Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía
Artículo 90. Concesión para construir y/o gestionar viviendas o alojamientos dotacionales de titularidad pública
En pocas palabras
Las Administraciones públicas pueden otorgar por concesión administrativa el derecho a construir y gestionar, o solo a gestionar, viviendas o alojamientos dotacionales en alquiler. Criterios de adjudicación: número mínimo de viviendas, características básicas, renta o canon máximo de los usuarios, cláusulas sociales y otros. El desahucio administrativo solo corresponde a la Administración titular, de oficio o a instancia de la concesionaria, sin perjuicio de las acciones judiciales de esta.
Explicación sencilla
Regula la concesión como vía para construir o gestionar vivienda dotacional en alquiler. Reserva una potestad a la Administración: el desahucio administrativo nunca lo ejerce la concesionaria, que solo puede instarlo o acudir a los tribunales.
Regla mnemotécnica
La concesionaria gestiona, pero el desahucio administrativo es solo de la Administración titular.
Trampa típica de examen
Atribuir el desahucio administrativo a la concesionaria: la potestad solo corresponde a la Administración titular, que podrá ejercerla de oficio o a instancia de la concesionaria.
Texto del artículo 90 de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía
1. Las Administraciones públicas podrán otorgar mediante concesión administrativa el derecho a construir y gestionar, o únicamente a gestionar, viviendas o alojamientos dotacionales en régimen de alquiler, de conformidad con la legislación vigente. 2. Entre los criterios de adjudicación a valorar en el procedimiento estarán el número mínimo de viviendas a construir, sus características básicas, la renta o canon máximo a abonar por las personas usuarias, el cumplimiento de cláusulas sociales y cuantos se estimen en el procedimiento de adjudicación. 3. La potestad de desahucio administrativo solo corresponde a la Administración titular de las viviendas protegidas o alojamientos dotacionales, que podrá ejercerla de oficio o a instancia de la concesionaria, sin perjuicio de las acciones judiciales que pueda llevar a cabo la propia concesionaria como consecuencia de la gestión ejercida, en las condiciones que establece el apartado 1 del presente artículo.
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