Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial
Artículo 25
Libro I. DE LA EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN Y DE LA PLANTA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES›Título I. De la extensión y límites de la jurisdicción
En pocas palabras
En el orden social, los tribunales españoles son competentes: en contratos de trabajo, si los servicios se prestaron en España o el contrato se celebró aquí, si el demandado tiene domicilio o representación en España, si trabajador y empresario son españoles (sea cual sea el lugar) y, en el contrato de embarque, si hubo oferta recibida en España por trabajador español; en el control de legalidad de convenios colectivos celebrados en España y en conflictos colectivos promovidos aquí; y en pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas o con domicilio o representación en España.
Explicación sencilla
Fija la competencia internacional del orden social atendiendo al lugar del trabajo o del contrato, al domicilio del demandado, a la nacionalidad común y a la conexión de convenios, conflictos y entidades con España.
Regla mnemotécnica
Laboral en España si: se trabaja aquí, se firma aquí, el demandado está aquí o ambos son españoles. Embarque: oferta recibida aquí por español.
Trampa típica de examen
Exigir que el trabajo se preste en España cuando ambas partes son españolas. Si trabajador y empresario son españoles, da igual el lugar de prestación o de celebración.
Texto del artículo 25 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial
En el orden social, los jueces y juezas, así como los Tribunales españoles serán competentes: 1.º En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español; cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en España; cuando el trabajador o la trabajadora y el empresario o la empresaria tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato; y, además, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador español. 2.º En materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo celebrados en España y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio español. 3.º En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas o que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España.
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