Fomento-Arbitral
Las formas de la actividad administrativa: fomento y actividad arbitral
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Crear cuenta gratisResumen
La clasificación tradicional de la actividad administrativa se debe a Jordana de Pozas y aparece en los Títulos del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955. Su criterio son los efectos sobre las situaciones subjetivas de los ciudadanos: policía (imperium o coacción), servicio público (prestaciones) y fomento (incentivación de los particulares). Parejo añade la actividad económica, la de planificación y la de prevención, y clasifica por la propia actividad. Parada Vázquez añade la actividad arbitral.
Explicación sencilla
Es el marco de todo el tema: la tríada policía, servicio público y fomento ordena el estudio de la actividad administrativa; en el orden de Baena (policía, fomento y servicio público) el fomento es el segundo término, y la actividad arbitral es la forma que Parada Vázquez propone añadir.
Regla mnemotécnica
PoSeFo de Jordana: Policía (coacción), Servicio público (prestaciones), Fomento (incentivo). Criterio: efectos sobre los ciudadanos; el de la propia actividad es de Parejo.
⚠️ Truco / trampa típica
Atribuir a Jordana de Pozas el criterio de la propia actividad (externa e interna, jurídica y material…): esa clasificación teórica la propone Luciano Parejo; la de Jordana se ordena por los efectos sobre las situaciones subjetivas de los ciudadanos.
La clasificación tradicional de la actividad administrativa se debe en nuestro Derecho a la obra de Jordana de Pozas y aparece sistematizada incluso en alguna disposición normativa, como los Títulos del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955. Su criterio ordenador son los efectos que la actividad produce sobre las situaciones subjetivas de los ciudadanos, y distingue tres formas: - Actividad de policía, de intervención o de ordenación administrativa, asentada sobre la idea de imperium o coacción administrativas. - Actividad de servicio público, basada en la realización efectiva de prestaciones a los ciudadanos. - Actividad de fomento, que supone la incentivación, por parte de la Administración, de la actividad de los particulares. Fortes Martín advierte que la realidad actual es mucho más rica: Luciano Parejo menciona además la actividad económica, la de planificación o planeamiento y la de prevención o preservación. Parejo propone también una clasificación teórica que toma como criterio la propia actividad: externa e interna; de Derecho público y de Derecho privado; jurídica y material (real o técnica); unilateral y contractual. Según Baena del Alcázar, la clasificación en policía, fomento y servicio público, de la que el fomento es el segundo término, la expuso Jordana de Pozas en sus explicaciones de cátedra y alcanzó su formulación definitiva en 1949. Parada Vázquez sostiene que existe además una actividad administrativa arbitral, que en las obras generales no había merecido todavía un tratamiento específico dentro de las formas de actividad. El Diccionario panhispánico del español jurídico recoge entre los sublemas de «actividad administrativa» la arbitral, la de fomento, la de limitación, la de policía y la de servicio público. (A. Fortes Martín, Principios de Derecho Administrativo, lección 5, OCW UC3M, 2019, págs. 12-13; M. Baena del Alcázar, «Sobre el concepto de fomento», RAP, núm. 54, 1967, pág. 45; J. R. Parada Vázquez, «La actividad arbitral de la Administración», REGAP, núm. 23, 1999, pág. 17; DPEJ, voz «actividad administrativa».)
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Resumen
Jordana de Pozas (1949) definió el fomento como la acción que protege o promueve actividades, establecimientos o riquezas de los particulares que satisfacen necesidades públicas o son de utilidad general, sin usar de la coacción ni crear servicios públicos. Baena destaca que es persuasiva (convencer para que se haga u omita algo), indirecta y delimitada en negativo. El DPEJ da dos acepciones: obras públicas (Javier de Burgos, 1833) y estímulo económico u honorífico. García de Enterría la ve como originalidad española; Villar Palasí y Pérez Olea la critican.
Explicación sencilla
Sirve para distinguir el fomento de las otras dos formas clásicas: no coacciona, como la policía, ni crea servicios públicos, sino que persuade al particular con estímulos para que él mismo satisfaga necesidades públicas.
Regla mnemotécnica
Fomento = convencer, no obligar ni prestar: «sin coacción ni servicios públicos». Para García de Enterría, una de las escasas originalidades (Gran Exclusiva española); críticas de Villar Palasí y Pérez Olea (Vago y Pálido).
⚠️ Truco / trampa típica
Confundir las críticas: la frase «resulta indefinida dentro de una pura lógica jurídica» es de Villar Palasí, mientras que Pérez Olea calificó el fomento de fórmula desvaída y sin contornos; García de Enterría, en cambio, veía en él una de las escasas originalidades.
