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Políticas públicas y su evaluación
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Crear cuenta gratisResumen
La Guía práctica de AEVAL (2015), siguiendo a Roth y Vallés, distingue tres sentidos de «política»: estructura (polity: instituciones y Estado), proceso (politics: secuencia de conductas orientada al control del poder) y resultado (policy: las políticas públicas, respuesta de los gobiernos a las tensiones de vivir en sociedad para garantizar la cohesión social). Hay definiciones de Tamayo (1997), Larrue (2000) y la Ley 27/2022 (art. 2.1). Cuatro elementos comunes: problema público, decisión, múltiples actores y proceso cíclico.
Explicación sencilla
Sirve para situar de qué se habla al estudiar políticas públicas: no de las instituciones ni de la lucha por el poder, sino de la policy, es decir, de cómo los gobiernos responden a los problemas públicos con objetivos, decisiones y acciones.
Regla mnemotécnica
Polity = pilares (instituciones y Estado); Politics = pugna por el poder (proceso); Policy = producto (resultado: las políticas públicas).
⚠️ Truco / trampa típica
Confundir politics (proceso) con policy (resultado): la política como proceso no es la respuesta de los gobiernos a las tensiones sociales, sino la secuencia de conductas orientada al control del poder.
En castellano el término «política» tiene tres significados que la Guía práctica de AEVAL (2015), siguiendo a Roth (2006) y Vallés (2000), distingue así: - La política como estructura (polity): el modo en que una sociedad organiza sus actuaciones políticas; el foco de interés son las instituciones y el propio Estado. - La política como proceso (politics): la «secuencia de conductas individuales y colectivas» (Vallés, 2000) orientada al control del poder; se relaciona directamente con el sistema político. - La política como resultado (policy), es decir, las políticas públicas: la manera en que los gobiernos dan respuesta a las tensiones que se generan como consecuencia del hecho de vivir en sociedad, con el fin último de garantizar la cohesión social. Para Tamayo (1997), «las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios». Según la Guía, todas las definiciones comparten cuatro elementos: la existencia de un problema público que requiere una intervención pública; la adopción de una decisión para resolverlo; la coexistencia de múltiples actores, y la política pública como un proceso de carácter cíclico. Fundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) recoge la definición de Larrue (2000): las políticas públicas son una concatenación de actividades, decisiones y medidas coherentes, al menos en su intención, tomadas por los actores del sistema político-administrativo de un país con la finalidad de resolver un problema colectivo. La Ley 27/2022, de 20 de diciembre, define en su artículo 2.1 la política pública como «el conjunto de actuaciones dirigidas a la satisfacción del interés general o a la solución de un problema o necesidad públicos, en cualquiera de sus formas de despliegue en normas, estrategias, planes, programas, medidas, o cualquier otra denominación equivalente». (Guía práctica para el diseño y la realización de evaluaciones de políticas públicas, AEVAL, 2015, págs. 21-22; Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, pág. 49; Ley 27/2022, art. 2.1.)
Contrastada con: fondoseuropeos.hacienda.gob.es · fondoseuropeos.hacienda.gob.es · boe.es
Resumen
Según AEVAL (2010), las políticas engloban los programas, pero no al revés. Despliegue: planes (instrumentos estratégicos que articulan acciones, programas, proyectos y servicios prioritarios; marco, estratégicos y operativos), programas (intervenciones homogéneas para un objetivo concreto), proyectos (nivel más concreto: operación no divisible, delimitada en tiempo y , a menudo con un solo operador) y servicios públicos (macro y micro). Objetos macro, mezzo y micro. Perret: problemas/actores en las políticas; objetivos/medios en programas y proyectos.
Explicación sencilla
Permite ubicar cualquier intervención pública en su nivel (política, plan, programa, proyecto o servicio) y saber qué escala de análisis le corresponde, algo básico para decidir qué se evalúa.
Regla mnemotécnica
De lo grande a lo pequeño: Po-Pla-Pro-Pro (Política, Plan, Programa, Proyecto). El proyecto es el «no divisible»: tiempo y cerrados y un solo operador.
⚠️ Truco / trampa típica
Confundir programa y proyecto: el conjunto de intervenciones homogéneas para un objetivo concreto es el programa; el proyecto es la operación no divisible, delimitada en tiempo y .
Según Fundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010), los programas guardan con las políticas la relación de las partes con el todo: las políticas engloban los programas, pero los programas no contienen el total de las políticas. Las políticas suelen articularse en un primer despliegue a través de planes y en un despliegue más detallado a través de programas, proyectos y acciones públicas. - Planes: elementos instrumentales estratégicos que articulan un conjunto de acciones, programas, proyectos y servicios que se consideran prioritarios para alcanzar los objetivos de una política. Son, junto a las leyes, los instrumentos que despliegan en un primer nivel los idearios de gobierno; cabe diferenciar planes marco, estratégicos y operativos. - Programas: elementos instrumentales y operativos en los que se despliegan los planes; un programa es un conjunto de intervenciones homogéneas, reagrupadas para alcanzar un objetivo concreto dentro de un plan o de una política pública. - Proyectos: el nivel más concreto de las políticas públicas; un proyecto es una operación no divisible, delimitada en cuanto al tiempo y al presupuesto y que, a menudo, se encuentra bajo la responsabilidad de un solo operador. - Servicios públicos: en sentido macro, los grandes pilares del Sistema del Bienestar (por ejemplo, el Servicio Público de Salud); en sentido micro, los procesos de gestión prestacionales, cuyo indicador esencial es la satisfacción de los ciudadanos. La obra llama intervención a cualquier acción pública, de la magnitud que sea, que emane de los poderes públicos con el fin de resolver un problema o una necesidad social, y distingue objetos macro (políticas públicas en su más alto nivel y Servicios del Estado del Bienestar), mezzo (programas y organizaciones que los llevan a cabo) y micro (proyectos y servicios prestacionales). Para Bernard Perret, las políticas públicas (nivel estratégico, macro) se estructuran sobre el binomio problemas/actores, y los programas y proyectos (nivel instrumental operativo, mezzo/micro), sobre el binomio objetivos/medios. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 48-54.)
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Resumen
La Guía práctica de AEVAL (2015), a partir de Tamayo (1997), fija cinco fases del ciclo: identificación y definición del problema, formulación de alternativas, adopción de una alternativa, implantación y evaluación de resultados. La formulación es tarea exclusiva de los actores públicos. La implementación es, según Subirats et al. (2012), el conjunto de procesos que, tras la programación, tienden a realizar los objetivos. La evaluación mide el grado de resolución del problema. No siempre se dan todas las fases.
Explicación sencilla
El ciclo sirve de mapa para ordenar el análisis de cualquier política: en qué fase está, quién decide en cada una y qué se mide al final, que es el grado de resolución del problema público de origen.
Regla mnemotécnica
Las cinco fases de Tamayo: I-F-A-I-E = Identificar, Formular, Adoptar, Implantar y Evaluar.
⚠️ Truco / trampa típica
Atribuir a la implementación lo que la ficha sitúa en la formulación: el establecimiento de metas y objetivos y la generación de alternativas pertenecen a la formulación, no a la implementación.
La Guía práctica de AEVAL (2015), a partir de Tamayo (1997), presenta el ciclo de vida de una política pública en cinco fases, y señala que «la mayoría de los autores coinciden» en ellas: - Identificación y definición del problema. - Formulación de alternativas para resolverlo. - Adopción de una alternativa (la mejor alternativa). - Implantación de la alternativa seleccionada. - Evaluación de los resultados obtenidos. En el origen de la política existe un problema frente al que hay diferentes visiones, que responden a los intereses y valores de los actores afectados. Como señala Tamayo, la opción por una definición del problema u otra tiene consecuencias: condiciona las alternativas para afrontarlo, marca el desarrollo de la política y puede explicar en gran medida su éxito o fracaso. La formulación incluye, según Tamayo, el establecimiento de metas y objetivos, la detección y generación de alternativas, la valoración y comparación de sus impactos y la selección de una opción o combinación de ellas; es «una tarea exclusiva de los actores públicos» y la responsabilidad sobre la decisión final y el diseño permanece en manos del gobierno. La implementación es «el conjunto de procesos, que tras la fase de programación, tienden a la realización concreta de los objetivos de una política pública» (Subirats et al., 2012); comprende los planes operativos, los procedimientos, las prestaciones, servicios o instrumentos de fomento, las inversiones y los recursos disponibles. La última fase es la evaluación de los resultados, es decir, del grado de resolución del problema público que está en el origen de la política. Además de una herramienta de análisis, la evaluación es una de las fases de la propia política pública. La Guía advierte que no siempre se dan todas las fases, ni de forma explícita. (Guía práctica para el diseño y la realización de evaluaciones de políticas públicas, AEVAL, 2015, págs. 22-23 y 62.)
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Resumen
Según AEVAL (2010), la visión clásica (Lasswell y Dye) aislaba seis fases: detección, diagnóstico, inclusión en la agenda, diseño del plan, ejecución y evaluación. Presume objetivos explícitos, un actor único y libre y sucesión lineal, con evaluación final retrospectiva. Pero las políticas se revisan, sus objetivos son confusos y se buscan soluciones aceptables, así que la evaluación es un continuum: ex ante, in itinere y ex post. La Guía (2015) añade racionalidad limitada e incrementalismo (Lindblom, 1959).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún Fundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010), durante mucho tiempo fue habitual estudiar las políticas públicas aislando sus fases identificables (Lasswell, 1962, y Dye, 1955): - Detección de los problemas y necesidades. - Elaboración del diagnóstico: conceptualización y definición de los problemas. - Inclusión de los mismos en la Agenda del Gobierno. - Diseño de un plan de acción: formulación de objetivos, elección de instrumentos y definición de acciones. - Ejecución o puesta en práctica. - Evaluación de la política o programa aplicado, incluido el análisis de su sistema de seguimiento o control. Esta concepción clásica y lineal presume unos objetivos definidos de forma explícita, un actor único y libre en la toma de decisiones y una sucesión lineal entre etapas; la evaluación sería la última fase, de carácter retrospectivo. Sin embargo, las políticas están sujetas a continuas revisiones, sus objetivos son con frecuencia confusos y ambiguos, y quienes deciden buscan a menudo soluciones socialmente aceptables o políticamente convenientes. Por ello la evaluación se concibe como un continuum que acompaña a todo el proceso: ex ante, in itinere o durante, y ex post. Quade (1989) advierte que el despliegue de las políticas «no es tan ordenado ni racional». La Guía práctica de AEVAL (2015) añade que la formulación de las políticas se caracteriza por su racionalidad limitada y por la insuficiencia del gobierno como actor único, que la implementación depende de la contingencia de las organizaciones y que el diseño se basa a menudo en comparaciones sucesivas limitadas o puramente incrementales (Lindblom, 1959). Para Lasswell, el estudio de las políticas tiene dos dimensiones: el proceso de la política y «las necesidades de inteligencia del proceso», esto es, la información técnica que se recaba para decidir. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 47, 49 y 51; Guía práctica, AEVAL, 2015, pág. 26.)
