Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado

Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación

En pocas palabras

Cada autoridad competente debe asegurarse de que sus medidas, límites o requisitos no creen ni mantengan obstáculos a la unidad de mercado. Incumplen el Capítulo II los actos que contengan: a) requisitos discriminatorios por residencia o establecimiento (domicilio o establecimiento físico en el territorio, residencia u operación previa, inscripción previa en registro, residencia del personal o propietarios, curso de formación en el territorio); b) requisitos discriminatorios para ventajas económicas, salvo razón imperiosa de interés general y proporcionalidad; c) seguros o garantías adicionales a los del lugar de origen o con prestador local; d) requisitos económicos o intervención de competidores (art. 10 e) y f) Ley 17/2009); e) obligación de haber invertido en el territorio.

Explicación sencilla

Es la lista de actuaciones que las autoridades competentes no pueden realizar porque limitan el libre establecimiento y la libre circulación al no cumplir los principios del Capítulo II. Sirve para identificar en examen qué requisitos son barreras prohibidas y cuáles son las salvedades que el propio texto admite en las ventajas económicas.

Regla mnemotécnica

Las cinco letras: RE-VE-SE-CO-IN: REsidencia o establecimiento del operador (a), VEntajas económicas discriminatorias (b), SEguros y garantías adicionales (c), COmpetidores y requisitos económicos en autorizaciones (d), INversiones previas en el territorio (e). Salvedad: operar o generar actividad para el fomento no es discriminatorio.

Trampa típica de examen

Considerar discriminatoria la obligación de operar o generar actividad económica en el territorio para obtener ventajas económicas vinculadas a las políticas de fomento de la autoridad. El artículo dice expresamente que no se considerará requisito discriminatorio, sin perjuicio del derecho de la Unión Europea.

Texto del artículo 18 de la Ley 20/2013 (LGUM)

1. Cada autoridad competente se asegurará de que cualquier medida, límite o requisito que adopte o mantenga en vigor no tenga como efecto la creación o el mantenimiento de un obstáculo o barrera a la unidad de mercado. 2. Las autoridades competentes no podrán realizar actuaciones que limiten el libre establecimiento y la libre circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II. No cumplen los principios recogidos en el capítulo II los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen: a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio o para la adjudicación de contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular: 1.º Que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio. 2.º Que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de tiempo en dicho territorio. 3.º Que el operador haya tenido que estar inscrito en un registro de dicho territorio durante un determinado periodo de tiempo. 4.º Que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los órganos de administración, control o gobierno residan en dicho territorio o reúnan condiciones que directa o indirectamente discriminen a las personas procedentes de otros lugares del territorio. 5.º Que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la autoridad competente. b) Requisitos para la obtención de ventajas económicas que sean discriminatorios excepto que exista una razón imperiosa de interés general que lo justifique y sea proporcionado. La obligación de operar en el territorio de la autoridad competente o de generar actividad económica en el mismo para la obtención de ventajas económicas vinculadas a las políticas de fomento desarrolladas por dicha autoridad no se considerará un requisito discriminatorio, sin perjuicio del cumplimiento del principio de no discriminación e igualdad de trato establecido en el derecho de la Unión Europea. c) Requisitos de seguros de responsabilidad civil o garantías equivalentes o comparables en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en términos de riesgo asegurado, suma asegurada o límite de la garantía, adicionales a los establecidos en la normativa del lugar de origen, o que la obligación de que la constitución o el depósito de garantías financieras o la suscripción de un seguro deban realizarse con un prestador u organismo del territorio de la autoridad competente. d) Requisitos de naturaleza económica o intervención directa o indirecta de competidores en la concesión de autorizaciones, en los términos establecidos en las letras e) y f) del artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. e) Requisitos que contengan la obligación de haber realizado inversiones en el territorio de la autoridad competente.

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