Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía

Artículo 80. Operaciones societarias sobre viviendas protegidas como consecuencia de fusiones, absorciones y aumentos de capital

En pocas palabras

Las adquisiciones de viviendas protegidas por fusión, escisión, absorción o aumento de capital entre personas jurídicas, y los casos de disolución, liquidación o reducción de capital, no necesitan la autorización del capítulo, pero la adquirente debe comunicarlas a la Consejería en diez días hábiles. La persona jurídica adquirente se subroga en las obligaciones de la anterior. Si la adquirente no cumple los requisitos de destinataria, debe ofrecer la vivienda al Registro Público Municipal de Demandantes en tres meses, salvo que ya la ocupe una persona que los cumpla y tenga título habilitante.

Explicación sencilla

Evita que las operaciones societarias sirvan para sacar viviendas protegidas de su destino: no exigen autorización, pero sí comunicación, subrogación y, en su caso, ofrecimiento de la vivienda al Registro.

Regla mnemotécnica

Operación societaria: sin autorización, pero aviso en 10 días hábiles y oferta al Registro en 3 meses.

Trampa típica de examen

Creer que las fusiones o absorciones requieren autorización previa de la Consejería: están exentas, aunque deben comunicarse en diez días hábiles.

Texto del artículo 80 de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía

1. Las adquisiciones de viviendas protegidas en virtud de procedimientos de fusión, escisión, absorción o aumentos de capital entre personas jurídicas, así como los supuestos de disolución y liquidación o disminución de capital, están exentas de la obligación de obtener la autorización prevista en el presente capítulo. Sin perjuicio de ello, deberán ser comunicadas por la persona adquirente a la Consejería competente en materia de vivienda protegida en el plazo de diez días hábiles desde que se produzcan. 2. En estos supuestos, la persona jurídica adquirente queda subrogada en las obligaciones correspondientes a la persona jurídica titular anterior. 3. La persona jurídica que haya adquirido una vivienda protegida en los supuestos previstos en este artículo y la persona física, en su caso, que no cumpla los requisitos para ser destinataria de la misma deberá ofrecer la vivienda protegida al Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del ayuntamiento que corresponda en el plazo de tres meses desde que haya accedido a la titularidad, a no ser que la vivienda ya se encuentre ocupada por persona que cumpla los requisitos y que cuente con título habilitante para ello.

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