Opositasuite

A2.1100 · Grupo I · Gestión pública y sistemas de información

Tema 21 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

La Administración Pública como organización. Las estructuras administrativas: componentes fundamentales y modelos. La Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos. Las políticas públicas y su evaluación.

Qué legislación entra en este tema

Estúdialo con un plan

Con tu cuenta gratuita, Opositasuite te dice qué artículos de este tema tocan cada día, te pregunta con tests y preguntas de exámenes oficiales y te avisa de lo que se te olvida.

Crear mi plan gratis

Las Administraciones públicas como organizaciones

En este tema: todas las fichas. Ver las fichas

  1. Estructura organizativa, mecanismos de coordinación y modelos mecánico y orgánico

    Para Gómez López y Sánchez Santos (OCW Universidad de Cantabria), la estructura organizativa resulta de la división del trabajo y la coordinación. Hay seis mecanismos de coordinación: adaptación mutua (comunicación informal), supervisión directa (jerarquía), y normalización de procesos (análisis racional del trabajo), de resultados, de habilidades (capacitación del puesto) y de la ideología (creencias y valores). La normalización absorbe gran tamaño y complejidad. Entornos estables: estructuras mecánicas (eficiencia); dinámicos: orgánicas (flexibilidad).

  2. Partes de la organización y ámbito de control

    Esquema readaptado de Mintzberg (1984): alta dirección o ápice estratégico (misión, unidad, entorno, estrategia corporativa), dirección intermedia o línea media (nexo entre ápice y núcleo), núcleo de operaciones (ejecución), tecnoestructura (analistas que normalizan procesos, habilidades y resultados), staff de apoyo (fuera del flujo de operaciones) y cultura. Ámbito de control: subordinados por superior; tramos estrechos dan estructura alta y amplios, plana.

  3. Parámetros de diseño organizativo

    Parámetros de diseño según Gómez López y Sánchez Santos: diseño de puestos (especialización horizontal y vertical, formalización, preparación y adoctrinamiento), superestructura (departamentalización: criterios básicos por funciones y mercados; complementarios por números, tiempos y procesos), enlaces laterales (planificación y control; puestos de enlace, grupos y comités, directivos integradores) y sistema decisor (descentralización vertical, al bajar por la línea; horizontal, a personas ajenas a ella).

  4. Las formas estructurales de la organización

    Cinco formas estructurales (Gómez López y Sánchez Santos): simple (supervisión directa, ápice estratégico), funcional, que incluye la burocracia maquinal (normalización de procesos, tecnoestructura) y la profesional (normalización de habilidades, núcleo de operaciones; universidades y hospitales), divisional (normalización de resultados, línea media), matricial (funcional más mercados o proyectos, mando múltiple) y en red (eficiencia y flexibilidad, cooperación; red estable, interna y dinámica).

  5. Los modelos de Administración según Ramió: clientelar, burocrático, gerencial, de gobernanza y modelo híbrido

    Ramió (CLAD, 2021): la Administración ha transitado del modelo clientelar a los modelos burocrático (cerrado, garantista, estandariza procesos para equidad, neutralidad y seguridad jurídica), gerencial (economía, eficacia y eficiencia; resultados antes que procesos) y de gobernanza (participación de empresas y sociedad civil; la Administración, metagobernadora). Conviven en un modelo híbrido. Añade un cuarto: el de inteligencia institucional.

  6. Servicios de interés general: conceptos de la Comisión Europea

    La Comunicación COM(2011) 900 de la Comisión Europea define: SIG (los que cada Estado clasifica de interés general, sujetos a obligaciones de servicio público; económicos y no económicos), SIEG (actividades económicas de bien público que el mercado no haría sin intervención pública), SSIG (seguridad social y servicios esenciales a las personas), OSU (tipo de OSP para todos, con calidad y precio asequible, fijada a nivel europeo). No usa «servicio público» por ambiguo.

  7. El marco de calidad de la Unión Europea para los servicios de interés general

    Según COM(2011) 900, el Tratado de Lisboa introdujo el artículo 14 TFUE y el Protocolo n.º 26, que fija por primera vez en Derecho primario los principios de los SIG y respeta la competencia estatal sobre los no económicos; valores: calidad, seguridad, asequibilidad, igualdad de trato, acceso universal y derechos de los usuarios. Decidir sobre estos servicios toca primero a los Estados. Tres líneas: seguridad jurídica, acceso a servicios esenciales y calidad.

  8. Servicio público y gestión indirecta según Román Márquez

    Román Márquez (RAAP, núm. 89, 2014) prefiere «gestión indirecta», término del ordenamiento, y descarta privatización (enajenar la titularidad de un bien), externalización (desvinculación total que nunca se da; actividades ordinarias) y gestión privada (a veces es mixta). El legislador optó por la concepción restringida: excluye lo que implica autoridad. Exige publicatio. La gestión indirecta no afecta a la titularidad del servicio.

  9. Nueva Gestión Pública, post-NGP y Whole-of-government según Pont Vidal

    Pont Vidal (GAPP, INAP, 2016) asocia modelos y entornos: estable, continuidad (New Public Management); inseguro, transición (Post-NGP, Whole-of-government); de riesgo, innovador (Open government, Nueva gobernanza, Holistic governance). La NGP es «el paradigma de la continuidad». El Nuevo Servicio Público (Denhardt y Denhardt) prima los valores democráticos. El Whole-of-government trabaja entre divisiones con metas compartidas frente a la fragmentación.

  10. Gobierno abierto, e-Administración y Nueva Gobernanza según Pont Vidal

    Pont Vidal (GAPP, INAP, 2016): el Gobierno abierto es una administración en red, con tres ejes (transparencia, participación y colaboración, según la OGP); la transparencia es su distintivo fundamental. El Gov 2.0 es una especificidad suya ligada a las TIC. La e-Administración no es un modelo, sino un instrumento. La Nueva Gobernanza Pública es una práctica en red de actores públicos y privados, con ejes en evaluación y gobernanza.

  11. Innovación pública, gobernanza de datos e inteligencia artificial según Ramió

    Ramió (CLAD, 2021): el hexágono de la innovación de Oliván agrupa seis vectores (tec, open, trans, fast, proto, co). La gobernanza de datos valora los datos como activo, reparte responsabilidades y fija normas de calidad y uso; su máximo responsable es el CDO. Propone una unidad central de gobernanza de datos («confederal pero integrado»). Fases para la IA: digitalizar, gobernanza de datos, asociar small data en big data sectorial, incorporar la IA.

