Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
Artículo 147. Potestades públicas
En pocas palabras
Las Administraciones aseguran el cumplimiento de la legislación y ordenación territorial y urbanística con cinco potestades: intervención sobre la actividad de ejecución y edificación, inspección, restablecimiento de la legalidad, sanción de infracciones y ejercicio de acciones administrativas y judiciales. Su ejercicio es inexcusable cuando concurran los presupuestos legales. Las medidas de restablecimiento tienen carácter real y alcanzan a los terceros adquirentes, subrogados por ley.
Explicación sencilla
Abre la disciplina territorial y urbanística enumerando sus potestades y dejando claro que deben ejercerse de forma inexcusable cuando concurran los presupuestos legales. Además, las medidas de restablecimiento siguen al inmueble aunque cambie de dueño.
Regla mnemotécnica
Cinco potestades, IIRSA: Intervención, Inspección, Restablecimiento, Sanción y Acciones.
Trampa típica de examen
Creer que las medidas de restablecimiento solo afectan a quien cometió la ilegalidad: tienen carácter real y alcanzan a las terceras personas adquirentes.
Texto del artículo 147 de la Ley 7/2021 (LISTA)
1. Las Administraciones Públicas asegurarán el cumplimiento de la legislación y ordenación territorial y urbanística mediante el ejercicio de las siguientes potestades: a) La intervención administrativa sobre la actividad urbanística de ejecución y edificación, en las formas dispuestas en esta Ley. b) La inspección de la ejecución de los actos y usos sujetos a intervención administrativa. c) El restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística. d) La sanción de las infracciones territoriales y urbanísticas. e) El ejercicio de acciones administrativas y judiciales frente a actos o acuerdos administrativos que infrinjan el ordenamiento jurídico. 2. La disciplina territorial y urbanística comporta el ejercicio, de forma inexcusable, de todas las potestades anteriores cuando concurran los presupuestos legales, con arreglo a los principios de legalidad, competencia, planificación y programación, proporcionalidad, seguridad jurídica y oficialidad. 3. Las medidas de restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística tienen carácter real y alcanzan a las terceras personas adquirentes de los inmuebles objeto de tales medidas, dada su condición de subrogados por ley en las responsabilidades contraídas por la persona causante de la ilegalidad territorial o urbanística.
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