Tema 12 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Artículo 1

La Unión Europea la constituyen entre sí las Altas Partes Contratantes, y los Estados miembros le atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes. Se fundamenta en el TUE y en el TFUE («los Tratados»), que tienen el mismo valor jurídico. La Unión sustituye y sucede a la Comunidad Europea. Las decisiones se tomarán de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible.

Artículo 2

La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías. Son valores comunes a los Estados miembros, en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 3

La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Ofrece un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores; establece un mercado interior y obra por un desarrollo sostenible basado en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social; establece una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro; y persigue sus objetivos por los medios apropiados, según las competencias atribuidas en los Tratados.

Artículo 4

Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros. La Unión respeta la igualdad de los Estados ante los Tratados, su identidad nacional (también la autonomía local y regional) y sus funciones esenciales; la seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado. Por el principio de cooperación leal, Unión y Estados se respetan y asisten mutuamente, y los Estados adoptan las medidas para cumplir las obligaciones de los Tratados y se abstienen de poner en peligro los objetivos de la Unión.

Artículo 5

La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución; su ejercicio, por los de subsidiariedad y proporcionalidad. Por atribución, la Unión actúa dentro de las competencias que le atribuyen los Estados en los Tratados. Por subsidiariedad, fuera de su competencia exclusiva solo interviene si los objetivos no pueden alcanzarse suficientemente por los Estados y sí mejor a escala de la Unión. Por proporcionalidad, su acción no excede de lo necesario. Los Parlamentos nacionales velan por la subsidiariedad.

Artículo 6

La Unión reconoce los derechos, libertades y principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de 7 de diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, sin ampliar las competencias de la Unión. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, sin modificar sus competencias. Esos derechos y los de las tradiciones constitucionales comunes forman parte del Derecho de la Unión como principios generales.

Artículo 7

A propuesta motivada de un tercio de los Estados, del Parlamento o de la Comisión, el Consejo, por cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento, puede constatar un riesgo claro de violación grave de los valores del artículo 2, oyendo antes al Estado. El Consejo Europeo, por unanimidad, a propuesta de un tercio de los Estados o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento, puede constatar una violación grave y persistente. Después, el Consejo, por mayoría cualificada, puede suspender derechos, incluido el voto; las obligaciones del Estado siguen vinculándole.

Artículo 8

La Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes para establecer un espacio de prosperidad y buena vecindad basado en sus valores y caracterizado por relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación. Para ello podrá celebrar con ellos acuerdos específicos, que pueden incluir derechos y obligaciones recíprocos y acciones en común; su aplicación será objeto de una concertación periódica.

Artículo 9

La Unión respetará en todas sus actividades el principio de igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Es ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la nacional sin sustituirla.

Artículo 10

El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa. Los ciudadanos están directamente representados a través del Parlamento Europeo; los Estados miembros, en el Consejo Europeo por su Jefe de Estado o de Gobierno y en el Consejo por sus Gobiernos, democráticamente responsables ante sus Parlamentos nacionales o ante sus ciudadanos. Todo ciudadano puede participar en la vida democrática de la Unión, y los partidos políticos europeos contribuyen a formar la conciencia política europea.

Artículo 11

Las instituciones darán a ciudadanos y asociaciones representativas la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones, y mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con ellas y con la sociedad civil. La Comisión mantendrá amplias consultas con las partes interesadas. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, nacionales de un número significativo de Estados miembros, puede invitar a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico.

Artículo 12

Los Parlamentos nacionales contribuyen al buen funcionamiento de la Unión: son informados por las instituciones y reciben los proyectos de actos legislativos; velan por la subsidiariedad; participan en la evaluación de las políticas del espacio de libertad, seguridad y justicia y se asocian al control político de Europol y a la evaluación de Eurojust; participan en la revisión de los Tratados; son informados de las solicitudes de adhesión; y participan en la cooperación interparlamentaria.

Artículo 20

Los Estados que quieran instaurar entre sí una cooperación reforzada en competencias no exclusivas de la Unión pueden usar sus instituciones. Estas cooperaciones están abiertas permanentemente a todos los Estados. El Consejo la autoriza como último recurso, si los objetivos no pueden alcanzarse en un plazo razonable por la Unión en su conjunto y participan al menos nueve Estados. Deliberan todos los miembros del Consejo, pero votan solo los participantes. Sus actos vinculan únicamente a los participantes y no son acervo para los candidatos a la adhesión.

Artículo 47

Artículo 48

En el procedimiento ordinario, un Gobierno, el Parlamento Europeo o la Comisión presentan proyectos al Consejo; el Consejo Europeo decide por mayoría simple examinarlos y convoca una Convención (puede no hacerlo, con aprobación del Parlamento). Una Conferencia intergubernamental aprueba los cambios, que ratifican todos los Estados; si a los dos años de la firma han ratificado cuatro quintos y otros tienen dificultades, el Consejo Europeo examina la cuestión. En los simplificados decide el Consejo Europeo por unanimidad; la pasarela no se adopta si un Parlamento nacional se opone en seis meses.

Artículo 49

Cualquier Estado europeo que respete los valores del artículo 2 y se comprometa a promoverlos puede pedir el ingreso. Se informa al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales. La solicitud va al Consejo, que decide por unanimidad tras consultar a la Comisión y con aprobación previa del Parlamento Europeo por mayoría de sus miembros, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad del Consejo Europeo. Las condiciones de admisión se fijan en un acuerdo entre los Estados miembros y el solicitante, ratificado por todos los Estados contratantes.

