Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía
Artículo 43. Medidas frente a ocupaciones ilegales de vivienda
En pocas palabras
La Administración asesorará, desde los servicios autonómicos y municipales de vivienda, a los propietarios cuya vivienda haya sido ocupada ilegalmente. No podrán ser adjudicatarias de vivienda de promoción pública o social en venta las personas que, en los cinco años anteriores al procedimiento de selección, hayan sido condenadas por sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda, o tengan resolución administrativa firme de recuperación o desahucio por ocupar sin título otra vivienda pública del mismo municipio.
Explicación sencilla
Combina apoyo al propietario ocupado con una consecuencia para el ocupante: la exclusión, durante cinco años, como adjudicatario de vivienda pública o social en venta. Hay que retener el plazo, la exigencia de firmeza y que la vivienda ocupada debe estar en el mismo municipio en el caso de la resolución administrativa.
Regla mnemotécnica
Cinco años fuera de la adjudicación en venta: por sentencia firme (allanamiento o usurpación) o por resolución administrativa firme (desahucio en el mismo municipio).
Trampa típica de examen
Aplicar la exclusión a cualquier forma de acceso: el texto se refiere a ser adjudicatarias de una vivienda de promoción pública o social, en venta.
Texto del artículo 43 de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía
1. La Administración colaborará con las personas propietarias que hayan sido objeto de una ocupación ilegal de su vivienda, asesorando a los afectados desde los servicios autonómicos y municipales competentes en materia de vivienda. 2. No podrán ser adjudicatarias de una vivienda de promoción pública o social, en venta, las personas que en los cinco años anteriores al procedimiento de selección: a) Hayan sido condenadas, en sentencia firme, como autores de los delitos de allanamiento de morada con mantenimiento en la misma contra la voluntad de su morador o usurpación de vivienda. b) Se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública ubicada en el mismo municipio.
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