Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
Artículo 15. Condiciones generales
En pocas palabras
La clasificación, la categoría y las demás determinaciones de ordenación vinculan terrenos y construcciones a sus destinos y usos y delimitan el derecho de propiedad. La edificabilidad prevista no forma parte por sí misma de la propiedad: solo se patrimonializa al realizarse efectivamente y cumpliendo deberes y cargas. El uso del subsuelo se ajusta a instrumentos y leyes, con las limitaciones del dominio público, infraestructuras y patrimonio arqueológico, subordinado al interés público.
Explicación sencilla
Establece que la propiedad del suelo se define por la ordenación y no al revés: la edificabilidad que prevé un plan no es un derecho adquirido hasta que se materializa cumpliendo deberes y cargas.
Regla mnemotécnica
Edificabilidad: no es tuya hasta que la construyes (y cumples deberes y cargas).
Trampa típica de examen
Creer que la edificabilidad que asigna el planeamiento se integra en el derecho de propiedad desde su aprobación: solo se patrimonializa con su realización efectiva.
Texto del artículo 15 de la Ley 7/2021 (LISTA)
1. La clasificación, categoría y las restantes determinaciones de ordenación territorial y urbanística del suelo vinculan los terrenos y las construcciones, edificaciones y equipamientos a los correspondientes destinos y usos, y definen su función social, delimitando el contenido del derecho de propiedad. 2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no se integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos en esta Ley, de conformidad con la normativa básica estatal. 3. El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones de los instrumentos de ordenación y a las leyes aplicables, con las limitaciones y servidumbres que requiera la protección del dominio público y la implantación de infraestructuras y servicios técnicos, así como a la preservación del patrimonio arqueológico, quedando en todo caso su aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés público.
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