Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía
Artículo 25. Asignación de iniciativas residenciales a la Unidad Aceleradora de Proyectos
En pocas palabras
A propuesta de la Consejería competente en vivienda, pueden asignarse a la Unidad Aceleradora de Proyectos iniciativas residenciales de nueva urbanización con reserva para al menos 250 viviendas protegidas y construcción programada en menos de cinco años, u otras de más de 500 viviendas con la reserva legal y programación para iniciar el 50% en menos de cinco años, si son medioambientalmente sostenibles según el Reglamento (UE) 2020/852. La solicitud la formulan los promotores con el acuerdo municipal de inicio del instrumento urbanístico y el que declara la tramitación de urgencia.
Explicación sencilla
Abre una vía rápida para grandes promociones residenciales con vivienda protegida, sujeta a umbrales de tamaño, plazos de inicio y requisitos de sostenibilidad ambiental, y exige el compromiso municipal de tramitar con urgencia.
Regla mnemotécnica
250 protegidas o 500 viviendas (con el 50% iniciado), siempre en menos de 5 años: «250, 500, 50 y 5».
Trampa típica de examen
Confundir los umbrales: el primer supuesto exige reserva para al menos 250 viviendas protegidas; el de más de 500 viviendas es el segundo supuesto.
Texto del artículo 25 de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía
A propuesta de la Consejería competente en materia de vivienda, podrá acordarse la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de iniciativas residenciales que exijan el desarrollo de los instrumentos de ordenación detallada, gestión y ejecución de actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización de uso global residencial que establezcan, entre sus determinaciones, una reserva de suelo para al menos 250 viviendas protegidas y una programación que garantice que su construcción se iniciará en un plazo inferior a cinco años. También podrán asignarse otras iniciativas residenciales de más de 500 viviendas que exijan actuaciones de urbanización que desarrollen los sectores residenciales en los que estas se localicen y que incluyan, entre sus determinaciones, la reserva legal de vivienda protegida, así como una programación para iniciar la construcción del 50% de las mismas en un plazo inferior a cinco años, siempre que se consideren medioambientalmente sostenibles, por contribuir sustancialmente a, al menos, uno de los seis objetivos ambientales que define el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y no provoque ningún daño significativo (DNSH) hacia ninguno de los otros cinco. La solicitud podrá formularse por las entidades que asuman la promoción de la actuación, y deberá acompañarse del acuerdo municipal que inicia la tramitación del instrumento de ordenación urbanística y del acuerdo que declara la tramitación de urgencia de todos los procedimientos que corresponda impulsar al ayuntamiento en su ámbito competencial hasta la finalización de las obras y la adjudicación de las viviendas protegidas, fundamentado el mismo en la situación de alta demanda de vivienda en el municipio y en el impacto de la actuación sobre la misma.
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