Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía
Artículo 34. Objeto y finalidad de la rehabilitación
En pocas palabras
La rehabilitación busca mejorar la calidad de vida recuperando el parque residencial existente para equipararlo a la vivienda nueva. Las obras pueden afectar a elementos comunes, privativos o a ámbitos de rehabilitación de la Ley 7/2021, con fines como la mejora estructural o funcional, el ahorro energético, la accesibilidad, ascensores, la protección frente al radón o el amianto, o la creación de nuevas viviendas por segregación o división. Se respetarán los valores histórico-artísticos, se extiende a la ciudad existente y se dirigirá prioritariamente a propietarios con menos recursos.
Explicación sencilla
Delimita qué es rehabilitar y hacia quién se orienta. Retener la amplitud de las obras admitidas, incluida la creación de nuevas viviendas por segregación o división, que la adecuación del equipamiento comunitario cuenta como rehabilitación urbana y que la prioridad son las personas propietarias con menos recursos.
Regla mnemotécnica
Rehabilitar = equiparar a lo nuevo. Prioridad: propietarios con menos recursos, donde viven las rentas más bajas.
Trampa típica de examen
Pensar que la rehabilitación se dirige por igual a todos los propietarios: irá dirigida prioritariamente a las personas propietarias con menos recursos.
Texto del artículo 34 de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía
1. La rehabilitación de viviendas y ámbitos urbanos tiene por objeto mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante la recuperación del parque inmobiliario residencial existente, de forma que sus condiciones, requisitos y beneficios tiendan a equipararse con los de las viviendas de nueva construcción, en cumplimiento de las condiciones de uso y las exigencias básicas de calidad, sostenibilidad y descarbonización que exija la normativa vigente, fomentando así el derecho de acceso a una vivienda digna, adecuada y sostenible. 2. Las obras de rehabilitación podrán afectar a los elementos comunes del inmueble y a los elementos privativos de cada una de las viviendas o a ámbitos de actuación de rehabilitación y conservación previstos en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y su reglamento general de desarrollo. Dichas obras podrán estar encaminadas a la mejora de la adecuación estructural, funcional o ambas de un edificio, el ahorro de consumo energético, descarbonización de los inmuebles, la ampliación o adaptación del espacio habitable dentro de los límites reglamentariamente establecidos, la obtención o mejora de las condiciones de habitabilidad, la adecuación de los espacios libres o patios para uso comunitario, la conservación y mantenimiento de los valores arquitectónicos, históricos o ambientales, la accesibilidad universal y diseño para todas las personas eliminando las barreras arquitectónicas y sensoriales, la instalación de ascensores y, en su caso, la adaptación a la normativa vigente, así como a mejorar el edificio en relación con la protección de la salud de las personas, como la incorporación de sistemas de ventilación, la protección frente al gas radón o la eliminación de elementos que contengan amianto. También podrán ir encaminadas a actuaciones de mejora de las edificaciones, así como a la creación de nuevas viviendas como resultado de la segregación o división de las existentes o a través de actuaciones de mejora urbana. 3. Las obras de rehabilitación se orientarán a mantener o recuperar las características arquitectónicas de los bienes de valor histórico-artístico o catalogados por el planeamiento y la legislación de patrimonio cultural, y, en cualquier caso, a adaptarse a las características propias de la edificación del entorno donde se realicen. 4. La rehabilitación se extenderá a la recuperación de la ciudad existente, especialmente en las áreas más degradadas; y, en este sentido, también tendrán la consideración de obras de rehabilitación urbana la adecuación del equipamiento comunitario, entendido este como el constituido por los espacios libres, viales e infraestructuras al servicio de las viviendas, así como la adecuación de edificios públicos o privados destinados al equipamiento social, cultural o educativo en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 5. Las acciones en materia de rehabilitación irán dirigidas prioritariamente a las personas propietarias con menos recursos, debiéndose valorar de manera preferente la atención a las necesidades de las personas que residan en las viviendas y las dificultades de intervención derivadas de su situación socioeconómica, actuando sobre todo donde reside la población con rentas más bajas y donde se concentran las problemáticas asociadas a la mala calidad de las viviendas.
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