  12. Las nuevas organizaciones públicas y su arquitectura organizativa según Ramió

    Ramió (CLAD, 2021): de «organizaciones que saben» a «organizaciones que aprenden»: ambidiestras, que gestionan tres inteligencias, holacráticas (autoridad distribuida, Robertson 2015) y éticas. Arquitectura: estructura blanda (tres o cuatro ámbitos con directivos), estructura dura y nuclear (proyectos liderados por mandos intermedios), servicios comunes facilitadores y superestructura (prospectiva y datos). Burocracia de baja intensidad; «islas medianas, pero hiperconectadas».

  13. Las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía: inventario 2025 y Presupuesto 2026

    La LAJA clasifica las entidades instrumentales en agencias (administrativas, públicas empresariales y de régimen especial) y entidades privadas (sociedades mercantiles y fundaciones). El Inventario a 1-7-2025 recoge cuatro agencias de régimen especial: Agencia Tributaria, Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, Servicio Andaluz de Empleo y la de Seguridad y Emergencias. El Presupuesto 2026 integra 26 entidades (14 sociedades y 12 fundaciones), que reciben 370,93 millones de la Junta.

  14. El sector público empresarial de la Junta de Andalucía (Memoria 2023)

    La Memoria 2023 (DG de Patrimonio, datos a 31-12-2023) integra en el sector público empresarial las agencias públicas empresariales (de libre mercado o no) y las sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria. En 2023 EXTENDA y SOPREA se extinguieron y la Agencia Andaluza del Conocimiento se integró en TRADE y ACCUA. Plantilla: 12.805 personas; AMAYA, la mayor (4.579). Control financiero posterior de la Intervención General.

Potestades, discrecionalidad, acto administrativo y servicio público

En este tema: fichas 8–12. Ver las fichas

  1. El servicio público: concepto y evolución

    La clasificación tradicional de la actividad administrativa se debe a Jordana de Pozas y se sistematizó en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955: policía (imperium o coacción), servicio público (prestaciones a los ciudadanos) y fomento (incentiva a los particulares). El servicio público es principio básico desde el arrêt Terrier (6-2-1903), por las conclusiones de Romieu. La Escuela de Duguit lo expandió; hoy se transita al servicio de interés general. Notas: titularidad pública por Ley (publicatio) y finalidad prestacional.

  2. Servicios esenciales, reserva al sector público y clases de servicios

    El art. 128.2 CE permite reservar por ley al sector público recursos o servicios esenciales, sobre todo en monopolio. Reserva no es demanialización; el monopolio es una reserva cualificada, pero la reserva no lo implica; debe ser justificada y proporcionada; admite gestión por particulares; y lo esencial no obliga a reservar. Primera interpretación: STC 26/1981. La LBRL (art. 86.2) reserva a los entes locales agua, residuos y transporte de viajeros; el monopolio exige pleno y aprobación autonómica. Clases: uti singuli (agua en domicilio) y uti universi (alumbrado).

  3. Titularidad y gestión del servicio público; la gestión directa

    Fortes Martín distingue la titularidad del servicio público, siempre pública (en monopolio o en libre concurrencia), y su gestión, pública o privada: directa o indirecta si cabe explotación económica, nunca indirecta si implica ejercicio de autoridad. En la indirecta hay relación Administración-prestador y prestador-usuario (admisión y pago). El art. 85 LBRL ordena la forma más sostenible y eficiente: gestión directa por la entidad, organismo autónomo, entidad pública empresarial o sociedad mercantil pública; las dos últimas exigen memoria justificativa e informe del interventor.

  4. La gestión indirecta tras la Ley 9/2017: concesión de servicios y riesgo operacional

    La Ley 9/2017 (LCSP) suprime el contrato de gestión de servicio público y crea, por la Directiva 2014/23/UE, la concesión de servicios: uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso la gestión de un servicio de su titularidad o competencia, a cambio del derecho a explotarlo (con o sin precio), transfiriendo el riesgo operacional (art. 14.4). La separa del contrato de servicios quién asume ese riesgo. No cabe para servicios con ejercicio de autoridad (art. 284.1), y antes debe fijarse su régimen jurídico (publicatio).

  5. Gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta

    El art. 277 del TRLCSP regulaba modalidades del contrato de gestión de servicios públicos, que la Ley 9/2017 suprime. Según el DPEJ: gestión interesada, la Administración y el empresario participan en los resultados de la explotación en la proporción del contrato; concierto, se contrata con quien ya realiza prestaciones análogas; sociedad de economía mixta, capital en parte público y en parte privado. A esta última aún se le puede adjudicar directamente una concesión (DA 22.ª, sentencia Acoset). El art. 85.2.B LBRL sigue remitiendo al TRLCSP.

Políticas públicas y su evaluación

En este tema: todas las fichas. Ver las fichas

  1. Concepto de política pública

    La Guía práctica de AEVAL (2015), siguiendo a Roth y Vallés, distingue tres sentidos de «política»: estructura (polity: instituciones y Estado), proceso (politics: secuencia de conductas orientada al control del poder) y resultado (policy: las políticas públicas, respuesta de los gobiernos a las tensiones de vivir en sociedad para garantizar la cohesión social). Hay definiciones de Tamayo (1997), Larrue (2000) y la Ley 27/2022 (art. 2.1). Cuatro elementos comunes: problema público, decisión, múltiples actores y proceso cíclico.

  2. Niveles de despliegue: políticas, planes, programas, proyectos y servicios

    Según AEVAL (2010), las políticas engloban los programas, pero no al revés. Despliegue: planes (instrumentos estratégicos que articulan acciones, programas, proyectos y servicios prioritarios; marco, estratégicos y operativos), programas (intervenciones homogéneas para un objetivo concreto), proyectos (nivel más concreto: operación no divisible, delimitada en tiempo y presupuesto, a menudo con un solo operador) y servicios públicos (macro y micro). Objetos macro, mezzo y micro. Perret: problemas/actores en las políticas; objetivos/medios en programas y proyectos.

  3. El ciclo de vida de las políticas públicas

    La Guía práctica de AEVAL (2015), a partir de Tamayo (1997), fija cinco fases del ciclo: identificación y definición del problema, formulación de alternativas, adopción de una alternativa, implantación y evaluación de resultados. La formulación es tarea exclusiva de los actores públicos. La implementación es, según Subirats et al. (2012), el conjunto de procesos que, tras la programación, tienden a realizar los objetivos. La evaluación mide el grado de resolución del problema. No siempre se dan todas las fases.

