Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía

Artículo 105. Obligación de información en las actuaciones de investigación y sancionadoras

En pocas palabras

En la investigación y los expedientes sancionadores, personas físicas y jurídicas y Administraciones deben facilitar la información precisa por el deber de colaboración. Las compañías suministradoras, las notarías y registros de la propiedad y mercantiles, y las webs con anuncios de venta de vivienda protegida deben facilitarla en quince días hábiles desde el requerimiento, prorrogables otros quince días hábiles si hay muchos documentos o inmuebles u otras circunstancias fundadas. Los datos personales se rigen por el principio de minimización.

Explicación sencilla

Concreta el deber de colaboración con la inspección en vivienda y fija un plazo común para todos los requeridos (quince días hábiles), prorrogable por otros tantos. Limita los datos personales a los estrictamente necesarios conforme al Reglamento General de Protección de Datos.

Regla mnemotécnica

Suministradoras, notarías y registros, y webs: 15 + 15 días hábiles (plazo y prórroga).

Trampa típica de examen

Pensar que la prórroga es por un plazo menor: el destinatario podrá solicitar la prórroga del plazo de contestación por otros quince días hábiles.

Texto del artículo 105 de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía

1. En la tramitación de las actividades de investigación y expedientes sancionadores, las personas físicas y jurídicas, así como las Administraciones públicas y entidades de ellas dependientes, en cumplimiento del deber de colaboración, estarán obligadas a facilitar la información que se precise para la comprobación de la existencia de indicios o pruebas de la presunta infracción objeto de investigación. 2. Al objeto de tramitar las correspondientes actuaciones de investigación y sancionadoras, las compañías suministradoras de agua, luz y otros servicios estarán obligadas a facilitar, en el plazo de quince días hábiles desde el requerimiento que se efectúe por el ayuntamiento, Consejería competente en materia de vivienda y sus entidades adscritas, información sobre los siguientes extremos: a) La existencia de contratos de suministro de electricidad o agua en el período solicitado, así como posibles cambios de titularidad en los mismos, con relación expresa de las personas solicitantes y fechas de altas y bajas. b) Datos de las lecturas reales y estimadas efectuadas durante el indicado período de tiempo. c) Cualquier otro dato que se solicite y que resulte relevante al objeto de acreditar la infracción. 3. Al objeto de tramitar las correspondientes actuaciones de investigación y sancionadoras, las notarías y registros de la propiedad y mercantiles facilitarán, en el plazo de quince días hábiles desde el requerimiento que, de conformidad con lo previsto en su respectiva normativa reguladora, se efectúe por el Ayuntamiento, Consejería competente en materia de vivienda y sus entidades adscritas, la información que corresponda en relación con la actuación o expediente en cuestión. 4. Las empresas propietarias de las páginas web donde se inserten los anuncios relativos a la enajenación de viviendas protegidas tienen la obligación de facilitar a las Administraciones competentes en materia de vivienda, en el plazo de quince días hábiles, toda la información que les sea requerida en relación con los datos identificativos del anunciante y cualquier otra información que les sea requerida. 5. Cuando el requerimiento de información se refiera a una pluralidad de documentos o inmuebles, o concurran otras circunstancias fundadas que impidan atenderlo en el plazo indicado, el destinatario podrá solicitar la prórroga del plazo de contestación por otros quince días hábiles. 6. La solicitud de información y el tratamiento de los datos personales que se recaben, en cumplimiento del deber de colaboración establecido en el presente artículo, se sujetan al principio de minimización y la necesidad de que los datos personales solicitados o tratados sean los estrictamente necesarios para los fines concretos del tratamiento, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos. La finalidad del tratamiento de los datos es poder llevar a cabo las actuaciones de investigación, comprobación, informe y la potestad sancionadora para asegurar la observancia del cumplimiento de la normativa en materia de vivienda.

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