Contrastada con: fondoseuropeos.hacienda.gob.es · fondoseuropeos.hacienda.gob.es
Resumen
La Guía de evaluación de diseño del IEPP (2020) ve en la definición del problema el elemento probablemente crucial del ciclo: hay más errores por mala definición del problema que por malas soluciones (Dunn, 1981). Los problemas públicos son constructos sociales y políticos: primero problema social y después, calificado por actores con poder, problema público institucionalizado. Hoppe (2018): detección, categorización, descomposición y elección. Alvira (1991): condiciones, problema social, necesidades y estrategias. Error: infradefinición o suboptimización (Bardach).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa Guía de evaluación de diseño del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas (IEPP, 2020) considera la definición del problema «probablemente el elemento crucial del ciclo de políticas públicas». Cualquier solución es «parte de encontrar el problema» (Wildavsky, 1979), y se producen muchos más errores por una errónea definición del problema que por soluciones erróneas a un problema bien planteado (Dunn, 1981). Los problemas públicos son constructos sociales y políticos, no objetivos. Para que una situación se transforme en problema público debe acceder a la agenda pública: primero ha de ser reconocida como problema social, por provocar carencias objetivas en la sociedad, y después los actores con poder han de calificar esas carencias como problema público, que queda institucionalizado. Un problema social es el conjunto de «carencias existentes en un grupo poblacional determinado» que «constituyen una brecha entre lo deseado por la sociedad y lo real» (Lima Facio y Aguilar Astorga, 2011). La configuración de la agenda pública es el proceso por el cual los problemas y las soluciones alternativas ganan o pierden la atención pública y de las élites; incluso cuando una cuestión gana atención pública no se transforma necesariamente en problema público. Según Hoppe (2018), pasar de un problema desestructurado a uno estructurado exige cuatro procesos: detección, categorización, descomposición y elección del problema. Alvira (1991) describe la secuencia: condiciones sociales o hechos, problema social, necesidades sociales y selección de estrategias de intervención (política o programa), en la que intervienen los valores sociales, la evaluación de diagnóstico o de necesidades y las hipótesis sobre la etiología del problema. Entre los errores a evitar, la guía cita la infradefinición del problema o suboptimización (Bardach, 1993). (Guía de evaluación de diseño de políticas públicas, IEPP, 2020, págs. 19-24; Guía práctica, AEVAL, 2015, págs. 62-63.)
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Resumen
AEVAL (2010) recoge los dos niveles de Dror: funciones de orden superior (cambian trayectorias colectivas, más trascendentes, formulación y planificación) y funciones de servicio, ejecución y gestión (implementación, más numerosas y cercanas al ciudadano). La Guía (2015) resume dos visiones de la implementación: top-down (desde las autoridades; regularidad y eficacia) y bottom-up (desde la red local; participación y conflicto). Sabatier y Mazmanian (1980) fijan seis condiciones para implementar los objetivos de una política.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasFundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) recoge los dos niveles de la acción pública que distingue Dror: - Funciones de orden superior: modificación de las trayectorias colectivas mediante decisiones que constituyen intervenciones en el proceso histórico; son las cualitativamente más trascendentes, propias del más alto nivel de gobierno, y suelen plasmarse en la formulación y planificación de las políticas. - Funciones de servicio, ejecución y gestión de los gobiernos (tareas de gestión): corresponden a la implementación, fase decisiva entre la formulación y los resultados; son cuantitativamente más numerosas y más próximas al servicio directo al ciudadano. La Guía práctica de AEVAL (2015) resume, según Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone (2008), las dos visiones de la implementación: - Top-down: parte de las decisiones de las autoridades político-administrativas; identifica a los actores desde arriba, del sector público hacia el privado; valora la regularidad (conformidad legal) y la eficacia como grado de realización de los objetivos formales. - Bottom-up: parte de las actividades de la red de implementación a nivel local; identifica a los actores desde abajo, públicos y privados a la vez; no tiene criterios claramente definidos a priori y valora el grado de participación de los actores y el nivel de conflicto. Sabatier y Mazmanian (1980) trazan seis condiciones para la implementación de los objetivos de una política: objetivos claros y consistentes; una teoría causal adecuada; estructuras de implementación legalmente estructuradas; responsables de implementación comprometidos y con altas capacidades; apoyo de los grupos de interés y de los poderes legislativo y ejecutivo, y que sea un objetivo prioritario en la agenda política. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, pág. 52; Guía práctica, AEVAL, 2015, pág. 77.)
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Resumen
Para la Guía práctica de AEVAL (2015), evaluar es apreciar, analizar, valorar y juzgar una intervención pública para mejorar su calidad. Usa el método científico pero no es disciplina científica en sentido habitual; es actividad integrada en la gestión pública, multidisciplinar, que compara resultados e impactos con objetivos y medios y emite un juicio de valor que no busca recriminar ni sancionar. Valores: rigor, imparcialidad, transparencia, atención a los puntos de vista e interés general. AEVAL y la Ley andaluza 1/2014 (art. 12) dan definiciones parecidas.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa Guía práctica de AEVAL (2015) afirma que «evaluar es apreciar, analizar, valorar y juzgar una intervención pública a fin de mejorar su calidad». La evaluación se apoya en el método científico, pero no es una disciplina científica en el sentido habitual, sino una actividad con vocación de integrarse en la gestión pública y en el funcionamiento del sistema político. Es un instrumento integrado en el análisis de las políticas públicas, de carácter multidisciplinar, que tiene por objeto apreciar la eficacia de los programas o políticas comparando sus resultados e impactos con los objetivos asignados y los medios puestos a su disposición, emitiendo un juicio de valor. Ese juicio no persigue «la recriminación o la sanción», sino un mayor conocimiento de las intervenciones y un cambio de cultura para mejorar lo público. La evaluación se desarrolla sobre unas exigencias y valores: rigor, imparcialidad, transparencia, atención a los distintos puntos de vista y voluntad de que prevalezca el interés general. AEVAL define la evaluación como «el proceso sistemático y razonado de generación de conocimiento, a partir de la recopilación, análisis e interpretación de información, encaminado a la comprensión global de una intervención pública –sea ésta una política, plan, programa o norma–, para alcanzar un juicio valorativo, basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica y efectos (resultados e impactos)». En Andalucía, el artículo 12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, según lo transcribe la Resolución de 31 de marzo de 2025 (BOJA núm. 64), considera evaluación de políticas públicas «el proceso sistemático de generación de conocimiento encaminado a la comprensión integral de una intervención pública para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto de su diseño, puesta en práctica, resultados e impactos», cuya finalidad es contribuir a la mejora de las intervenciones públicas e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. (Guía práctica, AEVAL, 2015, págs. 23 y 25; Resolución de 31 de marzo de 2025, BOJA núm. 64, de 3 de abril de 2025, pág. 1.)
Contrastada con: fondoseuropeos.hacienda.gob.es · cdn.juntadeandalucia.es
Resumen
AEVAL (2010) recuerda que la evaluación es un «imán semántico» (Vedung) y «una palabra elástica» (Weiss); las definiciones oscilan entre medir y valorar. Tyler: grado de logro de objetivos. Scriven: estimación del mérito de un objeto. Franco: fijar el valor comparando con un patrón. Bañón: juicio sobre acciones y objetivos. Rutman: método científico para medir implementación y resultados. Weiss (1982): comparar efectos con metas. Stufflebeam y Shinkfield: valor o mérito. Rossi y Freeman: ¿para quién evaluar? OCDE-CAD: apreciación sistemática y objetiva.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasFundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) recuerda que la evaluación ha atraído significados tan distintos que algunos autores la consideran un «imán semántico» (Vedung, 1996), y que, para Carol Weiss (1972), es «una palabra elástica». Las definiciones oscilan entre dos verbos, medir y valorar, según incluyan o excluyan el juicio de valor. La obra selecciona estas: - Tyler (1950): el proceso de determinar en qué medida los objetivos de un programa se han alcanzado. - Scriven (1967): «Evaluar supone la estimación del mérito de un objeto». - Franco (1971): evaluar es fijar el valor de una cosa comparándola con un criterio o patrón determinado. - Bañón (1972): formar un juicio sobre una acción o concatenación de acciones para establecer si su concepción y desarrollo corresponden a los objetivos deseados, con énfasis en los resultados y la participación de las partes interesadas. - Rutman (1980): el uso del método científico en la medida de la implementación y de los resultados de políticas y programas. - Weiss (1982): comparar los efectos de un programa con las metas que se propuso alcanzar para contribuir a la toma de decisiones y mejorar la programación futura. - Stufflebeam y Shinkfield (1987): recoger y analizar sistemáticamente una información que permita determinar el valor o mérito de algo. - Valadez y Bamberger (1994, Banco Mundial): actividad gerencial externa y/o interna que analiza las relaciones de los procesos y recursos con los resultados e impactos. - Rossi y Freeman: la evaluación debe preocuparse de la utilidad, la eficacia y la eficiencia de las medidas que buscan mejorar la suerte de los miembros de la sociedad; es de las pocas que responde a «¿para quién evaluar?». La OCDE-CAD la define como apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política, para determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 73-75.)
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Resumen
AEVAL (2010) propone ocho rasgos para una definición «para el siglo XXI»: proceso institucional; todas las fases del ciclo; entendimiento integral; continuum metodológico científico; doble utilidad gerencial y político-democrática; no eludir el juicio de valor y las recomendaciones; carácter pluralista y participativo, siempre que sea posible; finalidad última de mejora social y rendición de cuentas. «Sin juicio de valor no hay evaluación»: para Alvira (1993), el elemento de valor es lo que la distingue de la investigación.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasFundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) propone los rasgos que debería reunir una definición de evaluación de políticas públicas «para el siglo XXI»: - Consideración de la evaluación como proceso institucional. - Aplicación en todas las fases del ciclo de intervención. - Énfasis en el entendimiento integral de las intervenciones: resultados e impactos, sin olvidar los procesos y la teoría que la sustenta. - Un continuum metodológico que aplica sistemáticamente el método científico. - Doble vertiente de utilidad: gerencial y político-democrática. - No eludir el juicio de valor y las recomendaciones. - Carácter pluralista y participativo, siempre que sea posible. - Finalidad última: la mejora de la sociedad y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Con ello la concibe como un proceso institucional, conveniente en todas las fases del ciclo, que aplica métodos sistemáticos y rigurosos de recogida y análisis de información, con el énfasis en la comprensión integral de impactos, resultados, procesos y teorías de las intervenciones, para servir al aprendizaje y a la mejora gerencial y a la estrategia sobre decisiones futuras, fundado en el juicio de valor y en criterios establecidos por los principales actores, «con la finalidad última de servir a la ciudadanía». «Sin juicio de valor no hay evaluación». La evaluación tiene por finalidad contribuir a la elaboración de un juicio de valor para ayudar a la toma de una decisión, mejorar la puesta en marcha de una política o el funcionamiento de un servicio. Para Alvira (1993), el elemento de valor es «lo que radicalmente distingue la evaluación de la investigación», y el juicio de valor está en relación directa con los criterios establecidos. Alvira recuerda, en relación con Scriven, que el valor último para enjuiciar un programa o política «debe ser la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos». (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 76 y 81.)
Contrastada con: fondoseuropeos.hacienda.gob.es
Resumen
AEVAL (2010) distingue dos usos de la evaluación: político estratégico y democrático (responsabilidad y transparencia gubernamental) y gerencial (mejora de la gestión y de la calidad prestacional), más un uso académico y una finalidad dinamizadora. La Guía (2015) concreta el primero en rendición de cuentas (responder de acciones e inacciones, no solo del gasto), transparencia (publicidad que acerca y legitima) y participación. Elliott (1988): accountability social, económica y profesional. Kogan (1988): responsabilidad sancionable.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún Fundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010), la evaluación, como instrumento público, tiene dos usos complementarios y diferenciados: - Uso político estratégico y democrático: responsabilidad y transparencia gubernamental. - Uso gerencial: mejora de la gestión pública y de la calidad prestacional. Desde su origen tiene además un uso académico y de aprendizaje y una finalidad dinamizadora, que favorece la motivación de los agentes, una delegación más concreta de responsabilidades, la evolución de los modos de decisión y una mayor preocupación por los resultados. Las evaluaciones de mayor éxito son las que reúnen varias finalidades y usos. La Guía práctica de AEVAL (2015) concreta el uso estratégico y democrático en tres elementos: - Rendición de cuentas: no basta con explicar cómo se gastan los fondos públicos y su control («fiscal accountability»), sino que hay que responder de las acciones e inacciones que explican los resultados. - Transparencia: la publicidad de las evaluaciones acerca las acciones públicas a los ciudadanos que las financian y les otorga legitimidad. - Participación: abrir mayores espacios de participación dentro del modelo de democracia representativa; la evaluación aporta información para que los ciudadanos se formen una opinión fundamentada. El uso gerencial proporciona a gestores y responsables mejor información para sus decisiones y un feedback sobre las políticas y sus mejoras. En materia de rendición de cuentas, John Elliott (1988) distingue tres tipos de accountability: social, económica y profesional; M. Kogan (1988) la entiende como la condición según la cual quienes tienen un papel individual son responsables y pueden ser sancionados si sus acciones dejan de satisfacer a aquellos con los que tienen una relación de responsabilidad. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 19-22; Guía práctica, AEVAL, 2015, págs. 24-25.)