  4. La concepción clásica del ciclo y sus límites

    Según AEVAL (2010), la visión clásica (Lasswell y Dye) aislaba seis fases: detección, diagnóstico, inclusión en la agenda, diseño del plan, ejecución y evaluación. Presume objetivos explícitos, un actor único y libre y sucesión lineal, con evaluación final retrospectiva. Pero las políticas se revisan, sus objetivos son confusos y se buscan soluciones aceptables, así que la evaluación es un continuum: ex ante, in itinere y ex post. La Guía (2015) añade racionalidad limitada e incrementalismo (Lindblom, 1959).

  5. El problema público y la agenda

    La Guía de evaluación de diseño del IEPP (2020) ve en la definición del problema el elemento probablemente crucial del ciclo: hay más errores por mala definición del problema que por malas soluciones (Dunn, 1981). Los problemas públicos son constructos sociales y políticos: primero problema social y después, calificado por actores con poder, problema público institucionalizado. Hoppe (2018): detección, categorización, descomposición y elección. Alvira (1991): condiciones, problema social, necesidades y estrategias. Error: infradefinición o suboptimización (Bardach).

  6. La implementación: niveles de la acción pública y enfoques

    AEVAL (2010) recoge los dos niveles de Dror: funciones de orden superior (cambian trayectorias colectivas, más trascendentes, formulación y planificación) y funciones de servicio, ejecución y gestión (implementación, más numerosas y cercanas al ciudadano). La Guía (2015) resume dos visiones de la implementación: top-down (desde las autoridades; regularidad y eficacia) y bottom-up (desde la red local; participación y conflicto). Sabatier y Mazmanian (1980) fijan seis condiciones para implementar los objetivos de una política.

  7. Concepto de evaluación de políticas públicas

    Para la Guía práctica de AEVAL (2015), evaluar es apreciar, analizar, valorar y juzgar una intervención pública para mejorar su calidad. Usa el método científico pero no es disciplina científica en sentido habitual; es actividad integrada en la gestión pública, multidisciplinar, que compara resultados e impactos con objetivos y medios y emite un juicio de valor que no busca recriminar ni sancionar. Valores: rigor, imparcialidad, transparencia, atención a los puntos de vista e interés general. AEVAL y la Ley andaluza 1/2014 (art. 12) dan definiciones parecidas.

  8. Definiciones de evaluación de los autores

    AEVAL (2010) recuerda que la evaluación es un «imán semántico» (Vedung) y «una palabra elástica» (Weiss); las definiciones oscilan entre medir y valorar. Tyler: grado de logro de objetivos. Scriven: estimación del mérito de un objeto. Franco: fijar el valor comparando con un patrón. Bañón: juicio sobre acciones y objetivos. Rutman: método científico para medir implementación y resultados. Weiss (1982): comparar efectos con metas. Stufflebeam y Shinkfield: valor o mérito. Rossi y Freeman: ¿para quién evaluar? OCDE-CAD: apreciación sistemática y objetiva.

  9. La propuesta de definición de AEVAL y el juicio de valor

    AEVAL (2010) propone ocho rasgos para una definición «para el siglo XXI»: proceso institucional; todas las fases del ciclo; entendimiento integral; continuum metodológico científico; doble utilidad gerencial y político-democrática; no eludir el juicio de valor y las recomendaciones; carácter pluralista y participativo, siempre que sea posible; finalidad última de mejora social y rendición de cuentas. «Sin juicio de valor no hay evaluación»: para Alvira (1993), el elemento de valor es lo que la distingue de la investigación.

  10. Usos y funciones de la evaluación

    AEVAL (2010) distingue dos usos de la evaluación: político estratégico y democrático (responsabilidad y transparencia gubernamental) y gerencial (mejora de la gestión y de la calidad prestacional), más un uso académico y una finalidad dinamizadora. La Guía (2015) concreta el primero en rendición de cuentas (responder de acciones e inacciones, no solo del gasto), transparencia (publicidad que acerca y legitima) y participación. Elliott (1988): accountability social, económica y profesional. Kogan (1988): responsabilidad sancionable.

  11. La evaluación en la Ley 27/2022: objeto, objetivos finales y características

    La Ley 27/2022 estructura el sistema público de evaluación en la AGE para institucionalizarla como herramienta de aprendizaje, mejora del servicio público, rendición de cuentas y transparencia (art. 1). Fija seis objetivos finales (art. 4): decisiones, planificación, innovación, eficiencia de recursos, rendición de cuentas y retos sociales y desarrollo sostenible. Define la evaluación (art. 8.1); será independiente, objetiva y participativa, con resultados públicos (art. 8.2), rigor científico y perspectivas transversales (art. 8.3) y partida económica propia (art. 8.4).

  12. Doble vertiente de la evaluación: gerencial y política

    AEVAL (2010) sitúa la evaluación en la Ciencia política, rama Administración Pública, con doble vertiente. Gerencial: la implementación (postdecisión) y la cultura de resultados frente a la orientación tradicional procedimental; la Nueva Gestión Pública separó administración y política y aplicó técnicas de mercado (Agencias). Política: elegir evaluar ya es decisión política; su fin es la utilidad social y es «un proceso antes que una técnica». Monnier: de lo gerencialista a lo democrático. Subirats (2004): niveles reglamentario, gerencial y democrático.

  13. Gobernanza, buen gobierno y valor público

    AEVAL (2010) sitúa la evaluación en la gobernanza: desde finales de los ochenta se busca perfeccionar la democracia (déficit de participación, exigencia de eficiencia) con la Nueva Gobernanza. Distingue mal gobierno (políticas erróneas) de desgobierno (intencionalidad). El Libro Blanco de la Gobernanza se basa en apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia, y propone legitimidad democrática y subsidiariedad. La evaluación aporta control político-democrático. El valor público no es solo económico: importa la equidad tanto como la eficacia.

  14. La evaluación frente al control, el seguimiento, la auditoría, la inspección y la investigación

    AEVAL (2010) separa la evaluación de actividades próximas. Control: verificar el respeto a las normas con un referencial externo y cerrado; puede sancionar. Seguimiento o monitoreo: indicadores, continuado, interno, descriptivo, sin juicio de valor. Auditoría: control de regularidad y de eficacia, normas internacionales, recomendaciones (INTOSAI). Inspección: cuerpo especialmente investido, puede proponer sanción. Investigación: la diferencia fundamental es el juicio de valor. La evaluación busca un punto de vista externo y no enjuicia a los agentes individuales.