Jordana de Pozas, en su «Ensayo de una teoría del fomento en el Derecho administrativo» (Revista de Estudios Políticos, núm. 48, 1949), definió el fomento como «la acción encaminada a proteger o promover las actividades, establecimientos o riquezas debidas a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar de la coacción ni crear servicios públicos». Baena del Alcázar destaca de esta definición que se trata de una actividad persuasiva (para Jordana la finalidad es siempre «convencer para que se haga u omita algo»), que satisface necesidades públicas por vía indirecta, que recae sobre actividades, establecimientos o riquezas y que se delimita en negativo: sin coacción y sin crear servicios públicos. Para Fortes Martín, la actividad de fomento es la tendente a proteger, promover o estimular actividades privadas que satisfacen necesidades públicas o que se estiman de utilidad o interés general. No se caracteriza por el empleo de la coacción (propio de la policía) ni por la creación de servicios públicos, sino por el estímulo, la promoción y la incentivación hacia fines de interés general. El DPEJ da dos acepciones de «fomento»: el concepto que desde finales del siglo XVIII y primeros del XIX se vincula a la política de obras públicas (con la Instrucción a los Subdelegados de Fomento de Javier de Burgos, de 1833), y la actividad administrativa dirigida a estimular la actividad privada con medidas de carácter económico, como ayudas o subvenciones, o de carácter honorífico. García de Enterría veía en el fomento una de las escasas originalidades del Derecho administrativo español. No han faltado críticas: para Villar Palasí la actividad de fomento «resulta indefinida dentro de una pura lógica jurídica», y Pérez Olea la calificó de fórmula desvaída y sin contornos. (M. Baena del Alcázar, «Sobre el concepto de fomento», RAP, núm. 54, 1967, págs. 45-46, 50-52; A. Fortes Martín, lección 5, OCW UC3M, 2019, pág. 17; DPEJ, voz «fomento».)
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Resumen
Según Baena, Jordana de Pozas clasificó los medios de fomento en positivos (otorgan prestaciones, bienes o ventajas) y negativos (obstáculos o cargas que dificultan las actividades contrarias), y en honoríficos (recompensas y distinciones), económicos (los más importantes) y jurídicos (situación de privilegio; el grupo más variado). Garrido Falla y Entrena Cuesta la aceptan; Pellisé añade los medios psicológicos, sobre todo la propaganda oficial. Los honoríficos usan la idea del honor: títulos, condecoraciones, menciones especiales y calificaciones de examen.
Explicación sencilla
La clasificación permite encuadrar cualquier medida de fomento: una condecoración o un título es un medio honorífico, una ventaja económica es un medio económico y una situación de privilegio, uno jurídico. El DPEJ recoge la distinción entre apoyo económico y honorífico.
Regla mnemotécnica
Jordana: HEJ = Honoríficos, Económicos (los más importantes), Jurídicos (los más variados). Pellisé suma la P de Psicológicos = Propaganda.
⚠️ Truco / trampa típica
Cambiar los superlativos: los medios económicos son, con mucho, los más importantes, y los jurídicos forman el grupo más variado; no al revés.
Según la exposición de Baena del Alcázar, Jordana de Pozas clasificó los medios de fomento con dos criterios: - Positivos y negativos: positivos son los que otorgan prestaciones, bienes o ventajas; negativos, los que significan obstáculos o cargas creadas para dificultar por medios indirectos las actividades contrarias a las que se quieren fomentar. - Honoríficos, económicos y jurídicos. Los honoríficos consisten en el otorgamiento de recompensas y distinciones (condecoraciones, títulos, etc.); los económicos son, con mucho, los más importantes de los tres e incluyen todas las ventajas de esta índole concedidas a las actividades que se quieren fomentar; los jurídicos se caracterizan porque se otorga una situación de privilegio, y forman el grupo más variado. Garrido Falla acepta la clasificación en sus líneas generales y Entrena Cuesta la mantiene sustancialmente. Pellisé añade un cuarto término, los medios psicológicos, entre los que cita como principal la propaganda que llevan a cabo los organismos oficiales. Según la doctrina que recoge Baena, con los medios honoríficos se trata de que los particulares realicen determinadas actividades utilizando como incentivo la idea del honor. Según Garrido, se concretan en los títulos, las condecoraciones, las menciones especiales y las calificaciones de examen, y son medios de fomento porque estimulan el ejercicio de actividades premiables por razones de interés público. El propio Garrido reconoce que es imposible reconducir a unidad su régimen jurídico. El DPEJ define la actividad administrativa de fomento como el «apoyo a la actividad privada, que puede ser de carácter económico (ayudas o subvenciones) u honorífico (reconocimientos, condecoraciones o premios)». (M. Baena del Alcázar, «Sobre el concepto de fomento», RAP, núm. 54, 1967, págs. 48-49 y 69-70; DPEJ, voz «actividad administrativa de fomento».)