Contrastada con: fondoseuropeos.hacienda.gob.es · fondoseuropeos.hacienda.gob.es
Resumen
La Ley 27/2022 estructura el sistema público de evaluación en la AGE para institucionalizarla como herramienta de aprendizaje, mejora del servicio público, rendición de cuentas y transparencia (art. 1). Fija seis objetivos finales (art. 4): decisiones, planificación, innovación, eficiencia de recursos, rendición de cuentas y retos sociales y desarrollo sostenible. Define la evaluación (art. 8.1); será independiente, objetiva y participativa, con resultados públicos (art. 8.2), rigor científico y perspectivas transversales (art. 8.3) y partida económica propia (art. 8.4).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, tiene por objeto estructurar el sistema público de evaluación en la AGE para institucionalizar la evaluación «como herramienta de aprendizaje colectivo y organizativo, de mejora del servicio público, rendición de cuentas y transparencia», contribuyendo a la eficacia y eficiencia de la acción pública. Ese sistema lo integran la organización institucional de la evaluación y las medidas de formalización y sistematización de sus prácticas (art. 1). Su artículo 4 fija seis objetivos finales de la evaluación: - a) Optimizar el proceso de toma de decisiones públicas, sugiriendo recomendaciones sobre su diseño e implementación. - b) Mejorar la planificación y los instrumentos de la acción pública. - c) Impulsar la innovación en la actuación del sector público. - d) Colaborar en la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. - e) Permitir el control de responsabilidades y la rendición de cuentas a la sociedad. - f) Contribuir a mejorar la situación de los retos de la sociedad y del desarrollo sostenible. El artículo 8.1 define la evaluación como «el proceso sistemático y razonado de generación de conocimiento, a partir de la recopilación, análisis e interpretación de información, encaminado a la comprensión global de una política pública, para alcanzar un juicio valorativo, basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica y efectos». La evaluación será independiente, objetiva y participativa; se fomentará un enfoque integral, y sus resultados, conclusiones y recomendaciones serán públicos (art. 8.2). Deberá asentarse en el rigor científico, la objetividad y la solidez metodológica y atenderá, con carácter general, a las perspectivas de género, equilibrio intergeneracional, reto demográfico y cohesión territorial, transformación digital y sostenibilidad social y medioambiental (art. 8.3). Cada proyecto de evaluación contará con una partida económica (art. 8.4). (Ley 27/2022, de 20 de diciembre, BOE núm. 305, arts. 1, 4 y 8.)
Contrastada con: boe.es
Resumen
AEVAL (2010) sitúa la evaluación en la Ciencia política, rama Administración Pública, con doble vertiente. Gerencial: la implementación (postdecisión) y la cultura de resultados frente a la orientación tradicional procedimental; la Nueva Gestión Pública separó administración y política y aplicó técnicas de mercado (Agencias). Política: elegir evaluar ya es decisión política; su fin es la utilidad social y es «un proceso antes que una técnica». Monnier: de lo gerencialista a lo democrático. Subirats (2004): niveles reglamentario, gerencial y democrático.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasFundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) sitúa la evaluación en el campo de la Ciencia política, rama Administración Pública, y le atribuye una doble vertiente, porque afecta al nivel estratégico de gobierno (decisión y planificación de las políticas) y al operativo-gestor (puesta en marcha y calidad de los servicios). - Vertiente gerencial: la implementación entra de lleno en el campo gerencial (la postdecisión). Se vincula a la cultura de resultados, que antepone el cumplimiento de los objetivos frente a la orientación tradicional que enfatizaba los procedimientos. La administración en su modelo tradicional (racional-burocrático) se preocupaba por la legalidad de su actuación, no por los resultados. La Nueva Gestión Pública propugnó la separación entre administración y política y la aplicación de técnicas de mercado, con modelos institucionales tipo Agencias; a la mayor autonomía de gestión que reclama debe acompañar un mayor control de responsabilidades. - Vertiente política: la sola elección de evaluar implica una decisión política, y el fin último de la evaluación es la utilidad social. La evaluación es «un proceso antes que una técnica». La obra advierte que sería erróneo confundir la cultura de resultados con la evaluación de resultados, y que los resultados de la gestión no son exactamente los resultados de las políticas. Para Monnier, el desafío está en pasar de la cultura gerencialista a una cultura política, participativa y democrática de la evaluación. Subirats (2004) distingue tres niveles de evaluación: reglamentario, gerencial y democrático, a los que corresponden diferentes instrumentos de control. La evaluación puede servir de puente entre el nivel político y el gestor. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 22-27.)
Contrastada con: fondoseuropeos.hacienda.gob.es
Resumen
AEVAL (2010) sitúa la evaluación en la gobernanza: desde finales de los ochenta se busca perfeccionar la democracia (déficit de participación, exigencia de eficiencia) con la Nueva Gobernanza. Distingue mal gobierno (políticas erróneas) de desgobierno (intencionalidad). El Libro Blanco de la Gobernanza se basa en apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia, y propone legitimidad democrática y subsidiariedad. La evaluación aporta control político-democrático. El valor público no es solo económico: importa la equidad tanto como la eficacia.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasFundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) sitúa la evaluación en el contexto de la gobernanza. Desde finales de los años ochenta, la globalización y otras transformaciones han hecho necesario perfeccionar el sistema democrático, por el déficit de participación ciudadana y por la exigencia de eficiencia que se reclama a lo público. Frente a esos riesgos se ha establecido un conjunto de principios conocido como Nueva Gobernanza. La obra distingue el mal gobierno, al que corresponderían políticas públicas erróneas, del desgobierno, que lleva consigo la intencionalidad y no la mera ignorancia o incapacidad. En Europa, el Libro Blanco de la Gobernanza fundamenta sus principios en «apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia», proponiendo también los de legitimidad democrática y subsidiariedad. Según la obra, deberían ser macro-criterios de valor en la evaluación: - Apertura: trabajar de forma más abierta, con comunicación activa y lenguaje accesible. - Participación: amplia participación ciudadana en la formulación, la implementación y la evaluación. - Responsabilidad: clarificar el papel de cada institución en la toma de decisiones. - Eficacia: que las medidas produzcan los resultados buscados sobre objetivos claros. - Coherencia: políticas y acciones coherentes y fácilmente comprensibles. La evaluación apunta a un nuevo tipo de control político-democrático acorde con los principios de la Nueva Gobernanza: responsabilidad, transparencia y participación. Sobre el valor público, la obra señala que la definición económica tradicional (capacidad para satisfacer necesidades humanas con los recursos disponibles) es inadecuada para el sector público por criterios de redistribución equitativa, eficacia social y transparencia; para los ciudadanos el valor público radica en la mejora de los procesos políticos, y tan importante es la eficacia como la equidad. El valor añadido de la evaluación es, en último término, su contribución a la mejora de la calidad democrática. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 15-19.)
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Resumen
AEVAL (2010) separa la evaluación de actividades próximas. Control: verificar el respeto a las normas con un referencial externo y cerrado; puede sancionar. Seguimiento o monitoreo: indicadores, continuado, interno, descriptivo, sin juicio de valor. Auditoría: control de regularidad y de eficacia, normas internacionales, recomendaciones (INTOSAI). Inspección: cuerpo especialmente investido, puede proponer sanción. Investigación: la diferencia fundamental es el juicio de valor. La evaluación busca un punto de vista externo y no enjuicia a los agentes individuales.
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Crea tu cuenta gratis para verlasFundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) advierte que el término evaluación se atribuye a todo tipo de actividades, con el riesgo de limitar su campo. La evaluación se distingue, por lo general, por la naturaleza de los objetos que estudia y por su carácter holístico. - Control: consiste en verificar el respeto a las normas. Se ejerce en referencia a reglas y criterios preestablecidos (el referencial), externo y cerrado; constata y mide las desviaciones respecto de la norma, pone en cuestión a las personas y puede entrañar sanciones. - Seguimiento o monitoreo: actividad sobre el progreso de una política o programa basada en un sistema de indicadores; es continuada en el tiempo y no puntual, suele realizarse internamente por los gestores, es menos holística y, de naturaleza descriptiva, no emite juicios de valor. - Auditoría: comprende una parte de control de regularidad y conformidad y una parte de control de eficacia bajo presupuestos de mejora; se rige por normas internacionales, puede ser externa o interna y el auditor formula recomendaciones. Las instituciones de control externo están reunidas en la INTOSAI. - Inspección: engloba actividades que van del control de actividades reglamentarias al análisis de prácticas; la ejerce a menudo un cuerpo especialmente investido y puede desembocar en la propuesta de una sanción. - Investigación: la evaluación no difiere tanto en los métodos como en los problemas que aborda; el evaluador trabaja por encargo y para un fin práctico inminente. La diferencia fundamental es el juicio de valor. El control y la auditoría se refieren a normas internas al sistema analizado, mientras que la evaluación busca un punto de vista principalmente externo de los efectos y del valor de la acción. A diferencia de ciertas auditorías, la evaluación no enjuicia cómo los agentes individuales realizan su misión. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 57-59; Guía práctica, AEVAL, 2015, pág. 24.)
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Resumen
Según AEVAL (2010), tras la Segunda Guerra Mundial la evaluación se extendió al mundo anglosajón y al norte de Europa; en los países latinos llegó más tarde. Furubo y Rist (2002) identifican tres oleadas. Primera (1960-1970), de optimismo: nace en EE. UU. para medir los programas de la Great Society de Johnson; Donald Campbell veía los programas como experimentos; Scriven buscaba si el programa era bueno. Segunda (1970-1980), de pesimismo y desencanto: institucionalización y efectos perversos. Surgió como técnica de racionalización del gasto.
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Crea tu cuenta gratis para verlasSegún Fundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010), después de la Segunda Guerra Mundial la práctica de la evaluación de programas se extendió al mundo anglosajón y a la Europa del Norte; su desarrollo en los países latinos fue más tardío. En un trabajo coordinado por Furubo y Rist (2002) se identifican tres grandes oleadas de difusión de la evaluación; la obra describe así las dos primeras: - Primer periodo, «optimismo frente a los programas y optimismo frente a la evaluación» (1960-1970). La evaluación nace en los Estados Unidos como respuesta a la preocupación por determinar los efectos de los programas de la Great Society (guerra contra la pobreza) impulsados por el presidente Johnson. Evaluar era medir científicamente la eficacia comparando dos muestras estadísticamente comparables de beneficiarios y no beneficiarios. Figura relevante fue Donald Campbell, para quien los programas políticos debían considerarse experimentos. Se crearon unidades de evaluación y normativa (Economic Opportunity Act, 1967, y Sunset Legislation). En la misma época surgió la tendencia de Michael Scriven, para quien no se trataba de ver si los objetivos se habían alcanzado, sino de descubrir si el programa en sí era bueno, razonando en términos de calidad y de valor. - Segundo periodo, «pesimismo respecto a los programas y desencanto respecto a la evaluación» (1970-1980): progresiva institucionalización de la evaluación, mientras se constata que los programas no consiguen los logros que perseguían y empieza a considerarse la idea de los efectos perversos de las políticas. La obra añade que la evaluación surgió en principio como una técnica más de racionalización del gasto público y de la negociación presupuestaria. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 27-28 y 46.)
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La Guía práctica de AEVAL (2015) describe la «evaluación integral» que la Agencia desarrolla desde 2008, frente a la evaluación clásica de programas. Rasgos: enfoque de política pública (lo político-estratégico con lo operativo; legitimación y funcionalidad), todo el ciclo (aunque el encargo sea ex post, también intermedia y ex ante), continuo macro-micro, doble utilidad (Nioche: de la evaluación aditiva a la formativa), pluralismo, planteamiento triangular y la evaluación como intervención pública más. Añade criterios como equidad, participación y transparencia.