  15. Breve historia de la evaluación

    Según AEVAL (2010), tras la Segunda Guerra Mundial la evaluación se extendió al mundo anglosajón y al norte de Europa; en los países latinos llegó más tarde. Furubo y Rist (2002) identifican tres oleadas. Primera (1960-1970), de optimismo: nace en EE. UU. para medir los programas de la Great Society de Johnson; Donald Campbell veía los programas como experimentos; Scriven buscaba si el programa era bueno. Segunda (1970-1980), de pesimismo y desencanto: institucionalización y efectos perversos. Surgió como técnica de racionalización del gasto.

  16. El enfoque AEVAL: evaluación integral y pluralista

    La Guía práctica de AEVAL (2015) describe la «evaluación integral» que la Agencia desarrolla desde 2008, frente a la evaluación clásica de programas. Rasgos: enfoque de política pública (lo político-estratégico con lo operativo; legitimación y funcionalidad), todo el ciclo (aunque el encargo sea ex post, también intermedia y ex ante), continuo macro-micro, doble utilidad (Nioche: de la evaluación aditiva a la formativa), pluralismo, planteamiento triangular y la evaluación como intervención pública más. Añade criterios como equidad, participación y transparencia.

  17. El proceso de evaluación de AEVAL y sus principios éticos

    La Guía práctica de AEVAL (2015) divide el proceso en siete fases: 1 análisis del encargo; 2 análisis y reconstrucción de la lógica de la intervención; 3 diseño (matriz, criterios, indicadores); 4 trabajo de campo y análisis; 5 informe de evaluación; 6 comunicación y difusión; 7 seguimiento mediante encuesta. Pueden solaparse salvo las dos últimas; las tres primeras son un rasgo distintivo de AEVAL. Plazo general: 12 meses desde el encargo. Código ético (2009): transparencia, pluralidad, imparcialidad, independencia e integridad, responsabilidad y eficiencia.

  18. El proceso evaluador en la Ley 27/2022

    La Ley 27/2022 regula el proceso evaluador en la AGE: equipo evaluador, por regla general externo al órgano responsable, con posibles equipos mixtos y declaración responsable de independencia (art. 15); código ético (art. 17); fases mínimas: encargo, diseño, recopilación y análisis, Informe Final y difusión y seguimiento (art. 18); contenido del encargo (art. 19); diseño con técnicas mixtas y matriz (art. 20); Informe Final con resumen ejecutivo, publicado en un mes (art. 22), e Informe de Resultados en dos meses como máximo (art. 23).

  19. Tipologías según el paradigma: evaluación por objetivos y pluralista

    AEVAL (2010) recuerda que Alvira recogió más de 30 tipos de evaluación, con más diversidad terminológica que real. Por paradigma: evaluación centrada en los objetivos (clásica, positivista; años cincuenta; Ralph Tyler; proceso lineal, diseños experimentales, utilidad técnica) frente a la pluralista, naturalista o participativa (Guba y Lincoln, 1987: no hay objetividad; en Europa, Eric Monnier; diálogo entre actores, naturaleza política). Weiss (1983): la pluralista «democratiza» la evaluación. Ventajas: rapidez, pocos recursos, utilidad y contacto con la realidad.

  20. Tipologías según el modo de investigación, el propósito y los evaluadores

    AEVAL (2010) clasifica la evaluación. Por el modo de investigación: descriptiva (parámetros cuantitativos de los beneficiarios; típica de la implementación) y analítica (causa-efecto; típica del impacto). Por el propósito (Scriven, 1967): formativa o de proceso (información progresiva durante el programa para modificarlo) y recapitulativa o sumativa (valoración global para continuar o suspender; exige que pase tiempo). Por los evaluadores: interna (familiarización), externa (se le reclama objetividad «si bien no justificada») y mixta (la más recomendable).

  21. Tipologías según el momento: ex ante, intermedia y ex post

    Según AEVAL (2010), por el momento se distinguen: ex ante, antes de ejecutar, para analizar la adecuación a las necesidades y garantizar a priori los objetivos («el ideal de una cultura que ha implantado con éxito la evaluación»); intermedia o in itinere, «a medio camino», cuando empiezan los resultados, para corregir diseño o ejecución (el seguimiento no es evaluación de implementación); y ex post, tras finalizar, con lógica «de abajo arriba» para enjuiciar éxito, estrategia, eficacia y eficiencia. El momento condiciona finalidades y usos.

  22. Tipologías según el contenido: necesidades y diseño

    AEVAL (2010) sigue la jerarquía de Alvira: necesidades, diseño, evaluabilidad, implementación, seguimiento, cobertura, resultados, impacto y económica (hoy el seguimiento no es evaluación). La de necesidades es el primer paso racional: analiza el problema y su importancia. La de diseño o conceptualización (Rossi y Freeman, 1985) examina el problema, la formulación y la racionalidad intrínseca. El IEPP (2020) la define sobre una lógica causal (teoría del cambio) y la ve útil ex ante, durante la implementación y ex post. Para Rossi, Lipsey y Freeman (2003), el nivel fundacional es la necesidad.

  23. La evaluación de la evaluabilidad

    Según AEVAL (2010), Wholey (1981) propuso evaluar la evaluabilidad como paso previo para evitar gastos inútiles: más del 50 % de los programas no son evaluables. Se aplica antes de una gran evaluación para ver si sería eficaz, eficiente y viable, y es ex post respecto a la intervención. Revela la calidad de la conceptualización, sigue una lógica «de abajo arriba», verifica la información, busca cooperación y es rápida. La Ley 27/2022 (art. 11) exige un Informe de Evaluabilidad antes de aprobar anteproyectos de ley, planes estratégicos e iniciativas de políticas.

  24. Evaluación de implementación y de cobertura

    AEVAL (2010): un programa puede fallar porque su puesta en marcha no funciona como se planeó. La evaluación de implementación o proceso valora la cobertura y la forma en que se administra la intervención (Rossi y Freeman, 1985). Alvira separa implementación y proceso, y la cobertura; Rossi y Freeman la incluyen. El monitoreo no es evaluación. Bustelo: hay que investigar la «teoría del programa». La evaluación de cobertura no se queda en la tasa (porcentaje de población objeto afectada): analiza sesgo y barreras, conocimiento del programa, accesibilidad y aceptación.

