Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud
Artículo 74. Procedimiento disciplinario
En pocas palabras
Las faltas muy graves o graves solo pueden sancionarse mediante el procedimiento establecido en la correspondiente Administración pública. En las faltas leves no es preceptiva esa instrucción previa, salvo el trámite de audiencia al inculpado, que se evacua en todo caso. El procedimiento se rige por los principios de celeridad, inmediatez y economía procesal. Garantiza, además de los derechos del art. 35 de la Ley 30/1992, siete derechos: presunción de inocencia; notificación del nombramiento de instructor y, en su caso, secretario, y recusarlos; notificación de hechos, infracción, posibles sanciones y resolución; alegaciones en cualquier fase; proponer pruebas; asesoramiento sindical; y asistencia de letrado.
Explicación sencilla
Fija las garantías mínimas del procedimiento sancionador del personal estatutario. Lo exige para faltas muy graves y graves, lo dispensa en las leves salvo la audiencia al inculpado y, en todos los servicios de salud, impone los mismos principios y siete derechos del interesado, que se suman a los del artículo 35 de la Ley 30/1992.
Regla mnemotécnica
Principios CIE: Celeridad, Inmediatez, Economía procesal. Faltas leves: sin instrucción, pero nunca sin audiencia. Siete derechos: Presunción de inocencia, Recusar al instructor y secretario, Notificación, Alegaciones, Pruebas, Sindicato, Letrado.
Trampa típica de examen
Afirmar que en las faltas leves se puede sancionar sin ningún trámite. Se dispensa la previa instrucción del procedimiento, pero el trámite de audiencia al inculpado debe evacuarse en todo caso.
Texto del artículo 74 de la Ley 55/2003 (EM)
1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves, sino mediante el procedimiento establecido en la correspondiente Administración pública. Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior, salvo el trámite de audiencia al inculpado, que deberá evacuarse en todo caso. 2. El procedimiento disciplinario se ajustará, en todos los servicios de salud, a los principios de celeridad, inmediatez y economía procesal, y deberá garantizar al interesado, además de los reconocidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes derechos: a) A la presunción de inocencia. b) A ser notificado del nombramiento de instructor y, en su caso, secretario, así como a recusar a los mismos. c) A ser notificado de los hechos imputados, de la infracción que constituyan y de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse, así como de la resolución sancionadora. d) A formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento. e) A proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos. f) A ser asesorado y asistido por los representantes sindicales. g) A actuar asistido de letrado.
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