Artículo 50

Todo Estado miembro puede retirarse de la Unión conforme a sus normas constitucionales. Notifica su intención al Consejo Europeo; la Unión negocia con él un acuerdo de retirada, que el Consejo celebra por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo. Los Tratados dejan de aplicarse desde la entrada en vigor del acuerdo o, en su defecto, a los dos años de la notificación, salvo prórroga unánime del Consejo Europeo de acuerdo con ese Estado. Si quiere volver, sigue el procedimiento del artículo 49.

Artículo 51

Artículo 52

El apartado 1 enumera, con su denominación oficial, los Estados a los que se aplican los Tratados: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, República Helénica, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido. El apartado 2 remite al artículo 355 del TFUE para el ámbito de aplicación territorial.

Artículo 53

Artículo 54

Las Altas Partes Contratantes ratifican el Tratado según sus normas constitucionales y depositan los instrumentos de ratificación ante el Gobierno de la República Italiana. El Tratado entra en vigor el 1 de enero de 1993 si para entonces se han depositado todos los instrumentos; si no, el primer día del mes siguiente al depósito del instrumento del último Estado signatario que lo haga.

Artículo 55

El Tratado se redacta en un ejemplar único en 24 lenguas (alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca), todas igualmente auténticas, y se deposita en los archivos del Gobierno de la República Italiana, que envía copia autenticada a los demás Gobiernos. Puede traducirse a otras lenguas oficiales en todo o parte del territorio de un Estado; ese Estado facilita copia certificada, que se deposita en los archivos del Consejo.

Los primeros Tratados: la CECA y los Tratados de Roma

El llamamiento de Robert Schuman (9 de mayo de 1950) es el punto de partida de la Europa comunitaria. El Tratado de París (firmado el 18-4-1951, en vigor el 23-7-1952) creó la CECA entre seis países, con Alta Autoridad, Asamblea Parlamentaria, Consejo de Ministros, Tribunal de Justicia y Comité Consultivo; duraba 50 años y expiró el 23-7-2002. La CED de René Pleven fracasó en 1954 y la Conferencia de Mesina (1955) relanzó el proceso. Los Tratados de Roma (25-3-1957, en vigor el 1-1-1958) crearon la CEE y el Euratom por tiempo indefinido.

Del Tratado de Fusión al Acta Única Europea

Primeras modificaciones: Tratado de Fusión (8-4-1965, en vigor en 1967), Consejo y Comisión únicos y unidad presupuestaria; Decisión de 21-4-1970, recursos propios; Tratado de Luxemburgo (22-4-1970), competencias presupuestarias al Parlamento; Tratado de Bruselas (22-7-1975), derecho a rechazar el presupuesto, aprobar la gestión de la Comisión y Tribunal de Cuentas; Acto de 1976, sufragio universal directo. Ampliaciones de 1973, 1981 y 1986. El Acta Única (firmada en febrero de 1986, en vigor el 1-7-1987) previó el mercado interior para el 1-1-1993.

Los Tratados de Maastricht y Ámsterdam

El TUE, firmado en Maastricht el 7-2-1992 y en vigor el 1-11-1993, fundó la Unión sobre las Comunidades, con marco institucional único, creó el Comité de las Regiones y dio paso al SEBC y al BCE. Tres pilares: Comunidades Europeas (1.º), PESC (2.º, título V) y JAI (3.º, título VI); el 2.º y el 3.º eran intergubernamentales. El Tratado de Ámsterdam (firmado el 2-10-1997, en vigor el 1-5-1999) coordinó el empleo, comunitarizó materias del tercer pilar e integró Schengen, amplió la codecisión, previó la cooperación reforzada y limitó el Parlamento a 700 diputados.

El Tratado de Niza y el Tratado constitucional

El Tratado de Niza (firmado el 26-2-2001, en vigor el 1-2-2003) resolvió los «restos de Ámsterdam» para preparar la ampliación: nueva ponderación de votos con «red de seguridad» del 62 % de la población, un comisario por Estado desde 2005, máximo de 732 diputados, Tribunal en Salas, Gran Sala o Pleno, cooperación reforzada en los tres pilares, «riesgo claro» del art. 7 TUE (cuatro quintos del Consejo) y Carta no vinculante. La Convención de Laeken (Giscard d'Estaing, 105 miembros) elaboró la Constitución, aprobada el 18-6-2004 y abandonada tras los «no» de Francia y Países Bajos en 2005.

El Tratado de Lisboa: estructura, competencias y naturaleza de la Unión

El Tratado de Lisboa (13-12-2007, en vigor el 1-12-2009) tiene 37 protocolos y 65 declaraciones y da lugar al TUE y al TFUE. Codifica tres tipos de competencias: exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento. Novedades: personalidad jurídica de la Unión, retirada (art. 50 TUE, dos años prorrogables), primacía en la Declaración 17, Carta vinculante, iniciativa ciudadana (un millón de ciudadanos de al menos siete Estados), Consejo Europeo como institución con presidente elegido por treinta meses renovable una vez y procedimiento legislativo ordinario ampliado de 40 a 85 ámbitos.

El proceso de ampliación y las ampliaciones sucesivas

Cualquier Estado europeo que respete los valores de la Unión puede pedir el ingreso. Criterios de Copenhague (1993): instituciones estables democráticas, economía de mercado viable y capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión. El Consejo Europeo da el estatuto de candidato por unanimidad; el tratado exige aprobación del Parlamento, unanimidad del Consejo y ratificación. Adhesiones: 1958 (seis fundadores), 1973 (Dinamarca, Irlanda, Reino Unido), 1981 (Grecia), 1986 (España, Portugal), 1995 (Austria, Finlandia, Suecia), 2004 (diez), 2007 (Bulgaria, Rumanía) y 2013 (Croacia).