Reglamento regulador de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de Cádiz
Artículo 1. Objeto
En pocas palabras
El Reglamento desarrolla el procedimiento administrativo común para la gestión de la Diputación, cuya tramitación será en todo caso electrónica. Regula las condiciones y efectos jurídicos del uso de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones con el resto del sector público y con la ciudadanía. Se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y de autoorganización reconocida en la legislación básica local y de procedimiento administrativo común.
Explicación sencilla
Es la puerta del Reglamento: fija que la tramitación en la Diputación será electrónica en todo caso, delimita qué regula (condiciones y efectos jurídicos del uso de medios electrónicos) y declara la base competencial en que se apoya: la potestad reglamentaria y de autoorganización.
Regla mnemotécnica
Base del Reglamento: Reglamentaria + Autoorganización, reconocidas en la legislación básica local y de procedimiento común. Y la tramitación, electrónica en todo caso.
Trampa típica de examen
Decir que la tramitación electrónica es preferente o voluntaria: el artículo dice que se realizará, en todo caso, por medios electrónicos.
Texto del artículo 1 del Reglamento regulador de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de Cádiz (RAE Diputación Cádiz)
1. El presente Reglamento tiene como objeto el desarrollo del procedimiento administrativo común para la gestión administrativa de esta Diputación y cuya tramitación se realizará, en todo caso, por medios electrónicos, en aplicación de las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del Régimen Jurídico del Sector Público y normativa de desarrollo. 2. A tal efecto, este Reglamento regula las condiciones y los efectos jurídicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre la Diputación y el resto de entidades integrantes del sector público, así como en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos. 3. El presente Reglamento se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y de autoorganización reconocida en la legislación básica local y de procedimiento administrativo común.
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