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Crea tu cuenta gratis para verlasLa Guía práctica de AEVAL (2015) describe el enfoque que la Agencia desarrolla desde 2008 y que denomina «evaluación integral». Frente a la evaluación clásica, centrada en programas y proyectos y basada en dos premisas (la idoneidad del diseño de las políticas y la suficiencia de la acción gubernamental para el control de la realidad social), el enfoque AEVAL enfatiza los aspectos políticos de la acción pública. Sus características son: - Enfoque de política pública: integra el nivel político-estratégico (problemas, diagnósticos, actores, teorías de intervención, impactos) con los aspectos operativos (objetivos, recursos, procesos y resultados), para responder a la doble función de gobierno: legitimación (buen gobierno) y funcionalidad (buena administración). - La evaluación puede y debe aplicarse a todo el ciclo de la política: aunque el encargo sea ex post, la Agencia realiza a la vez una evaluación intermedia o de implementación y una ex ante (de necesidades y diseño). - La acción pública como un continuo, desde el nivel macro (políticas) al micro (organizaciones y servicios). - Doble utilidad: transparencia y rendición de cuentas, y herramienta de aprendizaje y mejora; Nioche (1982) propone superar la «evaluación aditiva» y generalizar la «evaluación formativa». - Pluralismo: incorporar a todos los actores interesados (destinatarios, ciudadanos, gestores, responsables políticos, académicos, agentes socioeconómicos, sociedad civil). - Planteamiento triangular: todas las perspectivas científicas en pie de igualdad y técnicas cualitativas y cuantitativas. - La evaluación es una intervención pública más: consume recursos y debe responder a la eficacia, la eficiencia y la transparencia. Además de los criterios tradicionales, incorpora criterios vinculados a valores sociales como la equidad, la participación o la transparencia. (Guía práctica para el diseño y la realización de evaluaciones de políticas públicas, AEVAL, 2015, págs. 25-32.)
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La Guía práctica de AEVAL (2015) divide el proceso en siete fases: 1 análisis del encargo; 2 análisis y reconstrucción de la lógica de la intervención; 3 diseño (matriz, criterios, indicadores); 4 trabajo de campo y análisis; 5 informe de evaluación; 6 comunicación y difusión; 7 seguimiento mediante encuesta. Pueden solaparse salvo las dos últimas; las tres primeras son un rasgo distintivo de AEVAL. Plazo general: 12 meses desde el encargo. Código ético (2009): transparencia, pluralidad, imparcialidad, independencia e integridad, responsabilidad y eficiencia.
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Crea tu cuenta gratis para verlasLa Guía práctica de AEVAL (2015) divide el «Proceso de Evaluación» en siete fases: - Fase 1. Análisis del encargo de la evaluación: primera aproximación al objeto, alcance y enfoque; estrategia organizativa, equipo y canales de comunicación. - Fase 2. Análisis y reconstrucción de la lógica de la intervención. - Fase 3. Diseño de la evaluación: alcance definitivo, matriz de evaluación, criterios, indicadores, fuentes, tipología, herramientas y técnicas. - Fase 4. Trabajo de campo y análisis. - Fase 5. Resultados de la evaluación: el informe de evaluación. - Fase 6. Comunicación y difusión: a las instituciones relacionadas y a los órganos de control interno y externo, y publicación en la web de AEVAL. - Fase 7. Seguimiento de la evaluación, mediante una encuesta a los actores que han participado. Las fases no son compartimentos estancos y pueden solaparse, salvo las dos últimas. Las fases 1 y 3 son las más vinculadas a los principios de eficacia y eficiencia, y la importancia dada a las tres primeras es un rasgo distintivo de AEVAL. Como regla general, el plazo de ejecución es de 12 meses desde el encargo del Gobierno. Los principios éticos de los evaluadores de la Agencia, recogidos en su Código ético profesional (2009), son: - Transparencia en el diseño e implementación de la evaluación. - Pluralidad, garantizando la consulta y participación de los actores implicados. - Imparcialidad, para evitar sesgos. - Independencia e integridad, para evitar resultados predeterminados. - Responsabilidad en el uso de la información y en el respeto de la integridad del informe. - Eficiencia, produciendo información de valor suficiente para justificar los recursos empleados. (Guía práctica para el diseño y la realización de evaluaciones de políticas públicas, AEVAL, 2015, págs. 16, 18 y 35-37.)
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La Ley 27/2022 regula el proceso evaluador en la AGE: equipo evaluador, por regla general externo al órgano responsable, con posibles equipos mixtos y declaración responsable de independencia (art. 15); código ético (art. 17); fases mínimas: encargo, diseño, recopilación y análisis, Informe Final y difusión y seguimiento (art. 18); contenido del encargo (art. 19); diseño con técnicas mixtas y matriz (art. 20); Informe Final con resumen ejecutivo, publicado en un mes (art. 22), e Informe de Resultados en dos meses como máximo (art. 23).
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Crea tu cuenta gratis para verlasLa Ley 27/2022, de 20 de diciembre, regula el proceso evaluador en la Administración General del Estado: - Equipo evaluador: con carácter general, externo al órgano responsable de la política; se pueden constituir equipos mixtos. Debe garantizar su independencia de criterio, imparcialidad, neutralidad y ausencia de conflicto de intereses mediante declaración responsable (art. 15). - Código ético: independencia; imparcialidad; objetividad; eficacia y eficiencia; excelencia profesional; confidencialidad; transparencia; igualdad y no discriminación, y respeto a la sostenibilidad social, territorial y medioambiental (art. 17). - Fases mínimas: análisis del encargo, diseño de la evaluación, recopilación y análisis de la información, Informe Final de Evaluación, y difusión y seguimiento de los resultados, garantizando la participación de los actores interesados (art. 18). - Encargo: documento con el órgano responsable, el objeto, los objetivos, la justificación, el alcance, el plazo y el presupuesto (art. 19). - Diseño: se prefiere la utilización mixta de técnicas cuantitativas y cualitativas y la triangulación; las preguntas y criterios, los indicadores, las fuentes y la tipología de la información se recogen en una matriz de evaluación, y se reconstruye la lógica de la política (art. 20). - Informe Final de Evaluación: con resumen ejecutivo en lenguaje claro para la ciudadanía; antes se remite un borrador al órgano responsable, y se publica en el plazo de un mes desde su recepción en el portal temático de evaluación (art. 22). - Informe de Resultados: el órgano responsable lo elabora en un plazo máximo de dos meses desde la publicación del Informe Final, indicando las medidas que adoptará y justificando las recomendaciones que no aplique (art. 23). (Ley 27/2022, de 20 de diciembre, BOE núm. 305, arts. 15 y 17 a 23.)
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AEVAL (2010) recuerda que Alvira recogió más de 30 tipos de evaluación, con más diversidad terminológica que real. Por paradigma: evaluación centrada en los objetivos (clásica, positivista; años cincuenta; Ralph Tyler; proceso lineal, diseños experimentales, utilidad técnica) frente a la pluralista, naturalista o participativa (Guba y Lincoln, 1987: no hay objetividad; en Europa, Eric Monnier; diálogo entre actores, naturaleza política). Weiss (1983): la pluralista «democratiza» la evaluación. Ventajas: rapidez, pocos recursos, utilidad y contacto con la realidad.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasFundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) señala que Alvira ha recogido más de 30 tipos o acepciones de evaluación, aunque la diversidad es más terminológica que real. Las principales tipologías se hacen en función del paradigma, del método de investigación, del propósito, de la perspectiva temporal, de los evaluadores y de las fases o contenidos, a las que se añade la metaevaluación. En función del paradigma se contraponen dos modelos: - Evaluación centrada en los objetivos (clásica, racionalista, positivista): surge en los años cincuenta y su modelo lo desarrolló Ralph Tyler. Parte de que los programas se diseñan para alcanzar objetivos específicos y su éxito se mide por el grado en que se alcanzan. Su proceso es lineal: especificación de metas, delimitación jerárquica de objetivos en términos medibles y selección de instrumentos de medida; recurre a diseños experimentales o cuasiexperimentales y a grupos de control. Su utilidad es mayormente técnica. - Evaluación pluralista, naturalista o participativa: Guba y Lincoln (1987) formularon la alternativa más radical; para ellos no es posible la objetividad, porque el observador interactúa con lo observado. Su exponente más destacado en Europa es el francés Eric Monnier. Parte de que existe una diversidad de percepciones sobre los criterios y de que lo importante es facilitar un amplio diálogo entre sus defensores; representa el reconocimiento de la naturaleza política de la evaluación, abre el proceso a múltiples actores y busca conclusiones útiles para ellos. Para Weiss (1983), en la medida en que la evaluación pluralista legitima la diversidad de intereses y promueve la participación de los grupos, «democratiza» la evaluación. Entre sus ventajas: puede realizarse en periodos relativamente cortos, no compromete grandes recursos, responde a las necesidades de los usuarios y permite un estrecho contacto con la realidad. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 82-86.)
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AEVAL (2010) clasifica la evaluación. Por el modo de investigación: descriptiva (parámetros cuantitativos de los beneficiarios; típica de la implementación) y analítica (causa-efecto; típica del impacto). Por el propósito (Scriven, 1967): formativa o de proceso (información progresiva durante el programa para modificarlo) y recapitulativa o sumativa (valoración global para continuar o suspender; exige que pase tiempo). Por los evaluadores: interna (familiarización), externa (se le reclama objetividad «si bien no justificada») y mixta (la más recomendable).
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Crea tu cuenta gratis para verlasFundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) clasifica la evaluación: En cuanto al modo de investigación: - Evaluación descriptiva: obtiene parámetros cuantitativos aplicables a los grupos que se benefician de una política o programa; las evaluaciones de implementación suelen ser descriptivas. - Evaluación analítica: intenta responder a cuestiones de causa-efecto con modelos teóricos y diseños de investigación adecuados (Cohen y Franco, 1988); las evaluaciones de impacto suelen ser analíticas. En función del propósito, con los términos adoptados por Scriven (1967) en la evaluación de programas educativos: - Evaluación formativa o de proceso: obtiene información de forma progresiva, durante el desarrollo de la política o programa, para que sus responsables introduzcan modificaciones. - Evaluación recapitulativa, sumativa, conclusiva o de resultados (del inglés «summative»): proporciona información para una valoración global de los resultados y su utilidad, para decidir si continuar con el programa o suspenderlo; requiere que haya pasado un intervalo suficiente de tiempo. Se corresponde con la evaluación de resultados, de eficiencia y de impacto. En cuanto a los evaluadores: - Evaluación interna (autoevaluación): su ventaja es la mayor familiarización con el ámbito administrativo y con la intervención. - Evaluación externa: realizada por especialistas externos contratados por la Administración; se le reclama objetividad e independencia, «si bien no justificada», según la obra. - Evaluación mixta: equipos formados por personal ajeno al programa y por responsables de su gestión y ejecución; es, según la obra, lo más recomendable, porque ambas presentan ventajas e inconvenientes. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 86-87 y 89.)
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Resumen
Según AEVAL (2010), por el momento se distinguen: ex ante, antes de ejecutar, para analizar la adecuación a las necesidades y garantizar a priori los objetivos («el ideal de una cultura que ha implantado con éxito la evaluación»); intermedia o in itinere, «a medio camino», cuando empiezan los resultados, para corregir diseño o ejecución (el seguimiento no es evaluación de implementación); y ex post, tras finalizar, con lógica «de abajo arriba» para enjuiciar éxito, estrategia, eficacia y eficiencia. El momento condiciona finalidades y usos.
