Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado

Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad

En pocas palabras

Autorización solo con necesidad y proporcionalidad motivadas en la ley que la establezca (norma inferior si la exige norma comunitaria o tratado). Casos: a) orden, seguridad o salud públicos o medio ambiente en el lugar concreto, y b) instalaciones que puedan dañar medio ambiente, entorno urbano, seguridad, salud o patrimonio histórico-artístico, ambos solo si no basta declaración responsable o comunicación; c) operadores limitados; d) normativa UE o tratados. Registro habilitante no de oficio = autorización. Declaración responsable y comunicación, por razón imperiosa de interés general. Un único medio.

Explicación sencilla

Es la herramienta práctica del test de necesidad y proporcionalidad: concreta en qué casos puede exigirse autorización, cuándo una declaración responsable y cuándo una comunicación, y obliga a elegir un único medio de intervención para minimizar las cargas administrativas. Además, da carácter de autorización a las inscripciones registrales habilitantes no realizadas de oficio.

Regla mnemotécnica

Letra a) = OSSMA: Orden público, Seguridad pública, Salud pública, Medio Ambiente, siempre que no baste declaración responsable o comunicación. La comunicación sirve para contar operadores; el registro habilitante no hecho de oficio es autorización.

Trampa típica de examen

Creer que la autorización ha de estar prevista siempre en una ley: si el régimen de autorización lo exige una norma comunitaria o un tratado internacional, basta una norma de rango inferior a la Ley.

Texto del artículo 17 de la Ley 20/2013 (LGUM)

1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la ley que establezca dicho régimen. Asimismo, los requisitos para la obtención de dicha autorización deberán ser coherentes con las razones que justifican su exigencia. Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o tratado internacional, las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización: a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. b) Respecto a las instalaciones, bienes o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado. d) Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea o tratados y convenios internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del principio de precaución. Las inscripciones en registros con carácter habilitante que no sean realizadas de oficio por las autoridades competentes tendrán a todos los efectos el carácter de autorización. 2. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para exigir la presentación de una declaración responsable para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o para las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas, cuando en la normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados por alguna razón imperiosa de interés general y sean proporcionados. 3. Las autoridades competentes podrán exigir la presentación de una comunicación cuando, por alguna razón imperiosa de interés general tales autoridades precisen conocer el número de operadores económicos, las instalaciones o las infraestructuras físicas en el mercado. 4. Las autoridades competentes velarán por minimizar las cargas administrativas soportadas por los operadores económicos, de manera que, una vez aplicado el principio de necesidad y proporcionalidad de acuerdo con los apartados anteriores, elegirán un único medio de intervención, bien sea la presentación de una comunicación, de una declaración responsable o la solicitud de una autorización.

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