  25. Evaluación de resultados, de impacto, económica y metaevaluación

    AEVAL (2010) considera ex post por excelencia la de resultados o eficacia, la de impacto y la de eficiencia (evaluación económica). Resultados: con objetivos operacionales, demostrar que los cambios se deben a la intervención; resultados en la población objeto, impactos también en la sociedad. Impacto: efectos más allá de los previstos (criterio de extensión de Abdala, 2004), de todo tipo. Económica: impacto en función del coste (coste-eficacia, coste-beneficio, coste-utilidad); exige evaluación de impacto previa. Metaevaluación: «evaluación de las evaluaciones».

  26. Modalidades de evaluación e indicadores en la Ley 27/2022

    La Ley 27/2022 fija modalidades flexibles. Por contenido (art. 9.1): de diseño, de implementación y de resultados e impactos, con enfoque integral (art. 9.2) y participación (art. 9.3). Por fase (art. 10.1): ex ante, intermedia y ex post; evaluaciones intermedias obligatorias en políticas de cuatro años o más (art. 10.2). Indicadores desde el diseño en un sistema de información (art. 12.1), al menos de realización, de resultados y de impacto (art. 12.2), específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalmente determinados (art. 12.3). Crea el Sistema de Indicadores Comunes (art. 14).

  27. Los criterios de evaluación: concepto, pertinencia, relevancia y cobertura

    La Guía práctica de AEVAL (2015) define los criterios como puntos de vista sobre el objeto evaluado; para García Sánchez (2010), principios, normas o ideas de valoración para emitir un juicio. Guían las preguntas y no son excluyentes ni exhaustivos (CIDEC, 1999). Hay criterios tradicionales y otros ligados a valores sociales; a veces se crean ad hoc. Pertinencia: medidas orientadas a la necesidad y objetivos congruentes con ella. Relevancia: importancia de las medidas en el marco de la política. El IEPP (2020) añade la cobertura y fija seis criterios para la evaluación de diseño.

  28. Coherencia, complementariedad y criterios de valor público

    La Guía práctica de AEVAL (2015) y la del IEPP (2020) definen la coherencia interna (objetivos y medidas en un esquema lógico de causa-efecto; niveles vertical y horizontal), la coherencia externa (actuaciones de otras políticas para aspectos no contemplados por la intervención) y la complementariedad (coordinación o alineación entre dos o más políticas sobre un problema, para evitar que una anule a otra). La Comisión Europea equipara coherencia externa y complementariedad; AEVAL no. La Ley 27/2022 (art. 7) fija los criterios de valor público.

  29. Preguntas, hipótesis y matriz de evaluación

    Según la Guía práctica de AEVAL (2015), la matriz es el documento esencial de la evaluación e integra preguntas de evaluación (unidad básica de la investigación), criterios (valoración para emitir juicios), indicadores, análisis o variables (operacionalización de las preguntas) y fuentes de verificación (datos para construir indicadores). Distingue la hipótesis de la intervención (teoría causa-efecto) de las hipótesis de evaluación. Las preguntas deben ser claras, medibles, útiles, relevantes, neutrales y adecuadas a la maduración del programa, y pueden cambiar.

  30. Lógica de la intervención y teoría del cambio

    AEVAL (2010) define la lógica de la intervención como las actividades, los efectos esperados (productos, resultados e impactos) y los supuestos que explican cómo unas llevan a otros. La lógica «fiel» deduce los efectos de los objetivos oficiales. La Guía de diseño del IEPP (2020) separa la teoría de la acción (operativa: objetivos generales, específicos y operativos y actividades) y la teoría del cambio (estratégico-reflexiva: explica cómo y por qué la intervención resolverá el problema). Modelos lógicos: cadena de resultados (sencillas) y matriz de marco lógico (complejas).

  31. La institucionalización de la evaluación y la AEVAL

    AEVAL (2010) define la institucionalización de la evaluación como el establecimiento de mecanismos e instancias permanentes que la aplican, promueven y se comprometen con la rendición de cuentas. El Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, creó la AEVAL y aprobó su Estatuto; fue el primero de los organismos de la Ley 28/2006. Trabajaba para tres destinatarios: decisores públicos, gestores públicos y ciudadanía. Evaluaba políticas en sus niveles estratégico y operativo, sobre todo por mandato del Gobierno (Plan de Trabajo anual del Consejo de Ministros). Actividad: 2007-2017.

  32. Del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas a la Agencia Estatal

    El IEPP (Real Decreto 307/2020) sucedió a AEVAL.La Ley 27/2022 autorizó la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, independiente y autónoma en la evaluación, adscrita entonces a la Secretaría de Estado de Función Pública. El Real Decreto 65/2026 aprueba su Estatuto: AEEPP, adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; órganos de gobierno, Presidencia (titular del Ministerio) y Consejo Rector; órgano ejecutivo, la Dirección (cinco años). Arranca con la sesión constitutiva del Consejo Rector (máximo tres meses) y suprime el IEPP.

  33. El marco institucional de la evaluación en la Ley 27/2022

    El título III de la Ley 27/2022 fija el marco institucional de la evaluación en la AGE. Planes: de Evaluaciones Estratégicas del Gobierno (cuatrienal, lo aprueba el Consejo de Ministros y lo elabora la Agencia) y departamental (bienal, se presenta a la Comisión Superior de Evaluación y lo aprueba la Agencia). Evaluación ex ante y ex post obligatoria de políticas relevantes, e intermedia si duran cuatro o más años. Órganos: Unidades de Coordinación, Comisión Superior, Agencia (Memoria anual a las Cortes), Consejo General de Evaluación y Portal temático.

  34. La evaluación de políticas públicas en la Junta de Andalucía: bases y primeros pasos

    Según la Guía de evaluación ex ante del IAAP (2017), el IAAP lidera, promueve e impulsa el modelo de evaluación de la Junta. Mandato legal: artículo 138 del Estatuto de Autonomía (una ley regulará el sistema de evaluación) y Ley 1/2014 de Transparencia (art. 12). El Decreto 206/2015 hizo del IAAP la herramienta para impulsar la evaluación. El Área de Evaluación nació en 2016, funcional y no estructural, con la hoja de ruta «Evaluación de Políticas Públicas. Junta de Andalucía 2016» (tres objetivos), tres profesionales, OTEVAL y redes de apoyo.