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Resumen
Medios jurídicos: para Jordana, una condición privilegiada que da ventajas económicas o de seguridad (el beneficio de vecindad, la expropiación forzosa, los monopolios…). Garrido rechaza los privilegios por poder ser coactivos y los reduce a las dispensas; para Baena es el grupo menos homogéneo. Medios económicos: los más importantes, porque el principal estímulo es el provecho. Garrido los divide en reales (uso de bienes públicos o servicios técnicos gratuitos) y financieros: auxilios indirectos (exenciones fiscales, desgravaciones, admisiones temporales) y directos (la ).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasMedios jurídicos. Para Jordana de Pozas se caracterizan por el otorgamiento de una condición privilegiada que, indirectamente, representa ventajas económicas o de seguridad. Su variedad es muy grande: derogaciones de preceptos de derecho privado, ficciones jurídicas como el beneficio de vecindad y concesiones de prerrogativas de derecho público, como las prestaciones personales, la expropiación forzosa, el consumo obligatorio, los estatutos privilegiados y las exclusivas o monopolios de toda clase. Garrido Falla enumera como medios jurídicos los privilegios y las dispensas, pero rechaza los privilegios como inadecuados en esta actividad porque pueden suponer una actividad coactiva, al menos respecto a terceros; el grupo queda así reducido a las dispensas. Baena lo considera el grupo menos homogéneo de los medios de fomento. Medios económicos. Para Baena del Alcázar (1967), son, con mucho, los más importantes, porque en nuestra época el principal estímulo es el provecho. Garrido los clasifica en: - Reales: el uso o aprovechamiento de una cosa de dominio público o de propiedad administrativa, o la utilización gratuita de servicios técnicos (como el de extinción de plagas forestales). - Financieros, que se dividen en auxilios indirectos (exenciones fiscales, desgravaciones y admisiones temporales) y auxilios directos, constituidos principalmente por la subvención en sentido amplio o en cada una de sus especies. En la doctrina francesa, Rivero distingue ventajas jurídicas, materiales y financieras, y cita como auxilios indirectos la protección aduanera y las ventajas fiscales. (M. Baena del Alcázar, «Sobre el concepto de fomento», RAP, núm. 54, 1967, págs. 49 y 71-73.)
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Resumen
Para Fortes Martín, el fomento se basa sobre todo en estímulos económicos a los privados, con libre concurrencia, igualdad y no discriminación y transparencia; la , ayuda dineraria con cargo a fondos públicos para fines de interés público, es la medida más generalizada. Baena la llama «punctum saliens» y Garrido Falla, técnica paradigmática. El DPEJ la define como las ayudas que consisten en transferencias económicas. En la UE (arts. 107 a 109 TFUE) rige una prohibición general, pero no absoluta, de las ayudas que falseen la competencia.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún Fortes Martín, la actividad de fomento encuentra su lugar principalmente en los alicientes o estímulos, sobre todo de índole económica, concedidos a los sujetos privados, y para ello deben concurrir, entre otros, los principios de libre concurrencia (o concurrencia competitiva), igualdad y no discriminación, y transparencia. De las medidas de fomento que existen, la subvención, como modalidad de ayuda pública, es la más generalizada, entendida como ayuda dineraria con cargo a fondos públicos para la realización de fines de interés público. Baena del Alcázar llama a las subvenciones el «punctum saliens» de la actividad de fomento, y recuerda que Garrido Falla las califica de técnica paradigmática del fomento. El DPEJ define la actividad administrativa de subvención como el «conjunto de las ayudas que las administraciones públicas prestan a los ciudadanos cuando consisten en transferencias económicas». La ayuda pública es, para el DPEJ, la prestación económica de cualquier clase aportada por organismos públicos a las empresas, que puede consistir en ayudas financieras directas, avales, reducción de cargas, bonificaciones fiscales o auxilios de cualquier tipo, de la que resulta una ventaja frente a otros operadores o un falseamiento de la competencia. El régimen de ayudas de la Unión Europea (arts. 107 a 109 TFUE) parte de una prohibición general, pero no absoluta: son incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios entre Estados miembros, las ayudas que falseen o amenacen falsear la competencia. Unas ayudas se consideran compatibles por sí mismas (las destinadas a reparar los perjuicios de desastres naturales u otros acontecimientos excepcionales) y otras pueden declararse compatibles (las destinadas a favorecer el desarrollo de regiones con un nivel de vida anormalmente bajo o una grave situación de subempleo). Su régimen general está en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que se estudia como norma. (A. Fortes Martín, lección 5, OCW UC3M, 2019, págs. 17-18; M. Baena del Alcázar, RAP, núm. 54, 1967, pág. 74; DPEJ, voces «actividad administrativa de subvención» y «ayuda pública».)
