Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
Artículo 155. Imposibilidad de ejecución
En pocas palabras
Si hay causas de imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución, se pronuncia el órgano que la adoptó. El procedimiento incluye informe técnico y jurídico y audiencia, dura como máximo tres meses y el silencio es desestimatorio; iniciado, puede suspenderse la ejecución. En la imposibilidad material se fijan medidas compensatorias, correctoras e indemnizatorias, sin enriquecimiento ilícito. Si la imposibilidad legal deriva de una innovación, cabe legalizar tras cumplir deberes y cargas. Las meras dificultades técnicas o los terceros de buena fe no son causa de imposibilidad.
Explicación sencilla
Evita que la imposibilidad de ejecutar se convierta en excusa: exige un procedimiento formal ante el órgano que dictó la resolución, con silencio desestimatorio, y excluye expresamente las simples dificultades o la existencia de terceros adquirentes de buena fe.
Regla mnemotécnica
Tres meses y silencio desestimatorio. Dificultad no es imposibilidad, y el tercero de buena fe tampoco.
Trampa típica de examen
Creer que la existencia de terceros adquirentes de buena fe impide ejecutar la resolución: ni ella ni las meras dificultades materiales o técnicas son causas de imposibilidad.
Texto del artículo 155 de la Ley 7/2021 (LISTA)
1. Si se entendiera que concurren causas de imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución en sus propios términos, el órgano que la haya adoptado se pronunciará sobre tal imposibilidad y, en su caso, adoptará las medidas que aseguren su mayor efectividad. 2. El procedimiento, que incluirá informe técnico y jurídico y audiencia a las personas interesadas, tendrá una duración máxima de tres meses, transcurridos los cuales el silencio administrativo tendrá efectos desestimatorios. Tras su iniciación, la Administración podrá acordar la suspensión de la ejecución. 3. En los casos de imposibilidad material, se establecerán las medidas alternativas compensatorias, correctoras e indemnizatorias tendentes a minimizar los daños que deriven del mantenimiento de la actuación y a asegurar en todo caso que no se obtenga un enriquecimiento ilícito. La resolución declarará, además, las limitaciones a que queda sujeta la edificación ilegal subsistente, que serán, en la parte afectada y con las adaptaciones apropiadas, las del artículo 174. 4. En los casos en que la imposibilidad legal derive de una innovación de la ordenación, se podrá declarar la legalización una vez que se cumplan los deberes y cargas que la ejecución de los nuevos instrumentos de ordenación imponga a los titulares. 5. Las meras dificultades materiales o técnicas o la existencia de terceros adquirentes de buena fe no serán causas de imposibilidad de ejecución de resoluciones administrativas. Reglamentariamente se desarrollarán las causas de imposibilidad legal o material y el procedimiento que lo regule.
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