Real Decreto 366/2007, accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la AGE

Artículo 11. Excepciones

En pocas palabras

Las condiciones de accesibilidad del capítulo II pueden exceptuarse parcialmente si en el edificio de la Oficina o en su entorno hay circunstancias de infraestructura o protección del patrimonio que hagan su aplicación imposible material o económicamente. Las excepciones las establece la AGE mediante Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública, que debe reflejar esas circunstancias, y se atienen a los criterios de ajuste razonable y carga desproporcionada de la Ley 51/2003.

Explicación sencilla

Introduce la válvula de escape del capítulo II: cuándo pueden excepcionarse las condiciones de accesibilidad, quién lo decide y con qué límites, siempre de forma parcial y motivada en la propia resolución.

Regla mnemotécnica

Excepción por «Imposible Patrimonio»: Infraestructura o Protección del patrimonio, y solo parcial.

Trampa típica de examen

Pensar que la excepción puede ser total: el artículo solo permite exceptuar las condiciones de accesibilidad de forma parcial.

Texto del artículo 11 del Real Decreto 366/2007 (RDAAGE)

1. Las condiciones de accesibilidad y no discriminación establecidas en el presente capítulo podrán ser parcialmente exceptuadas cuando en el edificio en el que se ubique la Oficina, o en su entorno, concurran circunstancias de infraestructura o protección del patrimonio que hagan su aplicación imposible material o económicamente. 2. La Administración General del Estado, mediante Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública, establecerá las excepciones a las que se refiere el presente artículo. En todo caso, las circunstancias mencionadas en el apartado anterior deberán quedar reflejadas en la correspondiente resolución. 3. Las excepciones a las que se refiere este artículo se atendrán en todo caso a los criterios expresados en la letra c) y en el antepenúltimo párrafo del artículo 7 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, que define lo que se entiende por ajuste razonable y carga desproporcionada.

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