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Resumen
Parada Vázquez distingue que la Administración, en conflicto con un administrado, lo someta a un tercero, y que arbitre entre particulares en ejercicio de una potestad; solo esto último es actividad arbitral: decidir unilateralmente conflictos entre administrados sobre derechos privados o administrativos, bajo control judicial. No es policía: lo que pierde uno lo gana otro, y exige rigurosa neutralidad. Ejemplos de 1999: Jurado de Expropiación, concentración parcelaria, conflictos entre operadores. El DPEJ cita la CNMC, la Agencia de Protección de Datos y la Comisión de Propiedad Intelectual.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasParada Vázquez distingue dos situaciones: que la Administración, cuando está en conflicto con un administrado, someta al juicio de un tercero la resolución de la controversia, y que arbitre sobre derechos o intereses entre particulares, civiles o administrativos, en ejercicio de una potestad administrativa. Solo lo segundo es la actividad arbitral, que define como «aquella que realiza la Administración Pública cuando ejercita la potestad de decidir unilateralmente conflictos entre los administrados sobre derechos privados o administrativos bajo el control de la Jurisdicción contencioso-administrativa o civil». El DPEJ define la actividad administrativa arbitral como la «actuación de la Administración para resolver conflictos entre sujetos privados», y cita como ejemplos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Agencia de Protección de Datos y la Comisión de Propiedad Intelectual. Para Parada, estos supuestos no encajan en la actividad de policía o limitación: lo que se quita a un particular incrementa en la misma medida el derecho de otro, y en ella predomina el interés o derecho de los particulares en conflicto. Por eso la Administración debe adoptar una actitud de rigurosa neutralidad, la misma que los órganos judiciales en los procesos civiles, y el acto arbitral se aproxima a las sentencias en cuanto aplicación objetiva de las normas. Entre los ejemplos que daba en 1999: el Jurado de Expropiación cuando fija el justiprecio que un beneficiario particular paga al expropiado; la compensación urbanística y la concentración parcelaria; los conflictos entre concesionario y usuarios; los conflictos entre operadores en telecomunicaciones o energía, y las decisiones entre particulares sobre el mejor derecho a una subvención o a la condición de funcionario o contratista. Como causas señala el insatisfactorio funcionamiento de la justicia civil, la especialidad y la eficacia, y la existencia de numerosas materias mixtas administrativo-civiles. (J. R. Parada Vázquez, «Arbitraje y Derecho administrativo. La actividad arbitral de la Administración», REGAP, núm. 23, 1999, págs. 13 y 16-20; DPEJ, voz «actividad administrativa arbitral».)
