorio nacional.
Trampa típica de examen
Exigir que las normas de los distintos territorios sean idénticas para que el operador pueda ejercer en todo el territorio nacional. Basta con que fijen un estándar de protección equivalente, aunque existan diferencias técnicas o metodológicas.
Texto del artículo 4 de la Ley 20/2013 (LGUM)
Con el fin de garantizar la aplicación uniforme de los principios recogidos en este capítulo y la supervisión adecuada de los operadores económicos, las autoridades competentes cooperarán en el marco de los instrumentos establecidos en el capítulo III. Las autoridades competentes, en sus relaciones, actuarán de acuerdo con el principio de confianza mutua, respetando el ejercicio legítimo por otras autoridades de sus competencias, reconociendo sus actuaciones y ponderando en el ejercicio de competencias propias la totalidad de intereses públicos implicados y el respeto a la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos y a la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional. Cuando, en relación con una actividad económica concreta, existan normas que, no obstante sus posibles diferencias técnicas o metodológicas, fijen un estándar de protección equivalente en diferentes lugares del territorio español, las autoridades competentes velarán por que un operador económico legalmente establecido en cualquier parte del territorio español pueda ejercer su actividad económica en todo el territorio nacional.
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