Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
Artículo 131. Derecho de superficie
En pocas palabras
Las Administraciones Públicas y demás entidades públicas, y también los particulares, pueden constituir el derecho de superficie sobre bienes de su propiedad o del patrimonio público de suelo, para cualquier uso permitido por la ordenación, y el derecho corresponde al superficiario. Su régimen jurídico es el de la legislación estatal. Sobre suelos de los patrimonios públicos, el procedimiento sigue las reglas de disposición de esos patrimonios; sobre otros bienes públicos, su normativa propia.
Explicación sencilla
Abre a todos, públicos y privados, el derecho de superficie como forma de poner suelo en uso sin venderlo. La Ley andaluza remite su régimen a la legislación estatal y solo precisa qué procedimiento aplicar cuando el suelo es público.
Regla mnemotécnica
Derecho de superficie: lo constituye cualquiera (Administración, entidad pública o particular), para cualquier uso permitido; el régimen, el del Estado.
Trampa típica de examen
Creer que solo las Administraciones pueden constituir el derecho de superficie: el artículo incluye también a los particulares.
Texto del artículo 131 de la Ley 7/2021 (LISTA)
1. Las Administraciones Públicas y demás entidades públicas, así como los particulares, podrán constituir el derecho de superficie en bienes de su propiedad o integrantes del patrimonio público de suelo correspondiente, con destino a cualquiera de los usos permitidos por la ordenación urbanística, cuyo derecho corresponderá al superficiario. 2. En cuanto a su régimen jurídico, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal. 3. El procedimiento de constitución del derecho de superficie sobre suelos pertenecientes a los patrimonios públicos de suelo se regirá por lo dispuesto en la legislación para la disposición del patrimonio público de suelo en los diversos supuestos. En caso de constituirse tal derecho sobre el resto de bienes propiedad de las Administraciones Públicas y demás entidades públicas, su constitución y ejercicio de este derecho se regirá por la normativa que le resulte de aplicación.
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