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Resumen
Según Parada, tras la Constitución de 1978 el arbitraje obligatorio sobre derechos privados quedó bajo sospecha por falta de cobertura constitucional clara; García de Enterría y Fernández Rodríguez hablaron de «privilegio odioso», y Santamaría Pastor lo admite si la decisión puede impugnarse ante un juez. La STC 192/1981 vetó que la Administración por sí misma arbitrara huelgas y la STC 174/1995 anuló la presunción de arbitraje sin recurso de la LOTT. De ellas Parada deduce dos condiciones: apoyo en una ley y control jurisdiccional. Su análisis del acto arbitral usaba normas hoy derogadas.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún Parada Vázquez, tras la Constitución de 1978 la actividad arbitral obligatoria sobre derechos privados quedó bajo sospecha por falta de una cobertura constitucional clara, como la que el artículo 25 CE da a la potestad sancionadora. García de Enterría y Fernández Rodríguez llamaron «privilegio odioso» a aplicar la autotutela a las relaciones entre privados. Para Santamaría Pastor la sospecha carece de fundamento: si los particulares pueden someter sus conflictos a cualquier persona, también puede asumirlo la Administración; y el arbitraje obligatorio es admisible siempre que la decisión pueda impugnarse ante un órgano jurisdiccional. La STC 192/1981 declaró inconstitucional que la Administración por sí misma pudiera arbitrar en conflictos colectivos ordenando el cese de una huelga, pero admitió que esa decisión la asumieran árbitros imparciales. La STC 174/1995 declaró inconstitucional un precepto de la Ley 16/1987 (LOTT) que presumía la aceptación del arbitraje y privaba de recurso jurisdiccional en asuntos de pequeña cuantía. De ambas se desprende, para Parada, que la Administración puede arbitrar conflictos entre particulares siempre que la potestad se apoye en una ley y sus resoluciones puedan controlarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa o la civil. Según él, esas sospechas hicieron retroceder los arbitrajes obligatorios entre particulares en favor de los voluntarios. Parada analizaba el acto arbitral con normas hoy derogadas (Ley 30/1992 y Ley 36/1988, de arbitraje): exigía un conflicto entre dos o más administrados con pretensiones opuestas, y dos principios: la neutralidad del órgano (abstención y recusación) y la igualdad de oportunidades y medios de defensa. Su control se bifurcaba: los arbitrajes obligatorios iban a lo contencioso-administrativo y los laudos a lo civil cuando la ley remitía a la Ley 36/1988. Esos laudos carecían de dos rasgos esenciales del acto administrativo: la ejecutoriedad por la propia Administración y la recurribilidad ante lo contencioso-administrativo. (J. R. Parada Vázquez, «Arbitraje y Derecho administrativo. La actividad arbitral de la Administración», REGAP, núm. 23, 1999, págs. 20-23.)
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Resumen
Para el DPEJ, el arbitraje es un sistema extrajudicial para conflictos sobre cuestiones de libre disposición. Nace del convenio arbitral (por escrito, de naturaleza contractual, excluye a los jueces) y acaba en un laudo con fuerza equivalente a una sentencia, ejecutable por los jueces e impugnable con la acción de anulación por motivos tasados. Norma general: Ley 60/2003, de Arbitraje. Es de derecho si se decide conforme a reglas jurídicas y de equidad si según el saber y entender del árbitro. El mediador aproxima a las partes sin decidir; la conciliación resuelve mediante transacción.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl DPEJ define el arbitraje como el «sistema extrajudicial de resolución de los conflictos intersubjetivos sobre cuestiones de libre disposición». Tiene su origen en el convenio arbitral, por el que las partes encomiendan la decisión de la controversia a uno o varios árbitros. Lo que estos dictaminan se materializa en un laudo arbitral, que tiene fuerza equivalente a la de una sentencia y puede ejecutarse de manera forzosa por los órganos judiciales; su validez puede impugnarse ante los tribunales con la acción de anulación, por motivos tasados. La norma general es la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. El convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes de una relación jurídica, contractual o no, manifiestan la voluntad de someter a la decisión de uno o más árbitros las cuestiones litigiosas surgidas o que puedan surgir de ella (Ley 60/2003, art. 9.1). Debe constar por escrito o en un intercambio de comunicaciones que deje constancia del acuerdo, tiene naturaleza contractual e implica la exclusión de los jueces y tribunales para conocer de las cuestiones sometidas a arbitraje. Según el criterio de decisión: - En el arbitraje de derecho, el árbitro decide la cuestión litigiosa conforme a derecho o reglas jurídicas. - En el arbitraje de equidad, decide de acuerdo con su saber y entender, aunque no puede fallar a partir de apreciaciones subjetivas ni prescindir de las normas imperativas. La mediación es el procedimiento extrajudicial en el que un mediador trata de aproximar los puntos de vista de las partes para que alcancen un acuerdo; a diferencia del arbitraje, el mediador no resuelve el conflicto mediante una decisión obligatoria para las partes. La mediación de consumo es la que busca la solución consensuada de conflictos entre consumidores y empresarios con la intervención de un tercero imparcial. La conciliación, en el ámbito procesal, es la resolución de conflictos mediante transacción. (Diccionario panhispánico del español jurídico, voces «arbitraje», «convenio arbitral», «laudo arbitral», «arbitraje de derecho», «arbitraje de equidad», «mediación», «mediación de consumo» y «conciliación».)
