Preámbulo

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) están transformando profundamente la manera en la que actualmente se desarrolla la actividad de las Administraciones Públicas y en especial en lo relativo a sus relaciones con la ciudadanía. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, marcó un hito fundamental en el camino hacia una Administración moderna y plenamente integrada en la sociedad de la información. Proponía un nuevo paradigma en la relación de la ciudadanía con las Administraciones basando su regulación en el derecho de la ciudadanía a utilizar los medios de comunicación electrónico para relacionarse con la Administración, y de esta a disponer los medios para hacer efectivo dicho derecho, dando cumplimiento, de esta forma, al principio constitucional de eficiencia en la actuación administrativa previsto en el artículo 103.1 de la Constitución Española. La aprobación y entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que viene a derogar la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los/las ciudadanos/as a los Servicios Públicos, supone un avance sustancial respecto a la misma, toda vez que, en su artículo 14 prevé la relación electrónica de la ciudadanía con las Administraciones Públicas, además de como un derecho, como una obligación para las personas jurídicas y determinadas personas físicas, entre otras, el personal empleado en las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado/a público/a, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Este nuevo marco regulador, en el que ha de incluirse la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, junto al incremento del uso de estos medios electrónicos y la evolución tecnológica de los últimos años, obligan a esta Corporación a revisar el “Reglamento regulador de la administración electrónica en la Diputación Provincial de Cádiz”, aprobado por acuerdo de pleno de 15 de septiembre de 2010, de forma que se adapte a los principios inspiradores de la reforma legal, entre los que destacan la simplificación administrativa; la tramitación integra del procedimiento por medios electrónicos; la existencia de un Registro electrónico único y la obligación de cada Administración de contar con un Archivo electrónico único. Y ello porque, como se recoge en la exposición de motivos de la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados. En base a ello se elabora por el Comité de Administración Digital el presente Reglamento que, dictado al amparo las potestades reglamentaria y de autoorganización reconocidas en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 128.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene por objeto constituirse en el marco necesario que permita seguir avanzando en la implantación y pleno desarrollo de la administración electrónica en el ámbito de la Diputación, suponiendo un paso adelante en la instauración de una Administración Electrónica, que ha de ser, sobre todo, accesible, sencilla, útil, cómoda, ágil, segura, confidencial, interoperable y adaptada a los nuevos entornos tecnológicos. En cuanto a su estructura, el Reglamento se organiza en nueve Títulos, además de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El Título I aborda las disposiciones generales. El Título II tiene por objeto incorporar las claves en la tramitación del procedimiento partiendo de la simplificación administrativa, en sus diferentes vertientes, así como regular la notificación electrónica y el archivo electrónico. El Título III tiene por objeto regular la sede electrónica en el ámbito local, desarrollando el procedimiento de creación de las mismas, sus características y contenido mínimo, así como cuestiones relativas a la seguridad y responsabilidad de la misma. Por su parte, el Título IV regula la identificación y firma electrónica, tanto de los ciudadanos y empresas usuarios externos de los servicios electrónicos, como de los empleados públicos, así como otros certificados de la actualización administrativa automatizada. El Título V se dedica a regular la interacción entre transparencia y la administración electrónica. El Título VI nace con la motivación de crear y regular el funcionamiento del Registro Electrónico General de la Corporación y sus organismos vinculados o dependientes así como el papel que juegan las oficinas de asistencia en materia de registros en su servicio y ayuda a la ciudadanía. El Título VII dedicado a la licitación electrónica y factura electrónica. El Título VIII, sobre organización y habilitación competencial, trata de dar respuesta a una serie de cuestiones organizativas muy prácticas derivadas de la implantación del presente Reglamento y de la administración electrónica en general. Destaca la potestad de la Presidencia para el desarrollo, mediante resoluciones, del contenido de este Reglamento. Por último, el Título IX, sobre comunicaciones, trata de mejorar el funcionamiento interno de la entidad, especialmente por lo que a las comunicaciones corporativas se refiere, generalizando el uso de los medios electrónicos. Cierran la Ordenanza las disposiciones adicionales, transitorias y finales, en las que destaca el establecimiento de un periodo transitorio para adoptar las medidas tendentes a adaptar su organización y funcionamiento a la tramitación por medios electrónicos, de acuerdo con los principios de economía, eficacia y eficiencia. La aprobación de este Reglamento marca el inicio del cambio normativo que ha de afrontar la Diputación Provincial de Cádiz para la adecuación de sus Ordenanzas y Reglamentos a los nuevos entornos tecnológicos y normativos.