Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía

Artículo 92. Fórmulas de acceso al parque público de vivienda de Andalucía

En pocas palabras

El acceso al parque público puede ser en alquiler, cesión de uso u otras formas de tenencia temporal. En el parque autonómico, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía puede seleccionar adjudicatarios pidiendo un listado al Registro Público Municipal de Demandantes; si no llega en quince días hábiles o los candidatos no cumplen, puede pedir otro listado o adjudicar directamente a inscritos que cumplan. Vale para promociones nuevas y segundas adjudicaciones. Cabe vender a los arrendatarios y fijar un precio inferior por resolución.

Explicación sencilla

Regula cómo se accede a una vivienda del parque público y cómo se seleccionan los adjudicatarios del parque autonómico. Hay que retener el plazo de quince días hábiles del Registro Municipal y las dos opciones de la Agencia si no lo cumple.

Regla mnemotécnica

Registro Municipal: 15 días hábiles para el listado. Si falla, la Agencia elige: nuevo listado o adjudicación directa a inscritos.

Trampa típica de examen

Pensar que, sin listado, la Agencia puede adjudicar a cualquiera: solo puede hacerlo directamente a personas que cumplan los requisitos de acceso y que se hayan inscrito en el Registro.

Texto del artículo 92 de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía

1. El acceso a las viviendas que formen parte de parques públicos puede producirse, de acuerdo con la correspondiente legislación y normativa de aplicación, en régimen de alquiler, cesión de uso o cualesquiera otras formas legales de tenencia temporal en las condiciones de renta y con los requisitos que establezcan las respectivas Administraciones públicas en función de la demanda existente, las condiciones socioeconómicas de las personas, unidades familiares y de convivencia destinatarias y las características del mercado de vivienda, incorporando criterios de inclusión, cohesión social y asequibilidad. 2. Las personas adjudicatarias de las viviendas pertenecientes al parque público de titularidad autonómica podrán ser seleccionadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Para ello, solicitará al Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del municipio donde se ubiquen las viviendas un listado de personas solicitantes que reúnan todos los requisitos adecuados para las características de las viviendas ofertadas y seleccionará de entre ellos las personas adjudicatarias con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, transparencia y concurrencia. Todo ello de acuerdo con el procedimiento que se desarrolle reglamentariamente. Si el Registro no remite el listado a que se refiere el párrafo anterior en el plazo de quince días hábiles o las personas candidatas remitidas no cumplieran los requisitos exigidos en función de la vivienda de que se trate, la Agencia podrá optar entre solicitar un nuevo listado de personas inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida o adjudicar las viviendas directamente a personas que cumplan los requisitos de acceso a la promoción y que se hayan inscrito en el Registro. 3. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación tanto para promociones nuevas como para segundas adjudicaciones de viviendas que resulten vacantes. 4. Podrán enajenarse a sus arrendatarios aquellas viviendas protegidas pertenecientes al parque público de titularidad autonómica y los parques públicos municipales en los términos establecidos en el Decreto 377/2000, de 1 de septiembre, por el que se regula el acceso a la propiedad de las viviendas de promoción pública cuyo régimen de tenencia sea el arrendamiento, o normativa que lo sustituya. 5. No obstante, y atendiendo a las circunstancias que concurran, podrá establecerse un precio inferior de venta o renta en caso de arrendamiento al establecido legalmente para las viviendas que integran el parque público de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de los ayuntamientos, en cualquier momento del período de protección, por resolución del titular de la entidad responsable de la gestión y administración de las mismas, y siempre que la persona adquirente cumpla las condiciones de adjudicación de la misma y del programa al que esté acogida la vivienda.

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