Contrastada con: dpej.rae.es
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El Real Decreto 231/2008 define el Sistema Arbitral de Consumo como arbitraje institucional extrajudicial, y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos entre consumidores y empresas sobre derechos del consumidor. Es voluntario. Solo admite materias de libre disposición: excluye intoxicación, lesión, muerte o indicios de delito. Lo organizan las Juntas Arbitrales, su Comisión (tres presidentes), el Consejo General y los órganos arbitrales. Se decide en equidad salvo opción expresa por derecho; rige la gratuidad, y el laudo se dicta en noventa días naturales, prorrogables.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, regula el Sistema Arbitral de Consumo, que define como «el arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor» (art. 1.2). El DPEJ lo describe como un sistema extrajudicial de resolución de conflictos organizado por la Administración. Su preámbulo recuerda que el artículo 51 CE obliga a los poderes públicos a defender a los consumidores; que la Ley 26/1984 (art. 31) ya preveía un sistema arbitral sin formalidades especiales; que el primer reglamento fue el Real Decreto 636/1993, y que el régimen legal está hoy en los artículos 57 y 58 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El sistema es de carácter voluntario. Solo pueden someterse a arbitraje de consumo los conflictos sobre materias de libre disposición; se excluyen los que versan sobre intoxicación, lesión, muerte o aquellos en que existan indicios racionales de delito (art. 2). En lo no previsto, se aplica la Ley 60/2003, de Arbitraje, y la actividad de las Juntas Arbitrales es de carácter administrativo (art. 3). El sistema se organiza a través de las Juntas Arbitrales de Consumo, la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo (integrada por tres presidentes de Juntas), el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo y los órganos arbitrales (art. 4 y preámbulo). El arbitraje se decide en equidad, salvo que las partes opten expresamente por la decisión en derecho (art. 33.1). El procedimiento se ajusta a los principios de audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad (art. 41.1), y el laudo, siempre motivado, se dicta y notifica en el plazo de noventa días naturales, prorrogable en casos de especial complejidad (arts. 48 y 49). El reglamento se estudia completo como norma. (Real Decreto 231/2008, preámbulo y arts. 1-4, 33, 41, 48 y 49, BOE; DPEJ, voz «sistema arbitral de consumo».)
Contrastada con: boe.es · dpej.rae.es
Resumen
Las Juntas Arbitrales de Consumo gestionan el arbitraje y prestan servicios técnicos, administrativos y de secretaría a partes y árbitros. Son la Nacional, adscrita al Instituto Nacional del Consumo, y las territoriales, creadas por convenio. Presidente y secretario son personal de las Administraciones públicas. Es competente la Junta que elijan las partes; si no, la del domicilio del consumidor (la de inferior ámbito), salvo oferta limitada territorialmente. La oferta de adhesión se entiende en equidad, indefinida y con mediación previa. Decide un árbitro único o un colegio de tres árbitros.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLas Juntas Arbitrales de Consumo son «los órganos administrativos de gestión del arbitraje institucional de consumo y prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría, tanto a las partes como a los árbitros» (RD 231/2008, art. 5.1). Según el art. 5.2, son: - La Junta Arbitral Nacional, adscrita al Instituto Nacional del Consumo (de la AGE, según el DPEJ). - Las territoriales, constituidas por convenio entre las Administraciones públicas y el Instituto Nacional del Consumo. Las integran presidente y secretario, que deben ser personal de las Administraciones públicas, y personal de apoyo; las resoluciones de sus presidentes ponen fin a la vía administrativa, salvo lo previsto en el art. 36 (art. 7). Entre sus funciones: fomentar el arbitraje de consumo, resolver sobre las ofertas de adhesión, elaborar la lista de árbitros y llevar un registro de laudos (art. 6). Es competente la Junta que elijan las partes; si no, la territorial del domicilio del consumidor (la de inferior ámbito si hay varias), pero, si la oferta de adhesión está limitada territorialmente, la Junta a la que se adhirió la empresa (si son varias, la que elija el consumidor) (art. 8). Empresas y profesionales pueden hacer una oferta pública de adhesión, única para todo el sistema; si no indica otra cosa, se entiende hecha en equidad, por tiempo indefinido y aceptando la mediación previa (art. 25). Aceptada la oferta, el presidente de la Junta otorga el distintivo oficial (art. 28). Los órganos arbitrales deciden el conflicto (art. 18): - Árbitro único, si lo acuerdan las partes, o el presidente de la Junta cuando la cuantía es inferior a 300 euros y el asunto es sencillo (art. 19). - Colegio arbitral, en otro caso: tres árbitros acreditados propuestos por la Administración, las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales o profesionales; preside el de la Administración, salvo que las partes pidan otro por la especialidad del asunto o por dirigirse contra una entidad pública vinculada a la Administración de la Junta (art. 20). (RD 231/2008, arts. 5-8, 18-20, 25 y 28, BOE; DPEJ, voces «Junta Arbitral Nacional de Consumo» y «Colegio Arbitral de Consumo».)