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Crea tu cuenta gratis para verlasSegún Fundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010), en función de la perspectiva temporal, es decir, del momento en que se evalúa respecto de la puesta en marcha, se distinguen: - Evaluación ex ante: se realiza antes de ejecutar el plan, programa o política. Su objetivo principal es analizar la adecuación de la intervención a las necesidades que la motivan y sus posibilidades de éxito, y pretende garantizar a priori que conseguirá los objetivos de la planificación. Es «el ideal de una cultura que ha implantado con éxito la evaluación». En ella cabe todo tipo de evaluación de contenido: necesidades, teoría del programa, cobertura, efectos de la implantación, previsibles resultados e impacto. - Evaluación intermedia (intra, durante o in itinere): se lleva a cabo «a medio camino», cuando empiezan a producirse los resultados. Consiste en el análisis crítico de los datos recogidos y en la medición de cómo se alcanzan los objetivos, explicando las diferencias y estimando anticipadamente los resultados finales. Aporta datos sobre la validez de la intervención, la pertinencia de los objetivos y la calidad del sistema de gestión y seguimiento, para introducir modificaciones en el diseño o la ejecución. Los sistemas de seguimiento son inapreciables, pero no deben confundirse con la evaluación de implementación, que es más amplia y profunda. - Evaluación ex post: se realiza una vez finalizada la intervención. Permite enjuiciar su éxito, el acierto de la estrategia, su flexibilidad y capacidad de adaptación, su eficacia y eficiencia y la adecuación de los mecanismos de gestión y seguimiento. Su lógica es «de abajo arriba»: a través de los resultados averigua la lógica de la intervención y las desviaciones producidas. La decisión sobre el momento de evaluar afecta a las finalidades y a la utilización de la evaluación. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 47 y 88-89.)
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AEVAL (2010) sigue la jerarquía de Alvira: necesidades, diseño, evaluabilidad, implementación, seguimiento, cobertura, resultados, impacto y económica (hoy el seguimiento no es evaluación). La de necesidades es el primer paso racional: analiza el problema y su importancia. La de diseño o conceptualización (Rossi y Freeman, 1985) examina el problema, la formulación y la racionalidad intrínseca. El IEPP (2020) la define sobre una lógica causal (teoría del cambio) y la ve útil ex ante, durante la implementación y ex post. Para Rossi, Lipsey y Freeman (2003), el nivel fundacional es la necesidad.
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Crea tu cuenta gratis para verlasFundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) sigue a Alvira, que recomienda un criterio analítico-lógico y distingue tipos con cierta relación jerárquica: evaluación de necesidades; del diseño o conceptualización; de la evaluabilidad; de implementación o proceso; de seguimiento; de la cobertura; de resultados; de impacto, y económica. La obra precisa que hoy el seguimiento no se considera una evaluación, que el propio Alvira incluye la cobertura en la implementación y que las fases no son necesariamente sucesivas. - Evaluación de necesidades (de diagnóstico de necesidades): es el primer paso racional en el desarrollo de una intervención; analiza las características esenciales del problema que se quiere solucionar y su importancia. - Evaluación de la conceptualización o del diseño: según Rossi y Freeman (1985), proporciona información sobre el problema del que se ocupa o debería ocuparse la política, sobre el proceso de formulación y diseño, y sobre la racionalidad intrínseca de la intervención, es decir, hasta qué punto su diseño sirve a sus objetivos. Se centra en la población objeto, los problemas de cobertura y la articulación objetivos-medidas. La Guía de evaluación de diseño del IEPP (2020) la define como la actividad que analiza de forma sistemática el problema que justifica una intervención pública, la elección de la intervención para resolverlo en su contexto y la conceptualización y diseño de dicha intervención basándose en una lógica causal (teoría del cambio). Según Rossi, Lipsey y Freeman (2003), las evaluaciones forman una jerarquía cuyo nivel fundacional es la necesidad del programa. Para el IEPP, la evaluación de diseño es útil ex ante (rediseño inmediato), durante la implementación (rediseño temprano) y ex post (explicar si los resultados deficientes se deben al diseño, a la implementación o a otros factores). (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 90-91; Guía de evaluación de diseño de políticas públicas, IEPP, 2020, págs. 8-12.)
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Resumen
Según AEVAL (2010), Wholey (1981) propuso evaluar la evaluabilidad como paso previo para evitar gastos inútiles: más del 50 % de los programas no son evaluables. Se aplica antes de una gran evaluación para ver si sería eficaz, eficiente y viable, y es ex post respecto a la intervención. Revela la calidad de la conceptualización, sigue una lógica «de abajo arriba», verifica la información, busca cooperación y es rápida. La Ley 27/2022 (art. 11) exige un Informe de Evaluabilidad antes de aprobar anteproyectos de ley, planes estratégicos e iniciativas de políticas.
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Crea tu cuenta gratis para verlasSegún Fundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010), S. Wholey (1981) planteó la necesidad de evaluar la evaluabilidad de un programa como paso previo formalizado que evite gastos y esfuerzos innecesarios. La experiencia de otros países muestra que más del 50 % de los programas no son evaluables por problemas de especificación de objetivos, de implementación o de coherencia de sus actividades. La evaluabilidad se aplica antes de una evaluación de gran envergadura para determinar si la intervención es evaluable: si evaluar sería eficaz, eficiente y viable. La obra precisa que es una evaluación ex post respecto a la intervención, no una evaluación ex ante. Sus características: - Saca a la luz la calidad de la conceptualización del programa: diseño, necesidades y objetivos. - Responde a una lógica sistemática «de abajo arriba». - Verifica la existencia y accesibilidad de la información necesaria; si no hay datos suficientes o relevantes, desaconsejará la evaluación. - Informa sobre la disposición del entorno gestor y busca un clima de cooperación entre evaluados y evaluadores. - Analiza los recursos para la evaluación, puede realizarse en un tiempo relativamente corto y alcanzar una amplia utilización. La Ley 27/2022, de 20 de diciembre, obliga a que los anteproyectos de ley, los planes estratégicos y las iniciativas que desarrollen políticas públicas incorporen, antes de su aprobación, un Informe de Evaluabilidad (art. 11.1). Valorará, como mínimo, la calidad de la planificación, la existencia de un sistema de información, seguimiento y evaluación, y la gobernanza de la política (art. 11.2). Puede hacerlo un equipo interno o externo, y el órgano responsable debe explicar, en su caso, su separación de las recomendaciones (art. 11.3 y 11.5). (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, pág. 92; Ley 27/2022, art. 11.)
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AEVAL (2010): un programa puede fallar porque su puesta en marcha no funciona como se planeó. La evaluación de implementación o proceso valora la cobertura y la forma en que se administra la intervención (Rossi y Freeman, 1985). Alvira separa implementación y proceso, y la cobertura; Rossi y Freeman la incluyen. El monitoreo no es evaluación. Bustelo: hay que investigar la «teoría del programa». La evaluación de cobertura no se queda en la tasa (porcentaje de población objeto afectada): analiza sesgo y barreras, conocimiento del programa, accesibilidad y aceptación.
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Crea tu cuenta gratis para verlasFundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) explica que un programa o política puede no conseguir los efectos deseados porque su puesta en marcha no funciona como se había planeado. La evaluación de implementación o de proceso valora de forma sistemática y periódica dos cuestiones fundamentales (Rossi y Freeman, 1985): - La cobertura de la intervención: hasta qué punto el programa o política alcanza a la población o al área a los que se dirige. - La forma en que la intervención se administra, tanto en la utilización de sus recursos como en los servicios finalmente distribuidos. Evaluación de implementación y de proceso se usan casi siempre indistintamente; Alvira las separa, aunque se solapan, y la categoría superior sería la evaluación de implementación. Rossi y Freeman incluyen en ella la de cobertura, que en el escalograma de Alvira aparece separada. Dentro de la fase de implementación la obra sitúa la evaluación de cobertura, de proceso, de desempeño o esfuerzo, de calidad de la atención y de productos o resultados intermedios; el monitoreo y seguimiento no se considera una evaluación. La profesora Bustelo, compartida por Alvira, advierte que para realizar una buena evaluación de implementación hay que identificar e investigar la «teoría del programa», es decir, la teoría que sustenta la intervención. La evaluación de la cobertura parte de que una intervención es un conjunto de actividades aplicadas a una población objeto. No se trata solo de calcular la tasa de cobertura (el porcentaje de la población objeto afectada por el programa), sino de analizar si existe sesgo y las barreras de acceso. Ante problemas de infracobertura o sesgo, es clave analizar el conocimiento del programa por la población destinataria, la accesibilidad física y la aceptación y receptividad. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 93-94.)
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AEVAL (2010) considera ex post por excelencia la de resultados o eficacia, la de impacto y la de eficiencia (evaluación económica). Resultados: con objetivos operacionales, demostrar que los cambios se deben a la intervención; resultados en la población objeto, impactos también en la sociedad. Impacto: efectos más allá de los previstos (criterio de extensión de Abdala, 2004), de todo tipo. Económica: impacto en función del coste (coste-eficacia, coste-beneficio, coste-utilidad); exige evaluación de impacto previa. Metaevaluación: «evaluación de las evaluaciones».
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasFundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) considera tres evaluaciones ex post «por excelencia»: la de resultados o de eficacia, la de impacto y la de eficiencia, que después desarrolla bajo el epígrafe «Evaluación económica». - Evaluación de resultados o de eficacia: presupone objetivos operacionales indicativos del éxito o fracaso. El evaluador debe demostrar que los cambios se deben a la intervención (Rossi y Freeman, 1985); la cuestión esencial es separar los efectos del programa de otros efectos externos. La obra reserva el término resultados para los obtenidos en relación con los objetivos, esperados y no esperados, en la población objeto, y el de impactos para los producidos en esa población y, fundamentalmente, en la sociedad. - Evaluación de impacto: mide más allá que la de resultados; examina la medida en que la intervención produce efectos más allá de los previstos. Abdala (2004) introduce el criterio de extensión: los efectos que van más allá de lo planificado son impactos. Abarca todos los efectos: específicos y globales, buscados o no, positivos, negativos o neutros, directos o indirectos. Los impactos son clave en la evaluación de las políticas públicas. - Evaluación económica (la de eficiencia): juzga el impacto en función de su coste e incluye el análisis coste-eficacia o efectividad, el coste-beneficio y el coste-utilidad; requiere una evaluación de impacto previa. - Metaevaluación: análisis de los resultados de varias evaluaciones, que proporciona información sintética sobre el conocimiento existente de una política; solo es posible cuando se ha realizado y publicado un número considerable de evaluaciones. A veces consiste en repetir un estudio reanalizando sus datos (Hudson y McRoberts, 1984). Puede describirse como la «evaluación de las evaluaciones». La obra recuerda el origen disciplinar de algunas técnicas: el análisis coste-beneficio procede de las ciencias económicas y la evaluación de impacto, primero de la Ingeniería y luego de las Ciencias sociales. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 82 y 94-97.)
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La Ley 27/2022 fija modalidades flexibles. Por contenido (art. 9.1): de diseño, de implementación y de resultados e impactos, con enfoque integral (art. 9.2) y participación (art. 9.3). Por fase (art. 10.1): ex ante, intermedia y ex post; evaluaciones intermedias obligatorias en políticas de cuatro años o más (art. 10.2). Indicadores desde el diseño en un sistema de información (art. 12.1), al menos de realización, de resultados y de impacto (art. 12.2), específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalmente determinados (art. 12.3). Crea el Sistema de Indicadores Comunes (art. 14).
