Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía
Artículo 77. Alquiler o cesión de uso de viviendas protegidas en régimen de venta por la primera propiedad adjudicataria o posteriores
En pocas palabras
Los arrendamientos o cesiones de uso de una vivienda protegida por su propietario, posteriores a la primera adjudicación, requieren declaración responsable previa presentada por la propiedad y por la arrendataria o cesionaria, que justifique los requisitos y la necesidad de alquilar por motivos laborales, enfermedad u otra justa causa. La omisión, inexactitud o falsedad de sus datos obliga a dejar sin efecto el contrato y a desalojar la vivienda; si no se cumple, la Consejería puede imponer multas coercitivas, sin perjuicio de la sanción.
Explicación sencilla
Permite que el propietario de una vivienda protegida la alquile solo en casos justificados y con declaración responsable conjunta, y dota a la Administración de multas coercitivas para hacer efectivo el desalojo.
Regla mnemotécnica
Alquilar la protegida propia: declaración de los dos + justa causa. Si mienten: contrato fuera, desalojo y multa coercitiva.
Trampa típica de examen
Creer que la declaración responsable la presenta solo el propietario: deben presentarla la persona propietaria y la arrendataria o cesionaria.
Texto del artículo 77 de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía
1. La formalización de contratos de arrendamiento o de cesiones de uso por la persona propietaria de una vivienda protegida, posteriores a la primera adjudicación, está sujeta a la previa presentación de una declaración responsable, que deberán presentar la persona propietaria y la arrendataria o cesionaria, en los términos establecidos reglamentariamente, y donde se deberá justificar, además del cumplimiento de los requisitos previstos en la presente sección, la necesidad de alquilar la vivienda protegida por su titular por motivos laborales, enfermedad u otra justa causa determinada reglamentariamente. 2. La omisión, inexactitud o falsedad en cualquiera de los datos que figuren en la declaración responsable determinará la obligación de dejar sin efecto el contrato de arrendamiento, disponiendo el desalojo de la vivienda protegida. 3. En caso de incumplimiento de la obligación prevista en el apartado anterior, se podrán imponer multas coercitivas por la Consejería competente en materia de vivienda, conforme a lo establecido en la presente ley, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad sancionadora que proceda.
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