Contrastada con: boe.es · dpej.rae.es
Resumen
La Ley 16/1987 (LOTT) crea las Juntas Arbitrales del Transporte para proteger y defender a las partes del transporte. Las forman miembros de la Administración, que las presiden, y representantes de las empresas y de los cargadores y usuarios. Resuelven, con los efectos de la legislación de arbitraje, controversias mercantiles de los contratos de transporte terrestre y actividades auxiliares. Se presume el sometimiento si la cuantía no excede de 15.000 euros y nadie se opuso antes del transporte. También atienden el depósito y la enajenación de mercancías.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), crea las Juntas Arbitrales del Transporte «como instrumento de protección y defensa de las partes intervinientes en el transporte». Deben formar parte de ellas, en todo caso, miembros de la Administración, a los que corresponde la presidencia, representantes de las empresas de transporte y representantes de los cargadores y usuarios. El Ministerio, a través de la Dirección General de Transportes Terrestres, dirime los conflictos de atribuciones entre las Juntas y asegura su coordinación (art. 37). Les corresponde resolver, con los efectos previstos en la legislación general de arbitraje, las controversias de carácter mercantil surgidas en el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre, cuando las partes u otras personas con interés legítimo las sometan de común acuerdo a su conocimiento, y las de los demás contratos de las empresas transportistas y de actividades auxiliares y complementarias relacionados directamente con la prestación de esos servicios (art. 38.1). Se presume que existe acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 15.000 euros y ninguna de las partes haya manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes de que se inicie o debiera haberse iniciado el transporte. El procedimiento arbitral, que fija el Gobierno, debe caracterizarse por la simplificación de trámites y la no exigencia de formalidades especiales. Las Juntas atienden además el depósito y, en su caso, la enajenación de mercancías (art. 38). El DPEJ recoge la crítica de la STC 352/2006 a la presunción legal de que el silencio de las partes equivale a un convenio arbitral. Según Parada Vázquez, las Juntas recrean las antiguas Juntas de Detasas, creadas por la Ley de 18 de julio de 1932, y la STC 174/1995 declaró inconstitucional la presunción tal como estaba redactada entonces. (Ley 16/1987, arts. 37 y 38, BOE; DPEJ, voz «junta arbitral del transporte»; J. R. Parada Vázquez, REGAP, núm. 23, 1999, págs. 21, 29-30 y 38.)
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El Reglamento de la LOTT (RD 1211/1990, arts. 6 a 9) atribuye a las Juntas resolver controversias mercantiles del transporte terrestre (excluidas en todo caso las laborales, penales o tributarias), acordar el depósito y la enajenación de mercancías y hacer peritaciones. El demandante elige la Junta del origen, del destino o del domicilio de la empresa; el consumidor, también la de su residencia. Un presidente, licenciado en Derecho, y de dos a cuatro vocales. Vista oral, salvo cuantía hasta 100 euros; sin abogado ni procurador; laudo por mayoría con voto de calidad; gratuidad salvo pruebas.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Real Decreto 1211/1990, arts. 6 a 9) desarrolla las Juntas Arbitrales del Transporte. Funciones (art. 6): - Resolver las controversias de carácter mercantil sobre el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de actividades auxiliares y complementarias. Quedan excluidas, en todo caso, las controversias de carácter laboral, penal o tributario. - Acordar el depósito de mercancías transportadas y, en su caso, enajenarlas, en los supuestos de la Ley 15/2009, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. - Realizar las funciones de peritación previstas en esa ley. Las ejercen también en los transportes con más de un modo bajo un único contrato, si uno de ellos es terrestre. Su localización y ámbito territorial los determinan las comunidades autónomas que hayan asumido las competencias delegadas o, en otro caso, la Dirección General de Transportes Terrestres. Salvo sumisión pactada por escrito, el demandante elige entre la Junta del origen o destino del transporte o la del domicilio de la empresa; el consumidor puede optar además por la de su residencia habitual (art. 7). Composición (art. 8): un presidente y entre dos y cuatro vocales. El presidente ha de ser licenciado en Derecho y se designa, como hasta dos vocales, entre personal de la Administración. Son obligatorias dos vocalías: un representante de los cargadores o usuarios y otro de las empresas de transporte. Procedimiento (art. 9): se inicia por escrito; la vista es oral, aunque el presidente puede prescindir de ella si la cuantía no excede de 100 euros. No es necesaria la asistencia de abogado ni procurador. El laudo se acuerda por mayoría simple, con voto de calidad del presidente; contra él solo caben la acción de anulación y la revisión, y pasados veinte días puede pedirse su ejecución forzosa ante el juez. Los arbitrajes son gratuitos, salvo los gastos de las pruebas. (Real Decreto 1211/1990, arts. 6-9, texto consolidado del BOE.)