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Crea tu cuenta gratis para verlasLa Ley 27/2022, de 20 de diciembre, establece un marco flexible de modalidades de evaluación. Según su contenido y objeto (art. 9.1): - a) Evaluación de diseño: se centra en los elementos que justifican la necesidad de la política pública y en su diseño. - b) Evaluación de implementación: valora el despliegue y el progreso de la ejecución, así como los mecanismos internos y los recursos. - c) Evaluación de resultados e impactos: atiende a la consecución de los objetivos, analizando los efectos sobre sus destinatarios y sobre la población en general. Las evaluaciones adoptarán un enfoque integral, incluyendo diseño, implementación y resultados (art. 9.2), y se favorecerá la participación de los agentes implicados y de la ciudadanía afectada (art. 9.3). Según la fase temporal (art. 10.1): - a) Evaluación ex ante, cuando la política está en la fase de planificación, formulación o diseño. - b) Evaluación intermedia, durante la implementación. - c) Evaluación ex post, con posterioridad a la finalización de la ejecución. Se fijarán evaluaciones intermedias en las políticas de cuatro años o más de vigencia (art. 10.2). Las políticas contarán desde su diseño con indicadores recogidos en un sistema de información (art. 12.1), que tendrá al menos tres tipos (art. 12.2): - Indicadores de realización: miden el estado de ejecución de las acciones. - Indicadores de resultados: grado de cumplimiento de los objetivos o cambios vinculados a ellos. - Indicadores de impacto: efecto de los cambios vinculados a los resultados. Los indicadores serán específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalmente determinados (art. 12.3). La Ley define el indicador como un dato o información, individual o agrupada, que permite medir el progreso o efectos de una política pública (art. 2.7), y crea el Sistema de Indicadores Comunes (art. 14). (Ley 27/2022, de 20 de diciembre, BOE núm. 305, arts. 2, 9, 10, 12 y 14.)
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Resumen
La Guía práctica de AEVAL (2015) define los criterios como puntos de vista sobre el objeto evaluado; para García Sánchez (2010), principios, normas o ideas de valoración para emitir un juicio. Guían las preguntas y no son excluyentes ni exhaustivos (CIDEC, 1999). Hay criterios tradicionales y otros ligados a valores sociales; a veces se crean ad hoc. Pertinencia: medidas orientadas a la necesidad y objetivos congruentes con ella. Relevancia: importancia de las medidas en el marco de la política. El IEPP (2020) añade la cobertura y fija seis criterios para la evaluación de diseño.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa Guía práctica de AEVAL (2015) define los criterios como los diferentes puntos de vista o aproximaciones al objeto de evaluación; según García Sánchez (2010), son «los principios, normas o ideas de valoración en relación a los cuales se emite un juicio valorativo sobre el objeto evaluado». Proporcionan referentes para emitir juicios de valor y actúan como guías para formular las preguntas. No deben considerarse categorías excluyentes o exhaustivas (CIDEC, 1999). Junto a los criterios tradicionales (por ejemplo, coherencia, eficacia, eficiencia) existen otros, menos utilizados, vinculados a los valores sociales de las sociedades avanzadas: equidad, participación, transparencia, cohesión, legitimidad y responsabilidad. En ocasiones es preciso construir criterios ad hoc. Definiciones que utiliza AEVAL: - Pertinencia: grado en que el conjunto de las medidas de la intervención están orientadas a resolver la necesidad o problemática existente en su contexto; también, la medida en que los objetivos son congruentes con las necesidades. Si las necesidades no existen o no son las identificadas, la intervención no será pertinente. - Relevancia: importancia del papel de las medidas en el marco más amplio de la política; una intervención no es relevante si las medidas son excesivamente acotadas o se movilizan escasos recursos para la entidad del problema. La Guía de evaluación de diseño del IEPP (2020) añade la cobertura: parte de la población que se incluye como beneficiaria de la política o programa en relación con toda la afectada por el problema. Se usa sobre todo en la evaluación de implementación y de resultados, pero en la fase de diseño se relaciona con la pertinencia. Para el IEPP, los criterios de referencia en la evaluación de diseño son pertinencia, relevancia, cobertura, coherencia interna, coherencia externa y complementariedad. (Guía práctica, AEVAL, 2015, págs. 92-94; Guía de evaluación de diseño, IEPP, 2020, págs. 14-15 y 50-51.)
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Resumen
La Guía práctica de AEVAL (2015) y la del IEPP (2020) definen la coherencia interna (objetivos y medidas en un esquema lógico de causa-efecto; niveles vertical y horizontal), la coherencia externa (actuaciones de otras políticas para aspectos no contemplados por la intervención) y la complementariedad (coordinación o alineación entre dos o más políticas sobre un problema, para evitar que una anule a otra). La Comisión Europea equipara coherencia externa y complementariedad; AEVAL no. La Ley 27/2022 (art. 7) fija los criterios de valor público.
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Crea tu cuenta gratis para verlasLa Guía práctica de AEVAL (2015) y la Guía de evaluación de diseño del IEPP (2020) definen: - Coherencia interna: relación entre los objetivos de la intervención y el conjunto de medidas diseñadas e implementadas, dentro de un esquema lógico, formal y racional, con relación de causa-efecto. Falta si las medidas son contradictorias con los objetivos o no hay evidencia de que produzcan los resultados. Puede presentar niveles verticales (entre objetivos de diferente nivel) u horizontales (entre objetivos de diferentes componentes del programa). - Coherencia externa: actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de otras políticas para resolver aspectos no contemplados por la intervención evaluada; está vinculada a la multidimensionalidad de los problemas y de las soluciones. - Complementariedad: grado de coordinación o alineación entre dos o más políticas que intervienen en la resolución de un problema, para producir las mayores ganancias y evitar que una anule o reduzca los efectos de la otra. Algunas instituciones, como la Comisión Europea, equiparan coherencia externa y complementariedad; para AEVAL operan a distinto nivel, especialmente en la evaluación de políticas públicas. La Ley 27/2022, de 20 de diciembre, establece en su artículo 7 los criterios de valor público a los que atenderán las políticas en su formulación para su evaluación: - a) Coherencia. b) Pertinencia. c) Eficacia. d) Eficiencia. - e) Sostenibilidad económica, social, laboral, ambiental o ecológica. - f) Igualdad de trato y de oportunidades. - g) Crecimiento económico y equidad. - h) Ética pública: valores constitucionales y de servicio público. - i) Otros criterios en función de la naturaleza de la política pública. - j) Prevención de la despoblación. (Guía práctica, AEVAL, 2015, págs. 94-95; Guía de evaluación de diseño, IEPP, 2020, págs. 15 y 51-52; Ley 27/2022, art. 7.)
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Según la Guía práctica de AEVAL (2015), la matriz es el documento esencial de la evaluación e integra preguntas de evaluación (unidad básica de la investigación), criterios (valoración para emitir juicios), indicadores, análisis o variables (operacionalización de las preguntas) y fuentes de verificación (datos para construir indicadores). Distingue la hipótesis de la intervención (teoría causa-efecto) de las hipótesis de evaluación. Las preguntas deben ser claras, medibles, útiles, relevantes, neutrales y adecuadas a la maduración del programa, y pueden cambiar.
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Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la Guía práctica de AEVAL (2015), la matriz de evaluación es el documento esencial para desarrollar una evaluación e integra las preguntas de evaluación, los criterios, los indicadores o análisis y las fuentes de verificación. - Preguntas de evaluación: son la unidad básica de la investigación. Para Fundamentos (AEVAL, 2010), el sistema que crea la estructura lógica de la evaluación «se basará en una serie de interrogantes e hipótesis». Estructuran el alcance, conducen el diseño y se descomponen en subpreguntas. - Criterios: elementos de valoración que permiten emitir juicios sobre las fases del ciclo de la intervención. - Indicadores, análisis o variables: la operacionalización de las preguntas, que permite obtener evidencias. - Fuentes de verificación: las fuentes, herramientas o datos que posibilitan construir los indicadores. La Guía distingue dos tipos de hipótesis: - La hipótesis de la intervención: la teoría, explicitada o no, con relaciones de causa-efecto, según la cual la intervención, al incidir en las causas, producirá los efectos que resolverán el problema. - Las hipótesis de evaluación: suposiciones sobre aspectos o resultados de la intervención que conviene formular en la evaluación, consensuadas con gestores o incorporadas por el evaluador. Para ser investigables, las preguntas deben ser claras y específicas; medibles (factibles); responder a las necesidades de quien encarga la evaluación (utilidad); suficientes y apropiadas (relevantes, válidas y fiables); objetivas y políticamente neutrales, sin presumir la respuesta, y apropiadas al estado de maduración del programa. Desde el punto de vista teórico se sostiene habitualmente que cada pregunta debe ajustarse a un solo criterio, aunque algunas pueden responder a distintos criterios, lo que debe valorarse en cada caso. Las preguntas no permanecen inalterables durante el proceso. (Guía práctica, AEVAL, 2015, págs. 88-92; Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, pág. 80.)
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AEVAL (2010) define la lógica de la intervención como las actividades, los efectos esperados (productos, resultados e impactos) y los supuestos que explican cómo unas llevan a otros. La lógica «fiel» deduce los efectos de los objetivos oficiales. La Guía de diseño del IEPP (2020) separa la teoría de la acción (operativa: objetivos generales, específicos y operativos y actividades) y la teoría del cambio (estratégico-reflexiva: explica cómo y por qué la intervención resolverá el problema). Modelos lógicos: cadena de resultados (sencillas) y matriz de marco lógico (complejas).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasFundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) define la lógica de la intervención como el conjunto de actividades puestas en práctica, los efectos esperados (productos, resultados e impactos) y los supuestos que explican cómo las actividades conducirán a los efectos en su contexto. Reconstruirla sirve para aclarar los objetivos y traducirlos en una jerarquía de efectos esperados, sugerir preguntas de evaluación y evaluar la coherencia interna. La lógica «fiel» deduce los efectos de los objetivos de los documentos oficiales; es pertinente cuando los objetivos son precisos y verificables. La obra distingue dos modos de investigación: análisis teórico y análisis empírico (observación in situ). La Guía de evaluación de diseño del IEPP (2020) distingue dos elementos del diseño de una intervención: - La teoría de la acción o de implementación, más operativa: refleja el despliegue jerárquico en objetivos generales o estratégicos, específicos y operativos, y las actividades y medidas para conseguirlos. - La teoría del cambio, más estratégico-reflexiva: el razonamiento reflexivo causal que explica las opciones estratégicas y articula los supuestos de una lógica de intervención basados en un cambio deseado; explica cómo y por qué la intervención resolverá el problema. También se denomina teoría, hipótesis o lógica causal de la intervención. Para Vogel (2012), es tanto un proceso como un producto. Para representar la teoría de la acción se usan modelos lógicos; los más utilizados son la cadena de resultados (representación lineal de objetivos, actividades, productos, resultados e impactos, útil para intervenciones sencillas) y la matriz de marco lógico, más adecuada para intervenciones complejas, que permite una lectura horizontal y vertical. El marco lógico de la Comisión Europea incluye una columna de hipótesis. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 78-80; Guía de evaluación de diseño, IEPP, 2020, págs. 13-14 y 36-39.)
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Resumen
AEVAL (2010) define la institucionalización de la evaluación como el establecimiento de mecanismos e instancias permanentes que la aplican, promueven y se comprometen con la rendición de cuentas. El Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, creó la AEVAL y aprobó su Estatuto; fue el primero de los organismos de la Ley 28/2006. Trabajaba para tres destinatarios: decisores públicos, gestores públicos y ciudadanía. Evaluaba políticas en sus niveles estratégico y operativo, sobre todo por mandato del Gobierno (Plan de Trabajo anual del Consejo de Ministros). Actividad: 2007-2017.
