Real Decreto 1708/2011, Sistema Español de Archivos y Sistema de Archivos de la AGE

Artículo 31. Obtención de copias

En pocas palabras

Estimar la solicitud de acceso o consulta da derecho a obtener copia, salvo que los documentos no sean de libre consulta, no sea posible copiarlos en un formato por falta de equipos o coste excesivo, o la reproducción vulnere derechos de propiedad intelectual. La resolución que concede el acceso indicará si cabe obtener copias y sus condiciones de uso. La expedición de certificaciones y copias y la transposición a otros formatos puede someterse al pago previo de las tasas y precios públicos legalmente establecidos.

Explicación sencilla

Completa el derecho de acceso con el derecho a copia y sus tres excepciones. Es útil para no confundir: acceder no siempre implica copiar, y la copia puede tener coste si así lo establece la normativa de tasas y precios públicos.

Regla mnemotécnica

Tres casos sin copia: documento que no es de libre consulta, copia imposible en un formato (falta de equipos o coste excesivo) y propiedad intelectual vulnerada.

Trampa típica de examen

Pensar que las copias son siempre gratuitas: su expedición y la transposición a otros formatos pueden someterse al previo pago de las exacciones legalmente establecidas.

Texto del artículo 31 del Real Decreto 1708/2011 (RDSEA)

1. La estimación de la solicitud de acceso o de consulta conllevará el derecho a obtener copia de los documentos solicitados, salvo en los siguientes supuestos: a) Cuando los documentos no sean de libre consulta. b) Cuando no resulte posible realizar la copia en un formato determinado debido a la carencia de equipos apropiados o al excesivo coste de la misma. c) Cuando la reproducción suponga vulneración de los derechos de propiedad intelectual. 2. La resolución que conceda el acceso expresará si es posible la obtención de copias y las condiciones de uso de las mismas. 3. La expedición de certificaciones y copias y la transposición a formatos diferentes del original podrá someterse al previo pago de las exacciones que estén legalmente establecidas en la normativa sobre tasas y precios públicos.

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