  35. La evaluación en la Junta de Andalucía hoy: Servicio de Evaluación y herramienta SEPA

    El Decreto 164/2022 atribuye a la Secretaría General para la Administración Pública el impulso, dirección y coordinación de la evaluación, y al IAAP su gestión. La Resolución de 31 de marzo de 2025 crea SEPA, sistema único e interno para elaborar, seguir y evaluar los planes estratégicos; es obligatoria para el diseño y seguimiento y para las evaluaciones ex ante, intermedia y ex post. La Secretaría General la implanta; el IAAP asesora y elabora el documento técnico de evaluabilidad. En 2024 el Servicio estructuró su catálogo en ocho servicios.

  36. La evaluación ex ante en la Junta de Andalucía

    La Guía de evaluación ex ante del IAAP (2017) entiende por evaluación ex ante todo análisis valorativo previo a implantar una política: pertinencia, alternativas y adecuación de las acciones. Propone un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y seis fases esenciales: antecedentes, alcance y objetivos, grupo de coordinación, hoja de ruta, trabajo de campo e informes, y análisis de evaluabilidad. No es obligatoria pero sí muy recomendable, y es gratuita con las personas evaluadoras del IAAP. En 2024 el Servicio trabajó en la de ocho planes.

  37. La ciudadanía en el centro: la Carta Iberoamericana de 2013

    La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública la aprobó el Consejo Directivo del CLAD por mandato de la XV Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros (Panamá, junio de 2013) y la adoptó la XXIII Cumbre Iberoamericana (Panamá, octubre de 2013). Los ciudadanos son protagonistas, no receptores inertes. La buena administración tiene triple funcionalidad: principio general, obligación de toda administración y derecho fundamental de la persona. Finalidad: reconocer ese derecho y sus derechos y deberes componentes. Cinco capítulos.

  38. Principios de la buena administración en la Carta Iberoamericana

    El capítulo segundo de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (CLAD, 2013) parte de que la administración sirve con objetividad al interés general y enumera los principios base de la buena administración, entre ellos: servicio objetivo, promocional, racionalidad, igualdad de trato, eficacia (satisfacer necesidades), eficiencia (resultados respecto a recursos), economía (uso racional de recursos), evaluación permanente, ética, proporcionalidad, buena fe, celeridad y debido proceso.

  39. El derecho fundamental a la buena administración y sus derechos componentes

    Según la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (CLAD, 2013), el derecho fundamental a la buena administración consiste en que los asuntos públicos se traten con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad y se resuelvan en plazo razonable. Ciudadano equivale a persona o habitante, salvo derechos políticos. Derechos componentes, entre otros: motivación, tutela efectiva, no presentar documentos que ya tenga la administración, ser oído, alegaciones, recursos, copia sellada y conocer el responsable de la tramitación.

  40. Deberes del ciudadano y protección del derecho a la buena administración

    La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (CLAD, 2013) completa el estatuto del ciudadano con deberes correlativos a sus derechos: lealtad (acatar la Constitución y el ordenamiento), buena fe (uso legítimo de la información, sin maniobras dilatorias), veracidad (nada falso o temerario a sabiendas), responsabilidad (sin solicitudes improcedentes reiteradas), respeto y decoro, y colaboración, sobre todo tributaria. El derecho tiene protección administrativa y jurisdiccional de los derechos humanos.

  41. La ciudadanía, el interés general y la evaluación

    Las fuentes sitúan a la ciudadanía como destinataria última de la evaluación. AEVAL (2010): las administraciones sirven a toda la ciudadanía y la evaluación tiene «la finalidad última de servir a la ciudadanía». La Ley 27/2022 vincula la política pública al interés general, prevé participación inclusiva con resultados públicos y obligación de motivar la omisión de sus argumentos, y exige lenguaje claro en el resumen ejecutivo del Informe Final. La Carta del CLAD reconoce el derecho a conocer las evaluaciones de gestión.

Ley 27/2022, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la AGE

En este tema: entera. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto

    La ley tiene por objeto estructurar el sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado para institucionalizar la evaluación como herramienta de aprendizaje colectivo y organizativo, de mejora del servicio público, rendición de cuentas y transparencia. Ese sistema lo integran dos piezas: la organización institucional de la evaluación en la AGE y las medidas para formalizar y sistematizar las prácticas de evaluación.

  2. Artículo 2. Definiciones

    Define siete conceptos: política pública (actuaciones para el interés general o para resolver un problema o necesidad públicos, en normas, estrategias, planes, programas o medidas); objeto de la evaluación (la intervención evaluada); metodología; enfoque (lo adopta el equipo evaluador); encargo (encomendar la evaluación a un equipo evaluador por el órgano responsable de la evaluación de esa política); dato; e indicador (dato o información que mide el progreso o efectos de una política).

  3. Artículo 3. Ámbito de aplicación

    La ley se aplica a la evaluación de las políticas públicas de la AGE y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. La fiscalización económico-financiera corresponde al Tribunal de Cuentas y las evaluaciones ex post de revisión del gasto público, a la AIReF, ambas según su normativa. Quedan excluidas la auditoría, el control de eficacia, la supervisión continua, el control interno económico-financiero, la calidad de los servicios y toda evaluación con regulación específica; respecto de esta, la ley es supletoria.

  4. Artículo 4. Objetivos finales de la evaluación de políticas públicas

    La evaluación tiene seis objetivos finales: optimizar la toma de decisiones públicas con recomendaciones sobre su diseño e implementación; mejorar la planificación y los instrumentos de la acción pública; impulsar la innovación del sector público; colaborar en la eficiencia en el uso de los recursos públicos (gestión económica adecuada, sostenibilidad financiera y fines perseguidos); permitir el control de responsabilidades y la rendición de cuentas a la sociedad; y contribuir a mejorar los retos de la sociedad y del desarrollo sostenible.

  5. Artículo 5. Elementos de la formulación de las políticas públicas con enfoque de evaluación

    Las políticas públicas deben estar sólidamente formuladas en sus aspectos técnicos y basadas en evidencias; deben responder a las necesidades y desafíos de la sociedad, identificar su valor público a partir de criterios y definir una métrica que permita evaluarlas.

  6. Artículo 6. Aspectos técnicos comunes del diseño de las políticas públicas

    Son aspectos técnicos comunes del diseño de las políticas públicas: identificación del problema, propósito público, lógica del diseño, instrumentos de implementación y mecanismos de seguimiento y evaluación; elementos colaborativos (cocreación, construcción con la ciudadanía, partenariados, coparticipación); gobernanza de los datos; métricas para seguimiento y evaluación; impactos (sociales, ambientales, de cambio climático, de género, territoriales, de empleo, económicos, científicos y otros); grado de innovación; y otros que puedan formularse.