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Crea tu cuenta gratis para verlasFundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) define la institucionalización de la evaluación como el establecimiento de mecanismos e instancias permanentes que la aplican, la promueven y se comprometen con la rendición de cuentas de los resultados de las acciones públicas. La corriente evaluadora en España se desarrolla desde dos ámbitos: la exigencia ciudadana y la necesidad política y de gestión de calidad de los servicios públicos. España es uno de los estados más descentralizados del contexto europeo. El Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, en virtud de la disposición adicional primera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, creó la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) y aprobó su Estatuto. Según la Guía práctica de AEVAL (2015), fue el primero de los organismos regulados por la Ley 28/2006. Su propósito era contribuir a: - Mejorar los servicios públicos y el conocimiento de los efectos de las políticas y programas. - Promover una mayor racionalidad del gasto público. - Favorecer la productividad y la competitividad de la economía, eliminando trabas burocráticas. - Aumentar la rendición de cuentas a los ciudadanos y la calidad democrática. La Agencia dirigía sus trabajos a tres destinatarios: los decisores públicos (uso estratégico), los gestores públicos (dimensión estratégica-operativa y de calidad) y la ciudadanía (participación, transparencia y responsabilidad). Su objeto de evaluación eran las políticas públicas en sus dos niveles, estratégico y operativo. El grueso de su actividad derivaba de los mandatos de evaluación del Gobierno, aunque su Estatuto preveía también encargos directos por convenio; el Plan de Trabajo anual, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, recogía la mayor parte de sus evaluaciones. La Guía de evaluación ex ante del IAAP (2017) sitúa la actividad de AEVAL entre los años 2007 y 2017. (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, AEVAL, 2010, págs. 39-43; Guía práctica, AEVAL, 2015, págs. 15 y 32; Guía de evaluación ex ante, IAAP, 2017, pág. 26.)
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El IEPP (Real Decreto 307/2020) sucedió a AEVAL.La Ley 27/2022 autorizó la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, independiente y autónoma en la evaluación, adscrita entonces a la Secretaría de Estado de Función Pública. El Real Decreto 65/2026 aprueba su Estatuto: AEEPP, adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; órganos de gobierno, Presidencia (titular del Ministerio) y Consejo Rector; órgano ejecutivo, la Dirección (cinco años). Arranca con la sesión constitutiva del Consejo Rector (máximo tres meses) y suprime el IEPP.
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Crea tu cuenta gratis para verlasLa Guía de evaluación de diseño (2020) presenta al Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas (IEPP), regulado por el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, como el organismo referente en la Administración General del Estado en materia de evaluación, y a AEVAL como su antecesora. La Ley 27/2022, de 20 de diciembre, autoriza la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas como organismo público con personalidad jurídica pública y patrimonio propios, que en sus funciones de evaluación actuará con independencia y autonomía (art. 29.1). Sus fines son la supervisión, coordinación e impulso del sistema público de evaluación en la AGE; la coordinación y apoyo a los departamentos ministeriales; la promoción de relaciones con los sistemas de evaluación de otras administraciones, y la realización de las evaluaciones que se determine (art. 29.2). La Ley la adscribía a la Secretaría de Estado de Función Pública (art. 29.4), y el IEPP ejercería sus funciones hasta su funcionamiento efectivo (disposición transitoria única). El Real Decreto 65/2026, de 3 de febrero, aprueba su Estatuto. La Agencia, de siglas AEEPP, es una entidad de derecho público del artículo 84.1.a) de la Ley 40/2015, adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Sus órganos de gobierno son la Presidencia, que asume el titular de ese Ministerio, y el Consejo Rector; su órgano ejecutivo es la Dirección, con un mandato de cinco años. Su puesta en funcionamiento se produce con la sesión constitutiva del Consejo Rector, en el plazo máximo de tres meses, que determina la supresión del IEPP, cuyo personal se integra en la Agencia. La aprobación del Estatuto es el hito CID 149 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Guía de evaluación de diseño, IEPP, 2020, pág. 5; Ley 27/2022, art. 29 y disp. trans. única; Real Decreto 65/2026, preámbulo, disps. adics. 1.ª, 5.ª y 6.ª y arts. 1, 12 y 13 del Estatuto.)
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El título III de la Ley 27/2022 fija el marco institucional de la evaluación en la AGE. Planes: de Evaluaciones Estratégicas del Gobierno (cuatrienal, lo aprueba el Consejo de Ministros y lo elabora la Agencia) y departamental (bienal, se presenta a la Comisión Superior de Evaluación y lo aprueba la Agencia). Evaluación ex ante y ex post obligatoria de políticas relevantes, e intermedia si duran cuatro o más años. Órganos: Unidades de Coordinación, Comisión Superior, Agencia (Memoria anual a las Cortes), Consejo General de Evaluación y Portal temático.
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl título III de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, establece el marco institucional de la evaluación en la Administración General del Estado. Planificación: - Plan de Evaluaciones Estratégicas del Gobierno: cuatrienal; lo aprueba y publica el Consejo de Ministros a propuesta del titular del ministerio competente en función pública, y lo elabora la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Incluye políticas relevantes por su impacto social y económico y su gasto (art. 24). - Plan de Evaluación departamental: bienal; se presenta a la Comisión Superior de Evaluación y lo aprueba la Agencia (art. 25). - Evaluaciones obligatorias: cada ministerio asegurará una evaluación ex ante y una ex post de las políticas con especial repercusión presupuestaria o gran relevancia social o económica, y una intermedia si duran cuatro o más años (art. 26). Organización: - Unidad de Coordinación de Evaluación de políticas públicas: en cada ministerio, interlocutora ante la Agencia (art. 27). - Comisión Superior de Evaluación: órgano colegiado de coordinación, cooperación y participación en la AGE, que se creará por real decreto y tendrá un Grupo de Trabajo de indicadores (art. 28). - Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (art. 29), que presentará en el último trimestre de cada año una Memoria a las Cortes Generales sobre el estado de la institucionalización de la evaluación (art. 30). - Consejo General de Evaluación: órgano colegiado participativo, consultivo y asesor, para la cooperación institucional y la participación de la sociedad civil, de composición equilibrada entre mujeres y hombres (art. 31). - Portal temático de evaluación de políticas públicas, gestionado por la Agencia, con carácter colaborativo y participativo (art. 32). La Ley se aplica a la AGE y sus organismos, excluye la auditoría, el control interno y la calidad de los servicios objeto de regulación específica y tiene carácter supletorio (art. 3). (Ley 27/2022, de 20 de diciembre, BOE núm. 305, arts. 3 y 24 a 32.)
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Según la Guía de evaluación ex ante del IAAP (2017), el IAAP lidera, promueve e impulsa el modelo de evaluación de la Junta. Mandato legal: artículo 138 del Estatuto de Autonomía (una ley regulará el sistema de evaluación) y Ley 1/2014 de Transparencia (art. 12). El Decreto 206/2015 hizo del IAAP la herramienta para impulsar la evaluación. El Área de Evaluación nació en 2016, funcional y no estructural, con la hoja de ruta «Evaluación de Políticas Públicas. Junta de Andalucía 2016» (tres objetivos), tres profesionales, OTEVAL y redes de apoyo.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la Guía de evaluación ex ante del IAAP (2017), el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) es el organismo encargado de liderar, promover e impulsar la creación de un modelo de evaluación de políticas públicas en el ámbito de la Junta de Andalucía. La Guía recuerda que la evaluación tiene en Andalucía un mandato legal: - El artículo 138 del Estatuto de Autonomía establece que una ley debe regular la organización y funcionamiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas. - La Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, reconoce en su exposición de motivos la evaluación como instrumento para la transparencia, y su artículo 12 dispone que las administraciones, sociedades mercantiles y fundaciones públicas andaluzas evaluarán el grado de cumplimiento y los resultados de sus planes y programas. La evaluación de realización y resultados del Área de Evaluación de Políticas Públicas (IAAP, 2016-2018) explica que el Decreto 206/2015, de 14 de julio, de estructura de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, encomendó al IAAP el impulso de la planificación y evaluación de políticas públicas: su disposición final segunda dispone que el IAAP «será también la herramienta que impulsará la evaluación de las políticas públicas». El Área de Evaluación de Políticas Públicas se creó en 2016, de forma funcional y no estructural. Su hoja de ruta fue el documento estratégico «Evaluación de Políticas Públicas. Junta de Andalucía 2016», con tres objetivos: promover una cultura de evaluación en la organización, articular los medios para implantar el sistema de evaluación y evaluar políticas públicas. El Área la integraban tres profesionales, con el apoyo de la Oficina Técnica de Evaluación (OTEVAL, tres personas), una red de unas 40 personas colaboradoras y una Red Profesional de unas 350 personas. Desde abril de 2016, más de 40 profesionales forman el Grupo de Personas Evaluadoras de Políticas Públicas. (Guía de evaluación ex ante de políticas públicas, IAAP, 2017, págs. 21-22; Evaluación de realización y resultados del Área de EPP 2016-2018, IAAP, 2019, págs. 3-6.)
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El Decreto 164/2022 atribuye a la Secretaría General para la Administración Pública el impulso, dirección y coordinación de la evaluación, y al IAAP su gestión. La Resolución de 31 de marzo de 2025 crea SEPA, sistema único e interno para elaborar, seguir y evaluar los planes estratégicos; es obligatoria para el diseño y seguimiento y para las evaluaciones ex ante, intermedia y ex post. La Secretaría General la implanta; el IAAP asesora y elabora el documento técnico de evaluabilidad. En 2024 el Servicio estructuró su catálogo en ocho servicios.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl Decreto 164/2022, de 9 de agosto, de estructura de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, atribuye a la Secretaría General para la Administración Pública el impulso, dirección y coordinación de la evaluación de las políticas públicas (art. 8.2.b), y al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) la gestión de la evaluación (disposición final segunda), según recoge la Resolución de 31 de marzo de 2025 de dicha Secretaría General (BOJA núm. 64, de 3 de abril de 2025). Esa Resolución establece la herramienta para el Seguimiento y Evaluación de Planes y Programas de Andalucía (SEPA), plataforma digital y sistema único e interno de elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a través de los planes estratégicos que aprueben el Consejo de Gobierno y los titulares de las Consejerías. Su uso es obligatorio para: - El diseño y el seguimiento del plan estratégico. - La evaluación ex ante, en la fase de planificación, formulación o diseño. - La evaluación intermedia, durante la implementación. - La evaluación ex post, cuando el plan ha finalizado. La Secretaría General es responsable de su implantación; el IAAP, como órgano gestor de la evaluación, presta apoyo y asesoramiento y elabora el documento técnico de evaluabilidad. Entró en funcionamiento al día siguiente de su publicación. La Memoria 2024 del Servicio de Evaluación de Políticas Públicas del IAAP recoge que a comienzos de 2024 se aprobó una relación de puestos de trabajo de evaluación con el Servicio, dos Departamentos y asesorías técnicas, y que su catálogo se estructuró en ocho servicios. El análisis de evaluabilidad lo realizan tres personas evaluadoras externas del Grupo de Personas Evaluadoras con el check list del IAAP, y el Documento Técnico de Evaluabilidad se envía al Consejo de Gobierno con el plan como aval de que podrá ser evaluado. (Resolución de 31 de marzo de 2025, BOJA núm. 64, págs. 1-3; Memoria año 2024, Servicio de EPP, IAAP, 2025, págs. 3-4 y 9.)
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La Guía de evaluación ex ante del IAAP (2017) entiende por evaluación ex ante todo análisis valorativo previo a implantar una política: pertinencia, alternativas y adecuación de las acciones. Propone un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y seis fases esenciales: antecedentes, alcance y objetivos, grupo de coordinación, hoja de ruta, trabajo de campo e informes, y análisis de evaluabilidad. No es obligatoria pero sí muy recomendable, y es gratuita con las personas evaluadoras del IAAP. En 2024 el Servicio trabajó en la de ocho planes.
