Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
Artículo 137. Actos sujetos a licencia urbanística municipal
En pocas palabras
Requieren licencia urbanística municipal previa las obras, construcciones, edificaciones, instalaciones, infraestructuras y usos del suelo y las divisiones, segregaciones y parcelaciones, incluida la propiedad horizontal. No la requieren, entre otros: los actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, las órdenes de ejecución, las parcelaciones de proyectos de reparcelación, la urbanización de proyectos aprobados y los usos agrícolas sin transformación ni construcciones. Son nulas las licencias contrarias a la ordenación para los actos del artículo 153.2.
Explicación sencilla
Delimita el ámbito de la licencia urbanística: qué actos la necesitan, qué excepciones hay y la nulidad de pleno derecho de las licencias que vulneran la ordenación en los actos del artículo 153.2. Añade una obligación de control para quienes venden o instalan prefabricadas residenciales.
Regla mnemotécnica
Sin licencia, porque ya hay otro control: DR o comunicación, orden de ejecución, reparcelación, proyecto de urbanización aprobado. Prefabricadas: copia seis años.
Trampa típica de examen
Exigir licencia a las parcelaciones urbanísticas en todo caso: no la requieren las contenidas en proyectos de reparcelación.
Texto del artículo 137 de la Ley 7/2021 (LISTA)
1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal las obras, construcciones, edificaciones, instalaciones, infraestructuras y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, así como las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas, incluidas las distintas fórmulas de propiedad horizontal reguladas en la legislación en la materia. Todo ello, sin perjuicio de la obligación de obtener, con carácter previo, las concesiones, autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley o a la legislación sectorial aplicable. 2. No requieren previa licencia: a) Los actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, según el artículo 138. b) Las obras que sean objeto de las órdenes de ejecución, ni los actos necesarios para la ejecución de resoluciones administrativas o jurisdiccionales dirigidas al restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística. c) Las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas, contenidas en proyectos de reparcelación. d) La constitución y modificación de complejos inmobiliarios en los supuestos exceptuados en la legislación estatal. e) Los actos de urbanización comprendidos en proyectos de urbanización debidamente aprobados. Tampoco requerirán licencia los actos de urbanización complementarios a las actuaciones edificatorias contenidos en los proyectos que las definan. f) Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales que no supongan la transformación de su naturaleza rústica, en los términos que se establezcan reglamentariamente, ni conlleven la realización de construcciones, edificaciones e instalaciones. g) Los actos promovidos por Administraciones Públicas en los supuestos exceptuados en el artículo 139. h) Aquellos exceptuados por la legislación sectorial aplicable. 3. Sin perjuicio de las causas de nulidad previstas en la legislación vigente, serán nulas de pleno derecho las licencias, órdenes de ejecución, declaraciones de fuera de ordenación o asimiladas, u otras autorizaciones o aprobaciones municipales que se otorguen contra las determinaciones de la ordenación urbanística, cuando tengan por objeto la realización de los actos y usos contemplados en el artículo 153.2. 4. Las empresas comercializadoras o instaladoras de edificaciones prefabricadas susceptibles de albergar un uso residencial, cuya implantación esté sometida a licencia o declaración responsable, exigirán para su instalación, venta, alquiler o cesión de su uso la acreditación de la previa obtención de licencia o de la presentación en el Ayuntamiento de la declaración responsable, debiendo conservar copia de dichos documentos durante un plazo de seis años desde la fecha del acto jurídico.
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