  7. Artículo 7. Criterios de valor público de la formulación para la evaluación de las políticas públicas

    En su formulación, las políticas públicas atenderán a estos criterios de valor público para su evaluación: coherencia; pertinencia; eficacia; eficiencia; sostenibilidad económica, social, laboral, ambiental o ecológica; igualdad de trato y de oportunidades; crecimiento económico y equidad; ética pública (valores constitucionales y de servicio público); otros criterios según la naturaleza de la política; y prevención de la despoblación.

  8. Artículo 8. Concepto y características generales de la evaluación de políticas públicas

    La evaluación es un proceso sistemático y razonado de generación de conocimiento para alcanzar un juicio valorativo, basado en evidencias, sobre el diseño, la puesta en práctica y los efectos de una política. Será independiente, objetiva y participativa, con enfoque integral y resultados, conclusiones y recomendaciones públicos. Tendrá finalidad y alcance definidos, rigor científico y solidez metodológica, y atenderá con carácter general a varias perspectivas, entre ellas la de género. Cada proyecto tendrá una partida económica, cuya cuantía fijará el encargo.

  9. Artículo 9. Modalidades de evaluación según su contenido y objeto

    Según su contenido y objeto, la evaluación es de diseño (justificación de la necesidad y diseño de la política), de implementación (despliegue, progreso de la ejecución, mecanismos internos y recursos) o de resultados e impactos (consecución de objetivos y efectos sobre destinatarios y población). Las evaluaciones adoptarán un enfoque integral. Se favorecerá la participación de agentes implicados y ciudadanía afectada; sus resultados serán públicos y se tendrán en cuenta, y la omisión de los argumentos del proceso participativo deberá motivarse en todo caso.

  10. Artículo 10. Modalidades de evaluación según la fase temporal de la política pública

    La evaluación puede hacerse en una o varias fases de la política. Según la fase es ex ante (planificación, formulación o diseño), intermedia (durante la implementación) o ex post (tras finalizar la ejecución). Se fijarán evaluaciones intermedias en políticas de vigencia de cuatro años o más, para permitir revisarlas y, en su caso, modificarlas y garantizar sus objetivos, resultados e impactos.

  11. Artículo 11. Análisis previo de evaluabilidad. Informe de Evaluabilidad

    Anteproyectos de ley, programas o planes estratégicos y demás documentos de planificación que desarrollen políticas públicas deben incorporar, antes de aprobarse, un Informe de Evaluabilidad. Se valoran como mínimo la calidad de la planificación, el sistema de información, seguimiento y evaluación, y la gobernanza. Puede hacerlo un equipo interno o externo si se garantiza su independencia de criterio. El órgano responsable tendrá en cuenta sus recomendaciones y explicará, en su caso, su separación de ellas.

  12. Artículo 12. Indicadores para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas

    Las políticas públicas tendrán indicadores desde su diseño, recogidos en un sistema de información. Ese sistema contará al menos con indicadores de realización (estado de ejecución de las acciones), de resultados (cumplimiento de objetivos) y de impacto (efecto de los cambios vinculados a los resultados). Los indicadores serán específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalmente determinados, y fundados en un sistema de información fiable. La Agencia Estatal elaborará metodologías para elaborarlos y seleccionarlos.

  13. Artículo 13. Indicadores para la evaluación ex ante

    Las políticas públicas contendrán indicadores para la evaluación ex ante de su valor público. La Agencia Estatal elaborará indicadores generales ex ante sobre los resultados esperados en igualdad de género, infancia, equilibrio intergeneracional, reto demográfico, transformación digital, empleo, justicia social y sostenibilidad medioambiental; podrán participar los ministerios competentes. La Agencia, en coordinación con los ministerios, fijará el procedimiento de elaboración y selección de esos indicadores.

  14. Artículo 14. Sistema de Indicadores Comunes

    Se crea el Sistema de Indicadores Comunes para la gestión eficaz y eficiente, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas. Comprende al menos los indicadores comunes (criterios de selección, estructura básica y frecuencia de recogida de datos) y los mecanismos de acceso, uso e intercambio de información. Las políticas deben incorporar indicadores comunes según criterios que serán públicos. La Agencia Estatal lo diseña, pone en marcha, gestiona y sigue, en colaboración con ministerios y organismos, y se aloja en una base de datos con indicadores sectoriales y transversales.

  15. Artículo 15. Equipo evaluador

    Es equipo evaluador el órgano o unidad administrativa, persona física o jurídica que recibe el encargo de evaluación. Con carácter general, la evaluación la hace un equipo externo al órgano responsable de la política, aunque pueden formarse equipos mixtos con las personas responsables de la planificación y de la evaluación. El equipo debe garantizar independencia de criterio, imparcialidad, neutralidad y ausencia de conflicto de intereses, con declaración responsable de cada integrante.

  16. Artículo 16. Competencias y formación en evaluación

    La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública y, en su caso, con el Instituto de Estudios Fiscales, identificará las competencias necesarias para la función evaluadora y diseñará planes específicos de formación en evaluación de políticas públicas para el personal empleado público.

  17. Artículo 17. Código ético del equipo evaluador

    El equipo evaluador tendrá en cuenta nueve principios de conducta: independencia; imparcialidad; objetividad; eficacia y eficiencia; excelencia profesional; confidencialidad, especialmente en el tratamiento de datos personales, patrimoniales o de cualquier otra índole; transparencia; igualdad y no discriminación; y respeto a la sostenibilidad social, territorial y medioambiental.

  18. Artículo 18. Características del proceso de evaluación

    El proceso de evaluación sigue una metodología sistemática y se articula en fases que contendrán en todo caso: análisis del encargo, diseño de la evaluación, recopilación y análisis de la información, Informe Final de Evaluación, y difusión y seguimiento de los resultados. Debe garantizar la participación de los actores interesados, según la naturaleza y los objetivos de la evaluación.

  19. Artículo 19. Inicio del proceso. El encargo de la evaluación

    El proceso se inicia con el encargo de evaluación, formalizado en un documento que recoge el órgano responsable de la política, el objeto, los objetivos, la justificación, el alcance, el plazo de entrega y el presupuesto. El encargo definirá además la gobernanza del proceso, las obligaciones y responsabilidades de las partes, la planificación, los mecanismos de coordinación y seguimiento y, en su caso, un informe de progreso.

