Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía

Artículo 171. Competencias sancionadoras

En pocas palabras

Imponer las sanciones urbanísticas corresponde al municipio, y a la Comunidad Autónoma cuando se vulnere la ordenación territorial, falte un título que debía dictar ella o se obstruya a la Inspección autonómica. Ante inactividad municipal, la Comunidad puede sustituirle, previo requerimiento y si afecta a competencias autonómicas. Ejecuta y percibe quien dictó la sanción; el importe va al patrimonio público del suelo, descontado el porcentaje reglamentario. En el municipio resuelve quien diga el régimen local; en la Comunidad, la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Explicación sencilla

Reparte la potestad sancionadora entre municipio y Comunidad Autónoma, prevé la sustitución ante la inactividad municipal y fija el destino de las multas al patrimonio público del suelo de la Administración actuante.

Regla mnemotécnica

Regla: municipio. Excepción autonómica, TTO: Territorio vulnerado, Título autonómico omitido y Obstrucción a su Inspección.

Trampa típica de examen

Creer que el importe de las multas urbanísticas va a la tesorería general: se ingresa en el patrimonio público del suelo de la Administración actuante, tras descontar el porcentaje reglamentario.

Texto del artículo 171 de la Ley 7/2021 (LISTA)

1. La competencia para imponer las sanciones urbanísticas previstas en esta Ley corresponde al municipio. No obstante, competerá a la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando la infracción comporte vulneración de la ordenación territorial o se realice por falta de título habilitante o acto administrativo que debería haber dictado ella, así como cuando se trate de obstrucción a la labor de la Inspección autonómica, al tratarse del ejercicio de competencias directas. 2. Cuando un municipio incurra en inactividad en el ejercicio de sus competencias sancionadoras propias, la Comunidad Autónoma podrá asumir la competencia por sustitución, en los términos establecidos en la legislación reguladora de las bases del régimen local, previo requerimiento a la Entidad Local y siempre que la infracción urbanística afectara a competencias autonómicas. 3. La ejecución de las resoluciones sancionadoras y el importe de las multas corresponderá a la Administración que las haya dictado. El importe de las sanciones urbanísticas se ingresará en el patrimonio público del suelo de la Administración actuante, una vez descontado el porcentaje que reglamentariamente se establezca para garantizar el coste de la actividad administrativa de inspección y disciplina territorial y urbanística. 4. La competencia municipal para resolver los procedimientos sancionadores será la determinada en la legislación sobre régimen local. Las competencias de la Comunidad Autónoma corresponderán a la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 5. Lo anterior deja a salvo las potestades de autoorganización y de asociación, las posibilidades de delegación, descentralización y desconcentración, y las competencias de las Diputaciones para la asistencia a los Municipios o las que se les transfieran o deleguen.

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