Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Cádiz

Artículo 13 quinquies

En pocas palabras

El acceso a la información se hace, con carácter general, por vía telemática; solo si no es posible, por vista del expediente. El derecho no puede lesionar la eficacia administrativa: no caben peticiones genéricas o indiscriminadas. Diputados y asesores guardan secreto de las materias clasificadas o de difusión prohibida y discreción sobre lo que conozcan por su cargo, sin usarlo en beneficio propio o de terceros. El uso inadecuado genera responsabilidad administrativa, civil o, en su caso, penal.

Explicación sencilla

Pone límites al derecho de información: la vía preferente, la prohibición de peticiones genéricas, el deber de secreto y discreción y las responsabilidades por el mal uso de lo obtenido.

Regla mnemotécnica

Mal uso de la información: A-C-P, responsabilidad Administrativa, Civil o, en su caso, Penal.

Trampa típica de examen

Olvidar que el deber de secreto alcanza también al personal asesor: el apartado 3 lo extiende expresamente a él.

Texto del artículo 13 quinquies del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Cádiz (RO Diputación Cádiz)

1. El derecho de acceso se materializará, con carácter general, por vía telemática. Sólo en el caso de que no fuera posible el acceso se realizará mediante la vista del expediente o de la documentación de que se trate. 2. El ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del principio de eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de trabajo de los servicios provinciales. En particular, no podrán formularse peticiones de información genéricas o indiscriminadas. 3. Los miembros de la corporación y el personal asesor guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público o de terceros. 4. El uso inadecuado de la información o documentación que se facilite generará responsabilidad administrativa, civil o, en su caso, penal.

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