Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
Artículo 170. Procedimiento sancionador
En pocas palabras
El procedimiento sancionador se tramita en el plazo máximo de un año desde el acuerdo de iniciación. Se coordina con el de restablecimiento y puede suspenderse hasta la firmeza de este, interrumpiendo los plazos del procedimiento y de prescripción. Con indicios de delito, se comunica al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial y se suspende, sin perjuicio del restablecimiento. La cuantificación de daños y perjuicios a la Administración y el decomiso pueden hacerse en un procedimiento complementario, iniciable dentro del año siguiente a la firmeza de la resolución sancionadora.
Explicación sencilla
Ordena el procedimiento sancionador urbanístico: su duración máxima, su relación con el procedimiento de restablecimiento y con la vía penal, y un procedimiento complementario para cuantificar daños y decomisar ganancias.
Regla mnemotécnica
Un año para tramitar y un año para abrir el complementario. ¿Indicios de delito? Se comunica y se suspende.
Trampa típica de examen
Creer que los indicios de delito paralizan también el restablecimiento de la legalidad: se suspende el sancionador, sin perjuicio de la tramitación del procedimiento de restablecimiento.
Texto del artículo 170 de la Ley 7/2021 (LISTA)
1. El procedimiento sancionador se tramitará en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, conforme a lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común y en la de régimen jurídico del sector público y el desarrollo reglamentario de esta Ley. 2. Cuando los hechos constitutivos de infracción den lugar también a procedimiento de restablecimiento de la legalidad, el sancionador se coordinará con aquel y podrán unirse a cada expediente testimonios de lo actuado en el otro. En cualquier caso podrá acordarse la suspensión del procedimiento sancionador hasta que sea firme la resolución del de restablecimiento de la legalidad cuando sea necesario para la determinación de la infracción o sus consecuencias y evitar contradicciones. En este caso se interrumpirán los plazos del procedimiento y de prescripción de la infracción. 3. Cuando, con ocasión de la tramitación de los procedimientos sancionadores, aparezcan indicios de delito del hecho que motivó su incoación, el órgano competente para resolver pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la Autoridad Judicial, suspendiendo la tramitación del procedimiento sancionador hasta la notificación de la resolución del Ministerio Fiscal o del pronunciamiento firme de la autoridad judicial. Igual suspensión del procedimiento sancionador procederá desde que el órgano administrativo tenga conocimiento de la sustanciación de actuaciones penales por el mismo hecho. Todo ello, sin perjuicio de la tramitación del procedimiento de restablecimiento de la legalidad. 4. Declarada en la resolución la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados a la Administración, su cuantificación podrá realizarse en procedimiento complementario, en los términos previstos en la normativa de procedimiento administrativo común. Asimismo, procederá ese procedimiento cuando se exija tal indemnización a sujetos distintos de los imputados en el sancionador. Este procedimiento complementario podrá iniciarse dentro del año siguiente a la firmeza de la resolución del procedimiento sancionador y suspenderse en los términos previstos en el apartado 2. 5. El mismo procedimiento complementario cabrá en iguales supuestos y términos respecto al decomiso de las ganancias provenientes de las infracciones.
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