Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía
Artículo 6. Derechos y deberes de la ciudadanía en materia de vivienda
En pocas palabras
Las personas físicas con vecindad administrativa en un municipio andaluz tienen derecho a acceder en igualdad a una vivienda adecuada y a las ayudas públicas; a recibir información veraz, accesible y actualizada sobre vivienda protegida, programas y políticas de rehabilitación y alquiler asequible; y a participar en las políticas de vivienda, directamente o mediante organizaciones representativas. Los titulares de propiedad o uso deben usarla responsablemente y mantenerla habitable, accesible y segura. La participación se regulará reglamentariamente.
Explicación sencilla
Recoge en un solo precepto el estatuto del ciudadano en materia de vivienda: tres derechos (acceso, información y participación) y un deber de los titulares de propiedad o uso, que deben usar la vivienda conforme a su función social y conservarla.
Regla mnemotécnica
Derechos A-I-P: Acceso, Información y Participación. Deber: uso responsable y vivienda habitable, accesible y segura.
Trampa típica de examen
Pensar que el deber de mantener la vivienda solo recae en el propietario: alcanza a las personas titulares del derecho de propiedad o de uso.
Texto del artículo 6 de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía
1. Todas las personas físicas con vecindad administrativa en cualquier municipio de Andalucía tienen derecho a: a) Acceder, en condiciones de igualdad y no discriminación, a una vivienda adecuada y a las ayudas públicas destinadas a su disfrute o mantenimiento. b) Recibir información veraz, accesible y actualizada sobre la oferta de vivienda protegida, los programas públicos y las políticas de rehabilitación, regeneración y alquiler asequible. c) Participar, directamente o a través de las organizaciones representativas, en la elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de vivienda. 2. Las personas titulares del derecho de propiedad o de uso de una vivienda deberán hacer un uso responsable de la misma, ajustado a su función social, y mantenerla en condiciones de habitabilidad, accesibilidad y seguridad. 3. Reglamentariamente se establecerán los cauces de participación ciudadana y las garantías del derecho de acceso a la información en materia de vivienda y suelo.
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