Contrastada con: boe.es
Resumen
La CNMC, creada por la Ley 3/2013 como organismo público, garantiza la competencia efectiva en todos los mercados en beneficio de consumidores y usuarios. Su función arbitral (art. 5.1.b) abarca los arbitrajes de derecho y de equidad que le sometan los operadores conforme a la Ley 60/2003 o le encomienden las leyes, y no tiene carácter público. Distinta es la resolución de conflictos del art. 12 (comunicaciones electrónicas, electricidad, gas, tarifas aeroportuarias, postal, audiovisual y ferroviario): plazo de tres meses (seis semanas en el ferroviario) y resolución .
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), creada por la Ley 3/2013, de 4 de junio, como organismo público, tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios (art. 1). Entre sus funciones de carácter general está la arbitral (art. 5.1.b): realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le sometan los operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de Arbitraje, y las que le encomienden las leyes, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. «El ejercicio de esta función arbitral no tendrá carácter público.» El procedimiento arbitral se regula por real decreto y se ajusta a los principios esenciales de audiencia, libertad de prueba, contradicción e igualdad. El DPEJ recoge esta función en la voz «arbitraje en materia de competencia y mercados». Distinta es la resolución de conflictos del artículo 12: la CNMC resuelve los conflictos que le plantean los operadores en los mercados de comunicaciones electrónicas, de la electricidad y del gas, en materia de tarifas aeroportuarias, en el mercado postal, en el de comunicación audiovisual y en el sector ferroviario. Debe resolver en el plazo de tres meses desde que recibe toda la información (seis semanas en el ferroviario), y su resolución es vinculante para las partes, sin perjuicio de los recursos que procedan. Parada Vázquez explicaba esta doble naturaleza a propósito de la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones: el organismo actúa como árbitro privado cuando las partes se le someten voluntariamente, y su laudo da paso a la jurisdicción civil; sin ese acuerdo, la potestad arbitral es plenamente pública y su decisión es un acto administrativo arbitral revisable en la vía contencioso-administrativa. (Ley 3/2013, arts. 1, 5.1.b) y 12, BOE; DPEJ, voz «arbitraje en materia de competencia y mercados»; J. R. Parada Vázquez, REGAP, núm. 23, 1999, pág. 23.)
Contrastada con: boe.es · dpej.rae.es · egap.xunta.gal
Resumen
El art. 112.2 de la Ley 39/2015 permite que las leyes sustituyan el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la especificidad de la materia lo justifique, por procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados o comisiones no sometidos a instrucciones jerárquicas, con los principios, garantías y plazos de la ley. También el de reposición, respetando su carácter potestativo. En la Administración Local no pueden desconocerse las facultades de los órganos representativos electos.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, dispone: «Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo». En las mismas condiciones puede sustituirse el recurso de reposición, respetando su carácter potestativo para el interesado. En la Administración Local, la aplicación de estos procedimientos no puede suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la ley. Así pues, la sustitución: - Requiere una ley y se limita a supuestos o ámbitos sectoriales determinados, cuando la especificidad de la materia lo justifique. - Se hace ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas. - Debe respetar los principios, garantías y plazos de la Ley 39/2015. Parada Vázquez, comentando el precepto equivalente de la Ley 30/1992 (art. 107.2), lo veía como la institucionalización del arbitraje, un arbitraje permanente a cargo de órganos independientes, y planteaba si las Administraciones podrían recurrir en vía contencioso-administrativa las resoluciones que les fueran desfavorables. Otra figura es el arbitraje institucional en la Administración General del Estado, incorporado en 2011 a la Ley de Arbitraje (Ley 11/2011, de 20 de mayo): un procedimiento no jurisdiccional para las controversias entre la AGE y los organismos de ella dependientes, así como de instituciones de la Seguridad Social, que resuelve la Comisión Delegada para la Resolución de Controversias Administrativas. (Ley 39/2015, art. 112.2, BOE; J. R. Parada Vázquez, REGAP, núm. 23, 1999, pág. 15; DPEJ, voz «arbitraje institucional en la Administración».)
Contrastada con: boe.es · egap.xunta.gal · dpej.rae.es