Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
Artículo 112. Proyecto de distribución de cargas de urbanización
En pocas palabras
El proyecto de distribución de cargas de urbanización reparte equitativamente los gastos de urbanización entre los propietarios o titulares de derechos reales de las parcelas beneficiadas, y puede incluir el coste de obtener los terrenos necesarios para las obras. Exige información pública simultánea a la notificación a los afectados y puede integrarse en el procedimiento del proyecto de urbanización. La Administración actuante lo aprueba en un máximo de cuatro meses desde la solicitud; si no notifica, se entiende aprobado por silencio.
Explicación sencilla
Es el instrumento de equidistribución de la ejecución asistemática: hace en pequeño lo que la reparcelación hace en una unidad de ejecución. Su plazo de cuatro meses y el silencio aprobatorio son los datos clave.
Regla mnemotécnica
Distribución de cargas: paga quien se beneficia de las obras; 4 meses para aprobarlo y, si callan, aprobado.
Trampa típica de examen
Pensar que el proyecto solo puede repartir el coste de las obras: también puede incluir el coste de obtención de los terrenos necesarios para ejecutarlas.
Texto del artículo 112 de la Ley 7/2021 (LISTA)
1. El proyecto de distribución de cargas de urbanización tiene por objeto distribuir equitativamente los gastos de urbanización entre las personas propietarias o titulares de derechos reales de las parcelas beneficiadas por dichas obras y podrá incluir el coste de obtención de los terrenos necesarios para ejecutar dichas obras. 2. Reglamentariamente, se regulará el procedimiento, contenido y efectos del citado instrumento. Se requerirá trámite de información pública de forma simultánea a la notificación a los titulares de bienes y derechos afectados. En su caso, el procedimiento podrá integrarse en el de aprobación del proyecto de urbanización. El plazo máximo para la aprobación del proyecto de distribución de cargas de urbanización por la Administración actuante será de cuatro meses desde la presentación de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. El vencimiento de dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados para entenderla aprobada por silencio administrativo.
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