Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
Artículo 159. Reglas comunes
En pocas palabras
Las medidas de restablecimiento no se aplican a obras públicas cuando las leyes prevean otros mecanismos. La Administración que dicta el acto hace constar en el Registro de la Propiedad el inicio de los procedimientos, las medidas provisionales y definitivas y las limitaciones de las edificaciones ilegales ya no adecuables por el paso de los plazos, e insta la cancelación cuando dejen de producir efectos; los gastos se repercuten a los infractores en procedimiento separado, solidariamente si son varios. La vía penal no impide restablecer la legalidad salvo que el Juzgado lo acuerde.
Explicación sencilla
Recoge reglas comunes a todo el restablecimiento: la constancia registral de los procedimientos y medidas, quién paga esos gastos y cómo se coordina la vía administrativa con un proceso penal sobre los mismos hechos.
Regla mnemotécnica
Todo al Registro de la Propiedad; los gastos, al infractor (y si son varios, solidariamente).
Trampa típica de examen
Creer que un proceso penal paraliza siempre el restablecimiento de la legalidad: no lo impide salvo que el Juzgado o Tribunal haya acordado que no se adopten las medidas.
Texto del artículo 159 de la Ley 7/2021 (LISTA)
1. Las medidas previstas en este capítulo no serán aplicables frente a obras públicas cuando las leyes hayan establecido otros mecanismos. 2. La Administración que haya dictado el acto o acuerdo en materia de disciplina territorial o urbanística hará constar en el Registro de la Propiedad, en la forma y con los efectos dispuestos en la legislación reguladora de este, el inicio de los procedimientos regulados en este capítulo y las medidas provisionales y definitivas adoptadas, así como las limitaciones de las edificaciones ilegales frente a las que, por el transcurso de los plazos, no quepa acordar su adecuación a la ordenación territorial y urbanística. También deberá instar la cancelación del correspondiente asiento cuando el acto administrativo a que se refiera deje de producir efectos. Los gastos abonados por la Administración competente por tales conceptos se repercutirán a las personas infractoras en procedimiento separado del procedimiento de disciplina territorial o urbanística del que traiga causa. En caso de que exista una pluralidad de personas responsables, la repercusión se exigirá solidariamente. 3. Las actuaciones de la jurisdicción penal no impiden la adopción de las medidas de restablecimiento de la legalidad previstas en este capítulo, salvo que el Juzgado o Tribunal haya acordado que no se adopten. En tales casos, los plazos para el ejercicio de las potestades administrativas se iniciarán o reanudarán, si se hubieran suspendido, una vez que se notifique la resolución judicial firme a la Administración competente.
En qué tema del programa entra
1 pregunta de test sobre este artículo
Con tu plan, Opositasuite te dice qué artículos estudiar cada día y te los pregunta hasta que los dominas.