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Crea tu cuenta gratis para verlasLa Guía de evaluación ex ante de políticas públicas del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP, 2017) entiende por evaluación ex ante (EeA) todo análisis valorativo realizado antes de implantar una política. Puede valorar la pertinencia de la acción pública prevista, comparar alternativas de actuación y analizar si el conjunto de acciones es el más adecuado. Pretende evitar programas que no responden a problemas concretos, con diseños débiles o con bajo rendimiento en impacto o eficiencia. El IAAP propone un enfoque mixto, que combina técnicas cuantitativas y cualitativas. La guía considera esenciales seis fases: - 1. Antecedentes (solicitud, etapa de la política, estrategia, mapa de actores, fecha del informe). - 2. Establecer el alcance de la evaluación y sus objetivos. - 3. Constituir el grupo de coordinación (grupo que elabora el plan y equipo evaluador). - 4. Establecer la hoja de ruta: análisis documental; análisis de la situación de partida; línea base y análisis contrafactual; teoría del cambio; opinión de personas expertas, y consulta pública. - 5. Desarrollar el trabajo de campo y redactar los informes. - 6. Analizar la evaluabilidad de la política. Sus beneficios se agrupan en diseñar mejores políticas, incluir otros puntos de vista, transparencia y rendición de cuentas, y aprendizaje. La EeA no es obligatoria, pero sí muy recomendable, y es gratuita si la realizan las personas evaluadoras del IAAP; los organismos de la Junta cuentan con su asesoramiento desde 2016. Según la Memoria 2024 del IAAP, la evaluación ex ante del Servicio combina el informe de coherencia interna, la valoración de personas expertas mediante cuestionario y grupo focal y la consulta pública proactiva, sumados al análisis de evaluabilidad; en 2024 se trabajó en la de ocho planes. (Guía de evaluación ex ante de políticas públicas, IAAP, 2017, págs. 11, 15-17, 26-31 y 77-79; Memoria año 2024, Servicio de EPP, IAAP, 2025, pág. 10.)
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La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública la aprobó el Consejo Directivo del CLAD por mandato de la XV Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros (Panamá, junio de 2013) y la adoptó la XXIII Cumbre Iberoamericana (Panamá, octubre de 2013). Los ciudadanos son protagonistas, no receptores inertes. La buena administración tiene triple funcionalidad: principio general, obligación de toda administración y derecho fundamental de la persona. Finalidad: reconocer ese derecho y sus derechos y deberes componentes. Cinco capítulos.
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Crea tu cuenta gratis para verlasLa Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública fue aprobada por el Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) en reunión presencial-virtual, en cumplimiento del mandato de la XV Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado (Panamá, 27 y 28 de junio de 2013), y adoptada por la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Panamá, 18 y 19 de octubre de 2013). Su preámbulo afirma que los ciudadanos «ya no son sujetos inertes, simples receptores de bienes y servicios públicos; son protagonistas principales de los asuntos de interés general». Desde la centralidad del ser humano, principio y fin del Estado, el interés general debe administrarse de forma que haga posible el libre y solidario desarrollo de cada persona. La administración pública debe estar al servicio objetivo de los intereses generales, que en el Estado social y democrático de derecho «ya no se definen unilateralmente por las administraciones públicas»; los poderes públicos deben salir al encuentro de los ciudadanos en la construcción de las políticas públicas. La buena administración pública tiene una triple funcionalidad: es un principio general de la administración y del derecho administrativo; una obligación de toda administración derivada del Estado social y democrático de derecho, y, desde la perspectiva de la persona, un derecho fundamental del que derivan derechos componentes. La finalidad de la Carta es el reconocimiento del derecho fundamental de la persona a la buena administración pública y de sus derechos y deberes componentes, para que los ciudadanos asuman mayor conciencia de su posición central en el sistema administrativo (apdo. 1). Se divide en cinco capítulos: finalidad, principios, derecho fundamental y derechos derivados, deberes y protección. (Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, CLAD, 2013, preámbulo y apdo. 1.)
Resumen
El capítulo segundo de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (CLAD, 2013) parte de que la administración sirve con objetividad al interés general y enumera los principios base de la buena administración, entre ellos: servicio objetivo, promocional, racionalidad, igualdad de trato, eficacia (satisfacer necesidades), eficiencia (resultados respecto a recursos), economía (uso racional de recursos), evaluación permanente, ética, proporcionalidad, buena fe, celeridad y debido proceso.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl capítulo segundo de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (CLAD, 2013) parte de que la administración pública «sirve con objetividad al interés general» y actúa con pleno sometimiento a las leyes y al derecho. Los principios que constituyen la base del derecho fundamental a la buena administración son, en el orden de la Carta (apdos. 2 a 24): - Servicio objetivo a los ciudadanos. - Principio promocional de los poderes públicos: crear las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, fomentando la participación para que los ciudadanos contribuyan a definir el interés general. - Racionalidad, que se extiende a la motivación y argumentación de las actuaciones. - Igualdad de trato. - Eficacia, ordenada a la mayor y mejor satisfacción de las necesidades y expectativas del ciudadano. - Eficiencia: optimizar los resultados en relación con los recursos. - Economía: uso racional de los recursos públicos. - Responsabilidad por las lesiones derivadas del funcionamiento de los servicios. - Evaluación permanente de la administración pública, para su mejora continua. - Universalidad, asequibilidad y calidad de los servicios públicos. - Ética. - Participación. - Publicidad y claridad de las normas y procedimientos. - Seguridad jurídica, previsibilidad, claridad y certeza normativa. - Proporcionalidad. - Ejercicio normativo del poder, que prohíbe el abuso o exceso de poder. - Objetividad, fundamento de la imparcialidad e independencia. - Buena fe. - Facilitación. - Celeridad. - Transparencia y acceso a la información de interés general. - Protección de la intimidad. - Debido proceso. (Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, CLAD, 2013, apdos. 2 a 24.)
Resumen
Según la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (CLAD, 2013), el derecho fundamental a la buena administración consiste en que los asuntos públicos se traten con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad y se resuelvan en plazo razonable. Ciudadano equivale a persona o habitante, salvo derechos políticos. Derechos componentes, entre otros: motivación, tutela efectiva, no presentar documentos que ya tenga la administración, ser oído, alegaciones, recursos, copia sellada y conocer el responsable de la tramitación.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (CLAD, 2013), los ciudadanos son titulares del derecho fundamental a la buena administración pública, que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al servicio de la dignidad humana (apdo. 25). La Carta advierte que, salvo los derechos reservados a los titulares de derechos políticos, el concepto de ciudadano equivale al de persona o habitante. El derecho se compone, entre otros, de los siguientes derechos (apdos. 26 a 46): - A la motivación de las actuaciones administrativas. - A la tutela administrativa efectiva. - A una resolución amparada en el ordenamiento jurídico, equitativa y justa. - A presentar peticiones por escrito o de palabra; la forma de relación la elige el ciudadano. - A no presentar documentos que ya obren en poder de la administración. - A ser oído antes de que se adopten medidas desfavorables. - De participación en las actuaciones administrativas, especialmente en audiencias e informaciones públicas. - A servicios públicos y de interés general de calidad. - A conocer y opinar sobre el funcionamiento y la calidad de los servicios. - A formular alegaciones. - A presentar quejas, reclamaciones y recursos. - A conocer las evaluaciones de gestión de los entes públicos y a proponer medidas de mejora. - De acceso a la información pública y a los expedientes que les afecten. - A copia sellada de los documentos presentados. - A ser informado y asesorado en asuntos de interés general. - A ser tratado con cortesía y cordialidad. - A conocer el responsable de la tramitación. - A conocer el estado de los procedimientos. - A ser notificado por escrito. - A participar en asociaciones o instituciones de usuarios de servicios públicos. - A exigir el cumplimiento de las responsabilidades del personal al servicio de la administración. (Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, CLAD, 2013, preámbulo y apdos. 25 a 46.)
Resumen
La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (CLAD, 2013) completa el estatuto del ciudadano con deberes correlativos a sus derechos: lealtad (acatar la Constitución y el ordenamiento), buena fe (uso legítimo de la información, sin maniobras dilatorias), veracidad (nada falso o temerario a sabiendas), responsabilidad (sin solicitudes improcedentes reiteradas), respeto y decoro, y colaboración, sobre todo tributaria. El derecho tiene protección administrativa y jurisdiccional de los derechos humanos.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (CLAD, 2013) completa el estatuto del ciudadano, «por obvias razones de equilibrio», con un capítulo de deberes. El estatuto del ciudadano en relación con la administración está compuesto por el derecho fundamental a la buena administración y sus derechos componentes, así como por los deberes que definen su posición jurídica. Los ciudadanos tienen, correlativamente con sus derechos, entre otros, los siguientes deberes (apdos. 47 a 53): - Lealtad: acatar con lealtad la Constitución, las leyes y el entero ordenamiento jurídico. - Buena fe: utilizar con interés legítimo la información obtenida de la administración y abstenerse de maniobras dilatorias. - Veracidad: evitar toda afirmación o aportación falsa o temeraria a sabiendas. - Responsabilidad: ejercer los derechos con la máxima responsabilidad, sin reiterar solicitudes improcedentes ni presentar acciones que supongan erogaciones innecesarias de los recursos del Estado. - Respeto y decoro con las autoridades, funcionarios y personal al servicio de la administración. - Colaboración en el buen desarrollo de los procedimientos, cumpliendo las obligaciones razonables y justas, especialmente en materia tributaria. El capítulo quinto dispone que el derecho fundamental a la buena administración pública y sus derechos componentes tendrán la protección administrativa y jurisdiccional de los derechos humanos prevista en los ordenamientos jurídicos (apdo. 54). La Carta se presenta como un marco de referencia que, en la medida en que no se oponga a la legislación de cada país, puede adecuarse a las particularidades de cada uno. Asume el contenido de otras Cartas Iberoamericanas del CLAD: de Función Pública, de Gobierno Electrónico, de Calidad en la Gestión Pública, de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (adoptada en Estoril el 1 de diciembre de 2009) y el Código Iberoamericano de Buen Gobierno. (Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, CLAD, 2013, preámbulo y apdos. 47 a 54.)
Resumen
Las fuentes sitúan a la ciudadanía como destinataria última de la evaluación. AEVAL (2010): las administraciones sirven a toda la ciudadanía y la evaluación tiene «la finalidad última de servir a la ciudadanía». La Ley 27/2022 vincula la política pública al interés general, prevé participación inclusiva con resultados públicos y obligación de motivar la omisión de sus argumentos, y exige lenguaje claro en el resumen ejecutivo del Informe Final. La Carta del CLAD reconoce el derecho a conocer las evaluaciones de gestión.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLas fuentes sobre evaluación sitúan a la ciudadanía como destinataria última de la actividad pública y de su evaluación. Fundamentos de evaluación de políticas públicas (AEVAL, 2010) afirma que las administraciones han de actuar al servicio de toda la ciudadanía, funcionando con transparencia, eficacia y calidad, comprometidas con la mejora de los servicios y la participación ciudadana en las decisiones públicas y en la definición de los intereses generales. Señala que la ciudadanía reclama servicios públicos que, a un coste razonable, resuelvan sus necesidades de forma efectiva y con calidad, y que su propuesta de definición de la evaluación tiene «la finalidad última de servir a la ciudadanía». Para los ciudadanos, el valor público radica en la mejora de los procesos políticos. La Ley 27/2022, de 20 de diciembre, vincula la política pública a la satisfacción del interés general (art. 2.1); dispone que se favorecerán instrumentos que garanticen la participación de los agentes implicados y de los sectores de la ciudadanía afectados, con un enfoque inclusivo que corrija las inequidades sociales; que los resultados de la participación serán públicos y deberá motivarse la omisión de sus argumentos (art. 9.3), y que el resumen ejecutivo del Informe Final se redactará con lenguaje claro para su comprensión por la ciudadanía (art. 22.1). Su preámbulo afirma que el fin último de las administraciones es servir a los ciudadanos y ciudadanas. La Guía de evaluación ex ante del IAAP (2017) señala entre los beneficios de consultar a la ciudadanía que conoce mejor la utilidad del trabajo de la Administración y puede percibir una mayor posibilidad de «control» sobre el gobierno. La Carta Iberoamericana del CLAD (2013) reconoce a los ciudadanos el derecho a conocer las evaluaciones de gestión de los entes públicos y a proponer medidas de mejora, y prevé que puedan ser consultados periódicamente sobre su satisfacción con los servicios (apdo. 37). (Fundamentos, AEVAL, 2010, págs. 18, 40-41 y 76; Ley 27/2022, preámbulo y arts. 2.1, 9.3 y 22.1; Guía de evaluación ex ante, IAAP, 2017, pág. 27; Carta Iberoamericana, CLAD, 2013, apdo. 37.)
Contrastada con: fondoseuropeos.hacienda.gob.es · boe.es · ws168.juntadeandalucia.es ·