  20. Artículo 20. Diseño de la evaluación

    En la fase de diseño se delimitan el alcance y la tipología de la evaluación, se fijan sus elementos y los recursos necesarios. Debe describirse la metodología, con preferencia por técnicas cuantitativas y cualitativas mixtas y la triangulación de datos y resultados. Los elementos de evaluación (preguntas y criterios, indicadores, fuentes y tipología de la información) se recogen en una matriz de evaluación. Como apoyo, se reconstruye la lógica de la política: contexto, problema, teoría causal, objetivos, actividades, medidas y recursos.

  21. Artículo 21. Acceso e intercambio de información

    El equipo evaluador diseña un plan de recopilación de datos coherente con la metodología, que contemplará al menos las fuentes de datos, el método y el instrumento de recopilación y la muestra; el plan puede ampliarse durante la evaluación. Se garantizará al equipo el acceso a la información que precise, en el contexto y con los límites fijados en la evaluación. El acceso e intercambio de datos se ajustará al Reglamento (UE) 2016/679, a la Ley Orgánica 3/2018, a sus desarrollos y a la legislación específica sobre datos.

  22. Artículo 22. Informe Final de Evaluación

    El equipo evaluador redacta un Informe Final de Evaluación con, al menos, datos del equipo y del órgano responsable, descripción del encargo y de la política, enfoque y metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones, más un resumen ejecutivo en lenguaje claro y, en su caso, anexos. Antes, remite un borrador al órgano responsable de la política para observaciones en el plazo acordado, y las valora e incorpora en su caso. El informe se publica en un mes desde su recepción en el portal temático. La Agencia fija estándares de calidad y puede verificarlos.

  23. Artículo 23. Resultados de la evaluación

    Para que los resultados de la evaluación se incorporen a la toma de decisiones, el órgano responsable de la política elabora, a partir del Informe Final, un Informe de Resultados en un plazo máximo de dos meses desde la publicación del Informe Final. Indicará las medidas que se adoptarán ante las recomendaciones y justificará, en su caso, por qué no se aplican las demás. La Unidad de Coordinación de cada ministerio sigue los resultados, en coordinación con la Agencia Estatal.

  24. Artículo 24. Plan de Evaluaciones Estratégicas del Gobierno

    Cada cuatro años el Consejo de Ministros aprueba y publica, a propuesta de la persona titular del ministerio competente en función pública, un Plan de Evaluaciones Estratégicas elaborado por la Agencia Estatal. Detalla las políticas estatales que se evaluarán, el tipo de evaluación, los recursos y los plazos. Incluirá políticas relevantes por su impacto social y económico y por el gasto previsto. Un real decreto regulará su procedimiento de elaboración.

  25. Artículo 25. Plan de Evaluación departamental

    Cada dos años, cada departamento elabora un Plan de Evaluación para los dos ejercicios siguientes, con la planificación de sus actividades de evaluación (evaluaciones de políticas y actividades de apoyo y fomento). El Plan se presenta a la Comisión Superior de Evaluación antes de ser aprobado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, que también hace su seguimiento.

  26. Artículo 26. Evaluaciones obligatorias de políticas públicas departamentales

    Cada ministerio asegurará una evaluación ex ante y otra ex post de las políticas con especial repercusión presupuestaria o de gran relevancia por su impacto social o económico; los criterios de relevancia se aprobarán reglamentariamente. Sus documentos incluirán la programación de las evaluaciones. La ex ante analiza el valor público con enfoque transversal y participativo. Si la duración estimada de ejecución es de cuatro o más años, se preverá también una evaluación intermedia. Todo ello sin perjuicio de otras evaluaciones del Plan departamental.

  27. Artículo 27. Unidad de Coordinación de Evaluación de políticas públicas

    En cada departamento ministerial se encomienda a uno de sus órganos la coordinación y el seguimiento de la evaluación de políticas públicas en el ministerio y sus organismos públicos vinculados o dependientes. Ese órgano es la Unidad de Coordinación de Evaluación de políticas públicas y actúa como interlocutor ante la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas en esas funciones.

  28. Artículo 28. Comisión Superior de Evaluación

    Por real decreto se creará la Comisión Superior de Evaluación, órgano colegiado de coordinación, cooperación y participación en evaluación de políticas públicas en la AGE. Sus fines: impulsar la cultura de evaluación, promover la formación, informar sobre la propuesta del Plan de Evaluaciones Estratégicas y participar en la Estrategia del sistema público de evaluación. Puede crear grupos de trabajo y en todo caso constituirá un Grupo de Trabajo de indicadores para los indicadores generales ex ante del artículo 13.2.

  29. Artículo 29. Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas

    Se autoriza la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, organismo público con personalidad jurídica pública, patrimonio propio y plena capacidad de obrar, que evalúa con independencia y autonomía. Entre sus fines, supervisar, coordinar e impulsar el sistema. Entre sus funciones están las metodologías, indicadores ex ante, Sistema de Indicadores Comunes, propuesta del Plan Estratégico y aprobación de los Planes departamentales. Está adscrita a la Secretaría de Estado de Función Pública y la defienden los abogados del Estado.

  30. Artículo 30. Memoria del estado general de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas

    La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas presentará en el último trimestre de cada año una Memoria a las Cortes Generales sobre el estado general de la institucionalización de la evaluación, el seguimiento de los resultados de las evaluaciones y el cumplimiento de la ley. La Memoria se publica en el portal web de la Agencia y en el portal temático de evaluación de políticas públicas.

  31. Artículo 31. Consejo General de Evaluación

    Se creará el Consejo General de Evaluación, órgano colegiado de naturaleza participativa y carácter consultivo y asesor, adscrito a la AGE a través del ministerio competente en función pública. Promueve la colaboración y cooperación institucional, el fomento de la evaluación y la participación de la sociedad civil; puede elaborar estudios e informes. Interviene en la Estrategia estatal del sistema público de evaluación. Su composición, equilibrada entre mujeres y hombres, se fijará reglamentariamente. No supondrá más gasto: lo atienden los medios de la Agencia Estatal.

  32. Artículo 32. Creación de un portal temático de evaluación de políticas públicas

    Se creará un portal temático de evaluación de políticas públicas para facilitar el intercambio de información y difundir las prácticas de excelencia; será también un espacio colaborativo y participativo de las administraciones públicas y de la sociedad civil. Su gestión y mantenimiento corresponden a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, con independencia de las aportaciones de las instituciones participantes según los acuerdos que se adopten.

¿Te sabes el tema 21?

Con tu plan gratis, Opositasuite te pregunta estos artículos con tests y preguntas de exámenes oficiales, y vuelve sobre los que fallas hasta que los dominas.

Crear mi plan y ponerme a prueba